Los tres poderes del Estado mexicano, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han destapado sus cartas clave para la elección de jueces, ministros y magistrados, la parte más polémica de la reforma judicial. Los comités de evaluación han quedado conformados este jueves, al filo del plazo para su integración. Un total de 15 personas se encargarán del proceso determinante para elegir a los juzgadores en los comicios del 1 de junio del siguiente año. La tarea no es menor, se encargarán de la selección de los candidatos que competirán en las urnas por más de 800 cargos de impartición de justicia. La división ha quedado marcada nuevamente. Por un lado, Morena en el parlamento y la presidenta, Claudia Sheinbaum, han seleccionado perfiles cercanos al oficialismo. Del lado de la Corte, sus naipes tienen probada trayectoria en la materia con una posición más neutral. Arturo Zaldívar, Mónica González Contró, Vannesa Romero Rocha y Andrés García Repper son algunos de los nombres que destacan entre los encargados de evaluar a los próximos juzgadores en México.
La mandataria mexicana ha elegido para su respectivo comité a algunos nombres conocidos. Zaldívar encabeza la lista de las figuras polémicas. El hoy coordinador general de Política y Gobierno de la Administración de Sheinbaum renunció a su cargo de ministro en 2023 para enrolarse como asesor en la campaña de la entonces candidata presidencial de Morena. Antes, en 2021, protagonizó una de las reformas legales más cuestionadas del sexenio pasado. La Ley Zaldívar que ampliaba dos años el mandato de la presidencia del Supremo, cargo que ostentaba el togado, finalmente fue declarada inconstitucional. El jurista ha apoyado la reforma judicial desde que fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y tras su renuncia ha gozado de todos los beneficios que le da ser ministro en retiro.
Otra integrante del comité de Sheinbaum es Vanessa Romero Rocha, abogada, columnista y colaboradora en medios como EL PAÍS. Isabel Inés Romero Cruz, abogada y jueza en Veracruz, ha sido presidenta del tribunal superior de ese Estado (2020-2022), cargo que se alargó por siete meses aupada por legisladores locales de Morena. Javier Quijano Báez es el abogado que ha defendido a López Obrador cuando en 2006 protagonizó un proceso de desafuero mientras fue Jefe de Gobierno de Ciudad de México. Mary Cruz Cortés Ornelas, magistrada, es la última de las cartas presidenciales, magistrada y presidenta del tribunal de Tlaxcala.
La Corte también ha ejercido su mayoría para elegir a los integrantes del comité del Poder Judicial, ganando en las votaciones a las magistradas Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, cercanas al oficialismo. Tres mujeres y dos hombres son las apuestas. Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora especializada en derechos humanos; Emma Meza Fonseca, magistrada en materia penal, con Maestría en derecho procesal. Emilia Molina De la Puente, maestra en derechos humanos, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Wilfrido Castañón León, magistrado en materia civil y especialista en juicio de amparo; así como Luis Enrique Pereda, doctor en Derecho y consejero de la Barra Mexicana de Abogados.
El Poder Legislativo, representado por la Cámara de Diputados y el Senado, ha mostrado primero sus cartas. En la cancha del Congreso, los perfiles son cercanos al oficialismo. Andrés García Repper es quizá el más polémico de los integrantes. El abogado especializado en materia electoral ha participado en diversos foros a favor de la reforma judicial, además de representar a Morena ante el instituto electoral de Tamaulipas. En 2023 también fue parte del comité de evaluación para elegir a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, proceso en el que Guadalupe Taddei fue designada por sorteo como presidenta del organismo.
Maribel Concepción Méndez, otra de las apuestas del Legislativo, fue respaldada por López Obrador para encabezar el tribunal agrario. Le sigue Ana Briseño Torres, que en 2023 fue elegida por mayoría de Morena y sus aliados para ocupar la presidencia del instituto de transparencia de Sonora. Maday Merino Damián, exconsejera presidenta del instituto electoral de Tabasco, cercana a Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado. Por último, María Gabriela Sánchez magistrada del tribunal de Sinaloa, también ha sido vinculada con el oficialismo en el Estado. Los tres poderes han cumplido con lo que establecen las recientes disposiciones de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales sobre la instalación de los comités de evaluación, que han de iniciar trabajos de manera inmediata para recibir y analizar las credenciales de quienes aspiren a competir en los comicios judiciales del siguiente año.
