Gobierno usa fideicomisos para mimar a funcionarios

El gobierno federal también tiene sus fideicomisos para apapachar a sus burócratas, son 136 en los que se acumulan 542 mil 60 millones de pesos al segundo trimestre de 2023, y a través de los cuales la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador otorga pensiones, prestaciones laborales, subsidios y apoyos económicos a los trabajadores de varias dependencias federales.

De acuerdo con una revisión a los informes sobre las finanzas públicas del Estado, que la Secretaría de Hacienda remite a la Cámara de Diputados, entre esos fondos destaca el fideicomiso de administración y pago de Semar que cuenta con 17 mil 58 millones; el fideicomiso plan de pensiones de los jubilados de Banobras tiene en sus arcas 22 mil 606 millones pesos; el fondo de pensiones y primas de antigüedad de Nafin que cuenta con 19 mil 898 millones de pesos.

También están el fondo de pensiones Bancomext que tiene recursos por 16 mil 454 millones de pesos; el fondo de retiro de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que tiene 18 mil 741 millones de pesos; el fondo de ahorro capitalizable de los trabajadores al servicio del Estado (Fonac) que tiene 8 mil 693 millones de pesos; el fideicomiso complemento del préstamo especial para el ahorro (PEA) y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido, con 3 mil 850 millones de pesos.

De acuerdo con el propio manual de sueldos y prestaciones para los servidores de la administración pública federal, los trabajadores de gobierno, desde secretarios, subsecretarios, directores de área, jefes de área y jefes de departamento tienen entre sus prestaciones un seguro institucional por invalidez por hasta 68 meses de sueldo, es decir, que un jefe de área que gana 57 mil pesos mensuales, podría recibir hasta 3 millones 876 mil pesos por este concepto.

También tienen seguro colectivo de retiro por hasta 25 mil pesos, seguro de gastos médicos, seguro de separación individualizada, prima vacacional, prima quincenal, gratificación de fin de año, pagos de defunción y ayuda para despensa, entre otras cosas.

Otros fideicomisos de la Federación son el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que se nutre de las concesiones para construir, operar, explotar y mantener 45 autopistas y tres puentes en todo el país, y cuyos recursos ascienden a 91 mil 234 millones de pesos.

También destaca el fondo denominado fideicomiso público de administración y pago de equipo militar, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y cuyo propósito es la adquisición de bienes como equipo militar, terrestre, aéreo y refacciones, así como la contratación de obras públicas y de los servicios de mantenimiento necesarios para dichos bienes y obras. Este fideicomiso cuenta con un total de 34 mil 719 millones de pesos.

En la lista se contabiliza el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), un fideicomiso creado en 2019 como parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y que buscaba “garantizar el derecho a la salud de la población sin seguridad social”.

Pese a que el Insabi ya no existe, los recursos de ese fondo siguen vigentes y cuentan con 33 mil 616 millones de pesos.

De acuerdo con el documento de Hacienda, del total de los recursos, al cuarto trimestre de 2020 se tenían 329 fideicomisos en México, y a junio de 2023 se reportan 178 actos jurídicos vigentes.

Por otra parte, se destaca que han sido dados de baja un total de 157 instrumentos, de los cuales 78 se extinguieron en 2021, 50 durante 2022, y 29 al segundo trimestre de 2023; en esta relación se incluyen 94 correspondientes al universo de los 109 vinculados al Decreto de Fideicomisos (uno extinguido durante el cuarto trimestre de 2020).

De los 178 actos jurídicos registrados al segundo trimestre de 2023, se encuentran en operación 138 y 40 están en proceso de extinción o terminación, por lo que su clave de registro está en etapa de baja.

En tanto que, de los 178 actos jurídicos con registro vigente, 136 son federales y 27 son estatales y privados, mientras que otros 15 siguen vigentes, pero están en proceso de extinción.

A los fideicomisos vigentes se suman los tres que se aprobaron el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, para destinar los impuestos de turistas al Tren Maya, así como para que recursos por el cobro al derecho de uso de aeropuertos se vaya a la Sedena y la Marina. Esos fondos aún deben ser aprobados por el Senado.