Buscan evitar el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de vivienda

Con el objeto de robustecer las protecciones constitucionales del derecho a una vivienda adecuada en materia de prohibición de los desalojos forzosos, ilegales y arbitrarios, el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Rodrigo González Zaragoza manifestó que los desalojos forzosos representan un problema crítico que afecta a miles de personas, especialmente en contextos de gentrificación y desarrollo urbano.

Afirmó que uno de los factores determinantes que ponen en peligro la estabilidad habitacional de las familias mexicanas es la inestabilidad creada por la falta de regulación en los desalojos. En ese sentido, precisó que la inseguridad habitacional tiene efectos profundos y duraderos, impactando la salud mental y física, la educación de los niños y las oportunidades económicas de los adultos, y subrayó que la pérdida de un hogar puede desencadenar un ciclo de pobreza y exclusión social difícil de romper.

“Para proteger el derecho a una vivienda adecuada, es esencial implementar medidas que regulen los desalojos y garanticen procesos justos y transparentes. Esto incluye reformas legales que fortalezcan los derechos de los residentes y mecanismos de apoyo para las personas afectadas”, enfatizó el legislador.

González Zaragoza agregó que las reformas deben asegurar que los desalojos solo se realicen con una justificación legal válida y siguiendo un proceso judicial transparente que permita a los afectados defender sus derechos; así como establecer programas de asistencia para proporcionar alternativas de vivienda y apoyo financiero a quienes enfrenten desalojos.

Externó que la legislación guanajuatense no ofrece protecciones claras en contra de los desalojos forzosos, dando lugar a posibles situaciones de desamparo y múltiples violaciones de derechos esenciales.

Finalmente, señaló que la prohibición de desalojos forzosos, arbitrarios e ilegales contribuye a la seguridad y cohesión social al proteger a familias y comunidades y disminuir el riesgo de desplazamiento forzado y conflictos sociales; además, ayuda a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad al garantizar la permanencia en el hogar y prevenir situaciones de indigencia, desprotección y desarraigo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.