El gobierno federal, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, apeló ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de admitir 103 impugnaciones en contra de la primera parte del Plan B de la reforma electoral.
De acuerdo con registros públicos del máximo tribunal del país, la consejera Jurídica, María Estela Ríos González, interpuso un recurso de reclamación por cada una de las 103 controversias constitucionales promovidas y admitidas para su análisis en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La mayoría de estos recursos corresponden a demandas presentadas por municipios de Jalisco y Guanajuato, así como algunas de Ayuntamientos en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua, Guerrero, y Colima.
El ministro Luis María Aguilar será el encargado de elaborar un proyecto en el que propondrá a sus compañeros de la SCJN si fue correcta o no la admisión a trámite de estas impugnaciones por parte de su compañero Pérez Dayán, encargado de este asunto.
La Consejería Jurídica de la Presidencia todavía podría interponer más recursos de reclamación contra otras controversias constitucionales también admitidas a trámite.
