A la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) le preocupa que, en el proceso de la Reforma del Poder Judicial, en la elección de jueces y magistrados, algunos de los cargos de elección puedan caer en manos del crimen organizado en personas a modo o que no sean las idóneas para servir en algo tan importante.
Política02 de mayo de 2025 Redacción
A la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) le preocupa que, en el proceso de la Reforma del Poder Judicial, en la elección de jueces y magistrados, algunos de los cargos de elección puedan caer en manos del crimen organizado en personas a modo o que no sean las idóneas para servir en algo tan importante.
“Tenemos temores como públicamente se ha dicho, de que incluso los mismos servidores públicos caigan en manos del crimen organizado, como candidatos a modo”, planteó el presidente del CEM, el Obispo Ramón Castro Castro.
Agregó que “tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante, y que esta reforma no pudiera ser tan efectiva como todos esperan”, planteó Castro en conferencia de prensa con motivo del mensaje de la CXVIII Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se lleva a cabo del 28 de abril al 2 de mayo.
Indicó que, durante la asamblea episcopal, se han preguntado lo que esto puede significar y que la reforma judicial tiene sus aspectos positivos y negativos. “Llega una reforma Judicial, sabemos que era necesario. Podemos preguntarnos ¿éste era el modo o la respuesta adecuada? Lo sabremos con el tiempo. La respuesta se va a dar con lo que va a suceder (el 1 de junio)”.
Acompañado por Héctor Pérez Villareal, obispo auxiliar del CEM, Enrique Sánchez Martínez y Mario Medina Balam, obispos de Mexicali y Auxiliar de Yucatán, respectivamente, Castro leyó un mensaje de cuatro cuartillas a la asamblea, integrada por 128 obispos del país.
La CXVIII Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a la feligresía a "no dejarse robar la esperanza" y a "construir familias sólidas" frente a un panorama poco alentador y violencia que no cesa en el país. Destacó que es importante “no caer en la tentación de creernos superados por el mal y la violencia”.
Recordaron que la violencia ha impactado directamente a la Iglesia Católica, como ocurrió con el asesinato de los 8 jóvenes y 6 heridos del grupo juvenil de la comunidad de San José Mendoza, de la Diócesis de Irapuato.
También preocupan las desapariciones forzadas de personas que terminan en fosas clandestinas, incineradas o en las filas del crimen organizado, el alcoholismo y la drogadicción que se va extendiendo hasta comunidades más alejadas.
Destacaron que la CXVIII Asamblea es motivo de “reflexión sobre los retos que el cambio de época ha tenido la familia de México e hicimos un discernimiento acerca de los caminos de paz que nos ayuden a responder a la violencia que no cesa en el país. Nos preguntamos: ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como Pastores del Pueblo de Dios?
Insistieron que hoy más que nunca es urgente sostener y acompañar a las familias, no con discursos abstractos, sino con cercanía, políticas públicas que reconozcan su valor fundamental, y comunidades cristianas que las acompañen en sus angustias y desafíos.
Destacaron que están conscientes de que, incluso para los representantes de la iglesia, hay territorios a los que no se puede garantizar la seguridad, pero aún en estas condiciones es fundamental seguir adelante con las misiones sacerdotales.
“En esta tarea estamos comprometidos a seguir la ruta propuesta por la Agenda Nacional de Paz, reafirmamos nuestra esperanza y convicción de que la reconciliación y la paz para los que vivimos en México sí es posible”.
Los diputados mencionaron la concesión de la autopista Silao-Guanajuato, la dilación en la ampliación de la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende debido a deudas pendientes, contratos con SEGURITECH, el FIDESSEG y la creación de Gto Leasing Services como puntos críticos que requieren investigación.
El nuevo decomiso sigue al operativo de hace una semana contra una de las mayores redes de robo de combustible del centro del país, y las redadas en puertos contra el huachicol fiscal.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó que fue el propio gobierno estatal quien denunció el hallazgo ante la FGR. “En cuanto se tuvo conocimiento, se dio parte a la autoridad federal, que es competente en estos casos”, declaró. Añadió que aún se investiga cuánto tiempo llevaba operando la toma clandestina. El director del parque, Paulo Bañuelos Rosales, acudió al Ministerio Público Federal el 26 de junio para presentar la documentación que acredita la propiedad estatal del predio, con el fin de deslindar responsabilidades.
Previamente, en una nueva emisión del programa Conectando con la Gente, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise, conversó con Adriana Tinoco Aviña, Comisionada de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED), para dar a conocer el trabajo que esta institución realiza en favor de la salud, la prevención de conflictos y la defensa de los derechos de pacientes y profesionales médicos.
El asesinato de Ignacio Alejandro Roaro, secretario de Apaseo el Alto, apunta a una respuesta ante la captura de 11 elementos de la Guardia Nacional.
Es sobresaliente la preocupación focalizada de la presidencia por lo que pudiera decir Ovidio Guzmán, dejando entrever que sabe mucho más de lo que nos imaginamos, o que se imagina las mismas cosas que muchos mexicanos.
La instrumentación de la Ley Espía en el país dentro de los próximos meses, no solamente pretende el control totalitario de la masa social de aproximadamente 130 millones de habitantes; a todos nos será impuesta mediante la CURP biométrica y no será posible eludir la realización de cualquier tipo de trámite administrativo, público y privado donde no sea un requisito sine qua non.
El nuevo decomiso sigue al operativo de hace una semana contra una de las mayores redes de robo de combustible del centro del país, y las redadas en puertos contra el huachicol fiscal.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó que fue el propio gobierno estatal quien denunció el hallazgo ante la FGR. “En cuanto se tuvo conocimiento, se dio parte a la autoridad federal, que es competente en estos casos”, declaró. Añadió que aún se investiga cuánto tiempo llevaba operando la toma clandestina. El director del parque, Paulo Bañuelos Rosales, acudió al Ministerio Público Federal el 26 de junio para presentar la documentación que acredita la propiedad estatal del predio, con el fin de deslindar responsabilidades.
Los diputados mencionaron la concesión de la autopista Silao-Guanajuato, la dilación en la ampliación de la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende debido a deudas pendientes, contratos con SEGURITECH, el FIDESSEG y la creación de Gto Leasing Services como puntos críticos que requieren investigación.
