Desde su gestación, la elección de los integrantes del Poder Judicial ha sido un tema candente, una arena de batalla donde partidarios y detractores se enfrentan sin tregua. Un día sí y otro también, sus voces resuenan en medios y redes sociales, impulsando sus creencias y denostando a quienes osan pensar distinto. Así, desde que el asunto ingresó al ámbito formal del INE, la discusión se centró en el presupuesto necesario para el ejercicio electoral en cuestión: insuficiente, pese a las migajas conseguidas en enero tras el besamanos con la presidente de la República, y anunciado con bombo y platillo por la consejera presidente, Guadalupe Tadei Zavala.
A poco más de 90 días de la jornada electoral, el panorama se calienta en Guanajuato, donde los panistas empiezan a cuestionar la limpieza del proceso y desempolvan el fantasma del fraude. Paradójico, considerando que ese mismo argumento les sirvió para arrebatarle al PRI la gubernatura en la última década del siglo pasado. Y aunque los excesos discursivos son el pan de cada día, hay razones de peso detrás de las sospechas: inconsistencias, maquinaciones y maniobras documentadas por medios y analistas que no han pasado desapercibidas.
En medio de esta infodemia de panegíricos y descalificaciones, hay un aspecto que pocos se han atrevido a cuestionar: los procedimientos del día de la jornada electoral. Aquí se abre la puerta al retorno de viejas prácticas fraudulentas en las casillas, una tentación que nunca desaparece del todo y que resurge cada tres años. Solo los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla han sido un dique de contención frente a los embates del poder. Pero basta echar un ojo al Modelo de Casilla Seccional para el Proceso Electoral Extraordinario (PEE), documento del INE, para que las alarmas se disparen.
El modelo establece la implementación de una urna única y 16 espacios o canceles para garantizar el secreto del voto, con el propósito de agilizar la votación y reducir tiempos en la casilla seccional. En teoría, una medida pragmática. En la práctica, una complicación mayúscula: con más de 2500 casillas que recibirán hasta 2,250 electores y seis boletas por persona, una sola urna será insuficiente. La solución del INE es tan simple como inquietante: urnas de repuesto, listas para ser intercambiadas cuando la principal llegue a su máxima capacidad. Un escenario ideal para el caos, la confusión y, por qué no, la picaresca electoral.
De los 16 espacios ideales mejor ni hablamos.
Otro punto clave es el flujo de votación: el elector pasará solo una vez por la mesa directiva de la casilla donde será identificado, recogerá sus boletas, marcarán su credencial y se la devolverán en ese momento, su dedo será impregnado con tinta indeleble, luego elegirá algún cancel disponible y marcará sus boletas; finalmente saldrá de la casilla tras depositar sus votos. En teoría, un proceso ordenado; en la práctica, un coladero de irregularidades. Sin la supervisión directa de los funcionarios de casilla y sin representantes de partidos atentos a los movimientos de los votantes, cualquier cosa puede pasar: boletas que no se depositan, que se marcan fuera de la casilla o que simplemente desaparecen.
Más preocupante aún es la fase de escrutinio y cómputo, que ahora se reduce a una simple clasificación y conteo de votos. Ya no se registrará el número de boletas sobrantes. ¿El argumento del INE? Agilizar el proceso y reducir tiempos. Pero si el cómputo final se hará en los consejos distritales, que dispondrán de hasta 12 días para la tarea, la pregunta es inevitable: ¿y la certeza de los resultados? ¿Dónde queda la garantía de transparencia y rapidez en la entrega de los cómputos? La elección ya no quedará totalmente en la esfera ciudadana, como pregona el eslogan, sino en los consejos distritales. ¿Estarán a la altura de la circunstancia?
En Guanajuato, el panorama se ensombrece aún más. Tras las elecciones del año pasado, y pese a las triunfalistas declaraciones del delegado del INE en la entidad sobre el éxito del proceso, el mismo funcionario solicitó la reubicación de al menos 25 integrantes del Servicio Profesional Electoral adscritos a las juntas distritales, casi un 30% del personal. Un movimiento que, aunque interno, siembra dudas sobre la operación y la logística del próximo
proceso. En este contexto, una actitud más proactiva de los consejeros locales y distritales en favor de la ciudadanía no solo sería deseable, sino urgente.
La democracia, como el papel, lo aguanta todo. Pero hay límites. Y cuando la confianza en las instituciones se resquebraja, lo que queda es un vacío que otros estarán más que dispuestos a llenar. La historia ya nos ha dado lecciones al respecto. La pregunta es si esta vez aprenderemos algo de ellas.
