El Observatorio Electoral Judicial señala que la distribución de las vacantes y las candidaturas, así como el complejo diseño de las boletas, suponen peligrosas condiciones de desigualdad en los comicios del 1 de junio.
Política21 de mayo de 2025 Elia Castillo Jiménez. El País
La elección judicial en México está a la vuelta de la esquina y los cabos sueltos del proceso electoral quedan a la vista para diversas controversias. El Observatorio Electoral Judicial (OEJ), que aglutina a organizaciones sin fines de lucro que se han dado a la tarea de realizar investigaciones y análisis sobre políticas públicas, económicas y sociales, incluido el proceso electoral en curso, ha puesto nuevamente el dedo en la llaga. Uno de sus estudios ha revelado que la distribución de vacantes y candidaturas, así como el complejo diseño de las boletas, suponen peligrosas condiciones de inequidad en la contienda. Los resultados advierten de que de los 3.202 aspirantes a jueces y magistrados de distrito, 201 —el equivalente al 6,3%— no tienen posibilidades de ganar, mientras que otros 103 —el 2%— tienen muy pocas probabilidades. Del total, únicamente 133 personas candidatas —el 4,1%— tienen 100% de probabilidad de ganar por causas ajenas a sus propuestas. Con todo eso, la elección del 1 de junio cuenta con garantías mínimas de que el voto sea libre y auténtico. Los ciudadanos deberán destinar más de 18 horas solo para conocer el perfil de los candidatos, más las propuestas. Esos son los hallazgos más relevantes del informe que realizó la organización, tomando como base datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).
El observatorio ha identificado, además, que las razones por las que un puñado de 55 candidatos tienen asegurados sus triunfos por motivos que están alejados de la preferencia ciudadana. Nueve de ellas compiten en boletas donde el número de vacantes es mayor o igual al número de personas que se disputan el cargo, lo que significa que su triunfo está asegurado, sin necesidad siquiera de hacer campaña. El resto, 46 aspirantes, compiten en boletas donde el número de vacantes que se asignarán a uno de los dos sexos será igual al número de personas candidatas de ese mismo sexo.
Del análisis resalta el capítulo titulado El reto [casi imposible] de ejercer un voto informado. De acuerdo con el documento, uno de los problemas más graves que se han identificado es la complejidad de las boletas: seis para el proceso federal y hasta seis más para 19 entidades que tendrán procesos judiciales locales. Aunado a ello, está el embrollo del conteo de votos a cargo de las sedes distritales y no de los ciudadanos, como había ocurrido en todas las elecciones.
El organismo ha desmenuzado los retos a los que México se enfrentará en la jornada electoral del 1 de junio. El mayor reto recaerá en los ciudadanos. Los electores tendrán que elegir entre 221 nombres distintos a 37 cargos judiciales federales, incluyendo ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de las salas del Tribunal Electoral, juezas y jueces de distrito y magistraturas de circuito. Todo esto implica una inversión de tiempo para informarse sobre todas las propuestas. El observatorio ha calculado que son necesarias más de 18 horas solo para conocer el perfil de los aspirantes; a ello, se deben sumar horas para conocer las propuestas y, en el caso de las entidades que tendrán elecciones locales, otro tanto más de tiempo. “Un electorado informado requerirá tiempo adicional para conocer las funciones de cada cargo judicial y entender múltiples especialidades jurídicas. Esta expectativa es irreal en la práctica y compromete el principio de un voto informado”, señala el informe.
El resultado de este análisis ha resultado en un llamado urgente del observatorio a revisar el diseño institucional del proceso judicial electoral. La alerta no es menor, el documento ha arrojado que las reglas actuales vulneran la equidad, la certeza y la legitimidad del resultado. “El fin de la equidad es que todas las personas candidatas tengan la misma oportunidad de competir en condiciones de igualdad. Hoy no es así y, por tanto, la equidad y la legitimidad de la elección están en duda”, remata el informe.
Los diputados mencionaron la concesión de la autopista Silao-Guanajuato, la dilación en la ampliación de la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende debido a deudas pendientes, contratos con SEGURITECH, el FIDESSEG y la creación de Gto Leasing Services como puntos críticos que requieren investigación.
El nuevo decomiso sigue al operativo de hace una semana contra una de las mayores redes de robo de combustible del centro del país, y las redadas en puertos contra el huachicol fiscal.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó que fue el propio gobierno estatal quien denunció el hallazgo ante la FGR. “En cuanto se tuvo conocimiento, se dio parte a la autoridad federal, que es competente en estos casos”, declaró. Añadió que aún se investiga cuánto tiempo llevaba operando la toma clandestina. El director del parque, Paulo Bañuelos Rosales, acudió al Ministerio Público Federal el 26 de junio para presentar la documentación que acredita la propiedad estatal del predio, con el fin de deslindar responsabilidades.
Previamente, en una nueva emisión del programa Conectando con la Gente, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise, conversó con Adriana Tinoco Aviña, Comisionada de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED), para dar a conocer el trabajo que esta institución realiza en favor de la salud, la prevención de conflictos y la defensa de los derechos de pacientes y profesionales médicos.
El asesinato de Ignacio Alejandro Roaro, secretario de Apaseo el Alto, apunta a una respuesta ante la captura de 11 elementos de la Guardia Nacional.
Es sobresaliente la preocupación focalizada de la presidencia por lo que pudiera decir Ovidio Guzmán, dejando entrever que sabe mucho más de lo que nos imaginamos, o que se imagina las mismas cosas que muchos mexicanos.
La instrumentación de la Ley Espía en el país dentro de los próximos meses, no solamente pretende el control totalitario de la masa social de aproximadamente 130 millones de habitantes; a todos nos será impuesta mediante la CURP biométrica y no será posible eludir la realización de cualquier tipo de trámite administrativo, público y privado donde no sea un requisito sine qua non.
El nuevo decomiso sigue al operativo de hace una semana contra una de las mayores redes de robo de combustible del centro del país, y las redadas en puertos contra el huachicol fiscal.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó que fue el propio gobierno estatal quien denunció el hallazgo ante la FGR. “En cuanto se tuvo conocimiento, se dio parte a la autoridad federal, que es competente en estos casos”, declaró. Añadió que aún se investiga cuánto tiempo llevaba operando la toma clandestina. El director del parque, Paulo Bañuelos Rosales, acudió al Ministerio Público Federal el 26 de junio para presentar la documentación que acredita la propiedad estatal del predio, con el fin de deslindar responsabilidades.
Los diputados mencionaron la concesión de la autopista Silao-Guanajuato, la dilación en la ampliación de la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende debido a deudas pendientes, contratos con SEGURITECH, el FIDESSEG y la creación de Gto Leasing Services como puntos críticos que requieren investigación.
