EU tiene información suficiente para proceder contra varios políticos mexicanos, pero ha sido muy cuidadoso de no actuar para no generar un conflicto político.
Opinión11 de marzo de 2025 Raymundo Riva Palacio
No todas las noticias que han salido de Washington en los últimos días han sido positivas para el gobierno de México, aunque sean efímeras, como la nueva suspensión de aranceles. La más inquietante de todas es la confirmación de que el presidente Donald Trump sí quiere la cabeza de políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado y su gobierno está explorando acciones inéditas para lograrlo. Las presiones han estado subiendo de tono, aunque todavía de manera informal, para la entrega de narcopolíticos a la justicia estadounidense.
Funcionarios del Departamento de Estado han sostenido conversaciones con sus contrapartes en México para proponer un acuerdo bilateral para investigar a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, con el propósito de que sean detenidos y puedan ser extraditados a ese país. La petición ha ido acompañada de una velada amenaza: si no ven avances en esa dirección, podría darse una denuncia pública en Washington antes de que venza el siguiente plazo para la revisión de aranceles el próximo 2 de abril.
Nunca se había dado una petición tan inusual, pero tampoco había existido tanta información y evidencias sobre políticos mexicanos trabajando con los cárteles de las drogas, que al mismo tiempo hubieran sido blindados desde lo más alto del poder en este país, que se tradujera en impunidad.
Los funcionarios estadounidenses no pusieron nombres sobre la mesa, hasta donde se sabe, pero causaron preocupación en Palacio Nacional, donde los dos grupos de trabajo que apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum en el análisis de la relación bilateral —uno es institucional, encabezado por los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, y el otro es externo, dirigido por un consultor muy cercano a ella, con quien ha trabajado por años— tendrán que proponer alternativas para contener y evitar que la petición informal se materialice.
Las noticias sobre el interés de Washington sobre políticos mexicanos metidos con el crimen organizado vinieron a reforzar la creencia de que la administración Trump sí está pensando en actuar contra algunos de ellos, con o sin autorización del gobierno mexicano. Hay incluso preocupación dentro de Morena sobre lo que pudiera pasar con dos gobernadores, Rubén Rocha Moya de Sinaloa y Américo Villarreal de Tamaulipas, que están incluidos en una investigación bilateral que data de más de un año, por sus presuntas vinculaciones con el Cártel de Sinaloa y con los empresarios que manejaban el robo de combustible en el noreste del país, con el cual financiaron ocho campañas de Morena para gubernaturas en 2021.
En el contexto de la petición informal de funcionarios del Departamento de Estado, hubo deliberaciones al más alto nivel en donde se llegó a plantear la posibilidad de que en esa lista se incorpore a los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
El primero ha sido señalado por el actual gobernador de Tabasco, Javier May, de haber nombrado como secretario de Seguridad a quien era el jefe de una organización criminal —caso que entra en la “inaceptable alianza” del gobierno mexicano con criminales, planteada por Trump—, mientras que el segundo tiene una historia familiar de presuntos nexos con narcotraficantes en Zacatecas, y es muy cercano del vicecoordinador en el Congreso, Pedro Haces, que tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos.
La semana pasada se publicó en este espacio una relación de políticos mexicanos cuyos nombres han aparecido en declaraciones en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, de los cuales únicamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó que su nombre forme parte de las indagatorias.
Hay testimonios donde mencionan a funcionarios mexicanos durante los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán —cuyos hijos Ovidio y Joaquín están negociando ser testigos cooperantes—, y del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ya imputó abiertamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que los dos gobiernos tienen pruebas contra él, y a quien los fiscales estadounidenses insisten en que declare sobre la narcopolítica en México. Pero también hay declaraciones no judicializadas donde involucran a otros políticos encumbrados de haber recibido dinero de organizaciones como La Familia Michoacana y de Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, recientemente desterrado dentro del paquete de 29 criminales que le regaló Sheinbaum a Trump.
El gobierno de Estados Unidos tiene información suficiente para proceder contra varios políticos mexicanos, pero ha sido muy cuidadoso de no actuar para no generar un conflicto político con un vecino cuya estabilidad depende en amplias zonas del país del narcotráfico. Lo que no se había dado antes es buscar la cooperación del gobierno en turno, para que las investigaciones, detenciones y extradiciones sean parte de un acuerdo de cooperación bilateral.
Sheinbaum ha dicho reiteradamente que está dispuesta a colaborar siempre y cuando no existan acciones unilaterales, pero esta nueva iniciativa no estaba considerada en sus escenarios. La presidenta no tiene muchos espacios de maniobra y tampoco se sabe el alcance que podrían tener algunas detenciones de alto impacto sobre su gobierno, como en el hipotético caso de una captura de Rocha Moya, quien ha sido poco discreto en decir —sin que signifique que sea cierto— que contribuyó con varias decenas de millones de pesos en efectivo a la campaña presidencial. El gobernador, sin embargo, tiene la capacidad de incriminar a López Obrador por las sospechosas relaciones que tuvieron los dos con los líderes del Cártel de Sinaloa.
De llegar a formalizarse la petición de un acuerdo en esta materia a nivel de cancillerías, Sheinbaum estaría en un dilema, pero también ante una oportunidad. Podrían firmarlo e iniciar las investigaciones, que por su naturaleza tendrían que ser guardadas con todas las reservas. No habría un desgaste en esta etapa, y junto con las autoridades estadounidenses sabría hasta dónde están llegando y cómo procederían conjuntamente.
Siendo claros, si varios de los políticos bajo sospecha resultaran inculpados, le irían limpiando el camino de obstáculos para gobernar. Lo único que tendría que evaluar es que, por su naturaleza de ser un esfuerzo bilateral, no hay punto de retorno, aun si las pesquisas llegaran a terrenos que ella no quisiera pisar.
Los sabotajes realizados por Hugo López-Gatell probablemente fueron parte de las vidas perdidas en la pandemia y el exceso de mortalidad, pero también dejaron en litigio 97 millones de dólares prepagados a COVAX.
Hay días que no terminan al caer la noche, sino cuando se acepta que no queda otra salida que la retirada. Así se sintió el pasado martes 8 de julio en la sesión de la Junta General del Instituto Nacional Electoral, donde dos piezas clave del engranaje electoral —Miguel Patiño, Director Ejecutivo de Organización Electoral, y Elena Cornejo, Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica— anunciaron su dimisión.
Peña Nieto negoció con las élites en el Pacto por México, López Obrador lo hizo con la calle, elevando la entrega de recursos directos sin supervisión ni control al rango constitucional.
Enrique Peña Nieto no fue tocado, pese a las presiones de los radicales sobre López Obrador, que argumentaban que no podría cumplir su oferta de acabar con la corrupción si no actuaba contra el expresidente.
Claudia Sheinbaum sigue operando un quirúrgico deslinde de Andrés Manuel López Obrador. En política los mensajes cifrados, los que son para leerse entre líneas, son los “recados” que más peso tienen en los lances que definen la personalidad independiente de un régimen.
Presenta Melanie cartelera oficial de la Feria de Silao 2025; Alicia Villarreal abrirá noches de concierto en el Teatro del Pueblo. La Feria para conmemorar el 488 aniversario de la Fundación de Silao se celebrará del 25 de julio al 10 de agosto. “Silao está de fiesta con todo el corazón. Serán 16 días de celebraciones y vamos a empezar el día que conmemoraremos el 488 aniversario de la Fundación de Silao”, dijo la Presidenta Municipal
Durante la primera sesión del segundo periodo de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, expuso a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, por incumplir los acuerdos con comerciantes desalojados del centro histórico y por implementar supuestos "apoyos" que, en realidad: “son cobros que los hunden más en la precariedad”.
Irapuatenses podrán acceder a los servicios del recién inaugurado Hospital de Mascotas León 450, gracias a la firma de una declaratoria de intención de colaboración regional en materia de bienestar animal. La declaratoria fue signada por la presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, y su homóloga de León, Alejandra Gutiérrez, quienes refrendaron su compromiso con la protección y atención de los animales de compañía.
El gobierno federal y ASA planean construir un aeropuerto en San Miguel de Allende como parte de una estrategia nacional de cinco nuevas terminales. La SICT destinó casi 16 millones de pesos para estudios técnicos entre febrero y agosto de 2024. San Miguel, bajo la gestión del alcalde Mauricio Trejo Pureco, se ha posicionado internacionalmente como el principal receptor de turismo extranjero en Guanajuato.
Esta semana, San Miguel de Allende volvió a colocarse en el centro del reflector nacional e internacional. Su alcalde, Mauricio Trejo Pureco, se ha convertido en figura de atención pública no solo por su constante protagonismo político, sino también por los resultados tangibles que ha logrado para su municipio.
