El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió a funcionarios y gobiernos el uso de recursos públicos para promover la elección judicial. A unas horas del inicio de las campañas, el INE aprobó los criterios para garantizar que las campañas y la veda electoral se ajusten a los principios de equidad e imparcialidad.
Política31 de marzo de 2025 Redacción
El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió a funcionarios y gobiernos el uso de recursos públicos para promover la elección judicial.
A unas horas del inicio de las campañas, el INE aprobó los criterios para garantizar que las campañas y la veda electoral se ajusten a los principios de equidad e imparcialidad.
A propuesta del consejero Arturo Castillo se incluyó un párrafo para impedir a las autoridades o instituciones emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana o crear espacios para difundir los perfiles de candidaturas.
El argumento es que la promoción en referencia es una atribución exclusiva del INE y, además, porque el artículo 134 constitucional ordena el uso de recursos públicos sólo para fines institucionales.
El consejero Uuc-kib Espadas añadió que en periodo de campaña los gobiernos sólo pueden divulgar temas de salud, educación y de protección civil. Cualquier otra propaganda gubernamental debe ser suspendida, no se hace una excepción para la participación ciudadana.
Al igual que otros consejeros con la misma postura, indicó que si a los gobiernos les interesa el tema pueden ceder al INE sus tiempos oficiales, con el fin de que el órgano difunda más información de esta elección extraordinaria.
En opinión distinta, la consejera Norma de la Cruz dijo que en esta elección inédita los postulantes de las candidaturas fueron los tres Poderes de la Unión, y por ello sería viable su apoyo para alentar la participación ciudadana, con los límites establecidos por la ley, de no beneficiar a ninguna candidatura.
La postura fue respaldada sólo con los votos de Jorge Montaño y de la presidenta Guadalupe Taddei.
Antes de la votación, la consejera Claudia Zavala fue la única que hizo mención explícita a las conferencias de prensa en Palacio Nacional, así como a un espot del Poder Ejecutivo.
En su opinión, los promotores de la reforma judicial no deben divulgar la elección de personas juzgadoras porque la norma señala que los llamados a las urnas deben ser en términos imparciales.
Hemos visto en el ejercicio de comunicación matutino que hace la Presidencia, que se han explicado incluso cosas que le correspondería al INE y que tenemos que generar lógicas para que se vea la autonomía y la independencia de la autoridad en colaboración comunicativa con otros poderes, sostuvo.
Jaime Rivera se sumó al criterio. El gobierno no puede utilizar propaganda gubernamental para llamar al voto, porque implica recursos públicos y, por otro lado, es inocultable la identificación de gobierno y partido con esta reforma, con lo que se incurre en falta de neutralidad en el uso de recursos públicos.
Separación Estado-Iglesia
En el documento aprobado, el INE incluyó restricciones para los candidatos que a la vez son funcionarios públicos, tales como no descuidar su cargo en los dos meses de proselitismo, y en ese sentido emitió una mera recomendación para que pidan licencia si la campaña es incompatible con sus horarios laborables.
En un segundo apartado se amplía lo no permitido para asociaciones religiosas y ministros de culto que en términos generales es no inmiscuirse de ninguna manera en esta contienda; tampoco pueden prestar sus canales de difusión para promover candidatura alguna.
El tercer bloque es de límites a los contenidos de la campaña y, en el último, por mencionar algunas, las reglas para que los foros de debate, una de pocas actividades de campaña de carácter público, pero deben ser equitativos, abiertos a la población.
La lista de prohibiciones es larga; los candidatos no pueden ni perifonear en la calle, mientras que se autorizó –a solicitud expresa– que los aspirantes que lo consideren necesario pueden usar escoltas.
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