A través de su Consejería Jurídica, la Presidencia de la República afirmó que la “filtración” de este proyecto constituye un delito
Política02 de mayo de 2023 Redacción
La Presidencia de la República acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar con irresponsabilidad por la “filtración” de un proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán que propone invalidar la primera parte de las reformas electorales conocidas como “Plan B”, mismo que fue publicado este 1 de mayo.
A través de su Consejería Jurídica, la Presidencia de la República afirmó que la “filtración” de este proyecto constituye un delito, por lo que exigió al máximo tribunal del país que inicie de oficio una investigación interna para deslindar responsabilidades y evitar que haya más conductas ilegales sobre este asunto.
“Por esta razón, se espera que la SCJN inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales”, señala el comunicado emitido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Consejería Jurídica de la Presidencia explicó que de conformidad con el Acuerdo General número 18/2006, emitido por el Pleno de la SCJN, “los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada” mientras no se hagan públicos por canales institucionales, por lo que la “entrega clandestina” de este proyecto de sentencia a Aristegui Noticias “no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad”.
En su comunicado, la Presidencia de la República agregó que la divulgación de un proyecto de sentencia que aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, “viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación” en materia de imparcialidad.
“(El) capítulo sobre la imparcialidad, numeral 2.5, prohíbe a los ministros o demás funcionarios judiciales divulgar cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, como lo establece la fracción IX del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
Por lo anterior, se destaca que la publicación del proyecto de sentencia que debe estar reservado “es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país; el artículo 206, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe, entre otras conductas, usar, sustraer o divulgar, total o parcialmente, la información que se encuentre bajo la custodia de los servidores públicos”.
En este sentido, se remarca que la publicación del proyecto también representa una violación flagrante al artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el cual establece que comete un delito contra la administración de justicia, “el servidor público que dé a conocer, a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en un proceso judicial y que por disposición de la ley esté reservado”.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
A la fecha, se han alcanzado ya las 1 mil 166 intervenciones integrales y 4 mil 050 apoyos en gestiones.