La Feria. Un Estado policial... ¿a cambio de qué?

Salvador Camarena cuestiona cómo creer al gobierno que datos en su poder no serán utilizados (again) contra adversarios políticos o activistas, y qué prometen a cambio del fin de la privacidad.

Opinión03 de julio de 2025 Salvador Camarena
Salvador Camarena
Salvador Camarena

“Es falso. Es mentira… que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto”. Mañanera del 2 de julio de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta dice que críticos y opositores mienten sobre las reformas aprobadas esta semana en el Congreso. Asegura que su gobierno no espía, que se requerirá orden judicial para intervenciones telefónicas, y que ellos no pueden espiar porque fueron espiados.

Aquí hay verdades a medias, un dramático cambio en las capacidades de órganos policiacos y gubernamentales para conocer en tiempo real demasiada información ciudadana, y dudas sobre la credibilidad de Morena: cómo creer al gobierno que datos en su poder no serán utilizados (again) contra adversarios políticos o activistas, y qué prometen a cambio del fin de la privacidad.

Comencemos por las cartas credenciales del gobierno para decir que actuará con apego a la ley, incluso a unas tan permisivas, cuando en tiempo real vea las bases de datos que registrarán lo que hace un ciudadano con su CURP biométrica, ese chip que lo delatará 24/7.

Desde que el obradorismo es gobierno, hemos visto –contra toda ley y contra todo decoro político, si tal cosa no mueve a la risa–, que desde el micrófono más empoderado del país se han revelado teléfonos de periodistas, sueldos de locutores y activistas, y supuestas inconsistencias financieras o presuntos delitos de exfuncionarios; se ha utilizado la UIF para perseguir a ONG, se ha vulnerado el debido proceso, culpado a jueces de resoluciones sin asumir errores o insuficiencias legales de ministerios públicos, se ha tolerado la persecución de fiscales en contra de ciudadanos o de funcionarios de otros ámbitos, se ha espiado con Pegasus (incluso a miembros del propio gabinete), se toleran leyes y actos de censura de gobernadores contra ciudadanos, se extinguió el Inai, se colonizó el INE (que ahora demanda a periodistas revelar sus fuentes), se evisceró la CNDH, que tiro por viaje defiende al gobierno y no a las víctimas, se le dice en público a la Suprema Corte cómo ha de votar y, por si ya se les olvidó, con ayuda de fiscalías y el tribunal electoral se obliga a ciudadanos a ofrecer disculpas públicas a legisladores morenistas. Ah, pero a ellos los espiaron más…

Con esa credibilidad (resumen nada exhaustivo de lo hecho desde 2018, por cierto), ahora el gobierno dice: no te preocupes, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia van a tener acceso en tiempo real, sin mediar control judicial, a toda base de datos y/o registro de datos biométricos que irás dejando en tu banco, en tus reportes fiscales, en tus visitas a médicos, farmacias y laboratorios, en tu transporte, en consumo en apps...

¿Y a tus llamadas? A eso sólo en el caso de peligro de la integridad de otros en el marco de un delito. Pero en caso de riesgo excepcional pueden pedir acceso a tu telefónica y ya luego ir con un juez y ratificar/justificar eso… ¿tú crees que hacen lo segundo? Si sí, el 6 de enero busca bajo el árbol.

La presidenta ayer felicitó a los partidos oficialistas por estas leyes. No al Congreso plural, donde voces disidentes lograron una menos pior Ley de Telecomunicaciones. Porque ése es también un dato: piden que confíes, pero si no militas de su lado, no existes ni en el discurso.

En tal contexto ya sólo queda preguntar: ¿a cambio de qué? ¿Perdemos privacidad, pero habrá paz? Hmmm. ¿Y será parejo el combate? ¿A los políticos de casa se les perseguirá? ¿O a esos ni con la mugre que salga en su CURP biométrica se les procesará?

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