En su debut, la llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la (SCJN) sesionó este jueves durante cuatro horas en un ambiente de estrenos, emociones y desaseo de procedimientos.
De los 15 asuntos previstos para el día, apenas resolvieron tres, entre ellos uno en el que suavizaron el criterio que obligaba a invalidar leyes por falta de consulta previa a personas con discapacidad. Pero, al mismo tiempo, rompieron sus propias reglas: ignoraron el reglamento de sesiones aprobado la semana anterior al discutir acciones de inconstitucionalidad en vez de temas administrativos y laborales, y rebasaron una y otra vez el tiempo límite que, por primera vez, habían fijado para cada intervención.
Fue una sesión que marcó el inicio de los trabajos jurisdiccionales de la nueva integración de los ministros elegidos por primera vez mediante el voto popular, el 1 de junio pasado, que inauguró el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz con un primer pronunciamiento en mixteco, su lengua natal, sin declarar el quórum y dando su primer golpe con el mallete.
Aunque los nueve ministros participaron, solo ocho estuvieron presentes en el salón; Arístides Rodrígo Guerrero García se conectó a distancia por convalecer de un accidente vial que sufrió el pasado mes.
El primer asunto analizado fue la acción de inconstitucionalidad 186/2023, de un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el que se impugnaron leyes estatales de salud de Chihuahua. En su resolución, los ministros dejaron atrás el criterio de la vieja Corte que cerró su periodo el 31 de agosto pasado, al matizar el criterio que obligaba a anular normas por no consultar a personas con discapacidad; ahora no será una regla sino se deberá antes analizar caso por caso.
El nuevo criterio se tomó como un triunfo de la ministra Lenia Batres Guadarrama quien, desde su llegada a la Corte, en diciembre de 2024, cuestionó que en los últimos años el Pleno anterior anuló 56 normas —incluso progresistas— solo por incumplir ese requisito, privilegiando el trámite sobre el fondo, afectando en su mayoría derechos indígenas. El proyecto de la ministra Esquivel proponía mantener ese criterio, que al final fue cambiado.
“Se pretende mantenerse en un criterio que estuvo sostenido en la anterior Suprema Corte, que eliminaba derechos de las personas con discapacidad, precisamente, bajo la falsa premisa de que la consulta es una formalidad esencial de procedimiento legislativo, incluso, en contra de los derechos de las personas con discapacidad”, dijo Lenia.
El ministro Hugo Aguilar se estrenó con un papel conciliador ante la división de posturas, pues en cada asunto presentó otra vía de resolución que fue sometida a votación. En este caso le dio la razón a Batres, al decir que invalidar “la norma por el solo hecho de que no hubo consulta, estaremos dando al derecho de consulta, que es procedimental, le estaremos dando un nivel más alto que al derecho sustantivo”.
"Yo agregaría consideraciones que maticen, desde mi perspectiva, no conduce a una resolución justa, adecuada a la realidad, poner por encima del derecho sustantivo, el derecho a la consulta”, dijo.
Los togados también ignoraron el reglamento de sesiones de la Corte promulgado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al discutir acciones de inconstitucionalidad en vez de temas administrativos y laborales, y rebasaron una y otra vez el tiempo límite que, por primera vez, habían fijado para cada intervención. Un cronómetro que estableció 10 minutos para la exposición inicial, 7 para la primera ronda, 5 para la respuesta, 5 para la segunda ronda y 3 para la réplica.
El ministro presidente Hugo Aguilar tampoco no marcó el límite ni cortó intervenciones; por el contrario, preguntaba si alguien más deseaba hablar mientras un cronómetro encendido en la pared se volvía mero adorno.
La sesión mantuvo un lenguaje técnico y jurídico, como en épocas anteriores, lejos del tono ciudadano que se había prometido. Sin embargo, por primera vez desde el 18 de marzo de 2020 se permitió el acceso al público y a la prensa: estudiantes y periodistas entraron al Salón de Plenos tras cuatro años de restricciones. Al inicio, personal de seguridad intentó prohibir cámaras y celulares, pero veinte minutos después el área de comunicación se disculpó y aclaró que la medida había quedado atrás. Incluso, algunos jóvenes que se quedaron dormidos fueron retirados del recinto y regresaron veinte minutos más tarde.
También hubo símbolos de cambio y de ruptura. José de Jesús Cruz Sibaja, maestro en Derecho y “voz institucional” de la Corte desde 2005, ya no presentó la sesión, ausente por primera vez desde que se televisaron los debates.
Y al interior del Pleno, los propios ministros mostraron su desconcierto: se metieron propuestas de última hora que trabaron las votaciones; el ministro Irving Espinosa confundió al titular llamándolo “magistrado presidente”; y Giovanni Figueroa reclamó respetar el orden y el proceso de discusión ante el salto de temas.
En total, solo se discutieron tres de los quince asuntos listados; el primero consumió dos horas con doce minutos y un receso anunciado de diez terminó durando dieciséis. La ministra Loretta Ortiz fue la que más contrastó con la mayoría, votando en sentidos distintos en varias ocasiones y marcando las primeras diferencias abiertas de la nueva Corte.
