Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto y ex alcalde interino (2021‑2024), fue asesinado a tiros la tarde del sábado 5 de julio en las canchas de básquetbol del Parque Ecológico. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato calificó el ataque como “una afrenta directa contra las instituciones” y reveló que las primeras líneas de investigación lo vinculan como una represalia tras la detención, a finales de mayo, de 11 elementos de la Guardia Nacional por huachicoleo.
Según autoridades municipales, la captura ocurrió la madrugada del 24 de mayo en la comunidad El Espejo, sobre el libramiento Apaseo‑Palmillas. Los 11 uniformados fueron sorprendidos extrayendo combustible de una toma clandestina conectada a un ducto de Pemex; utilizaban patrullas de la GN, una pipa y armas oficiales.
El 1 de junio, un juez federal los vinculó a proceso, impuso prisión preventiva y fueron recluidos en el Cefereso 12, en Ocampo.
Este episodio ocurre en un contexto crítico: Guanajuato es el segundo estado con más tomas clandestinas de combustible en México, acumulando 850 en 2024 y más de 820 000 litros asegurados este año.
En un comunicado posterior el homicidio, la Secretaría pidió reforzar los protocolos de seguridad y anunció coordinación permanente con la Fiscalía estatal y federales para evitar impunidad y garantizar la justicia.
Por su parte, la alcaldesa Monserrat Mendoza Cano (PAN) expresó su condena al crimen y manifestó apoyo institucional y humano a la familia. El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, estuvo presente en las diligencias y respaldo a la alcaldesa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y capturar a los responsables .
La red de ductos que atraviesa Veracruz, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato es una ruta clave para el robo de combustible, una actividad que ha sido aprovechada por grupos criminales y, según denuncias, por elementos de corporaciones de seguridad.
Las fuerzas estatales y federales mantienen operativos en la zona a la espera de resultados forenses, así como análisis de imágenes y testimonios de testigos.
La FGE y la GN investigan si el ataque fue obra de bandas narcolocales o si fue directamente orquestado como respuesta al operativo antidrogas y anticorrupción de mayo.
Ciudadanos y autoridades reclaman que esta agresión no quede impune, mientras el municipio exige mayor seguridad para sus servidores públicos.
