Propone el diputado Alejandro Arias garantizar la protección inmediata de los derechos de los menores migrantes

El diputado Alejandro Arias presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y sus Familias con el propósito de dar un seguimiento especial a niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de vulnerabilidad que cruzan nuestro estado y de detener cualquier actividad que atente contra su dignidad.

Subió a tribuna en sesión del Pleno de la LXVI Legislatura para exponer las motivaciones de su propuesta y se refirió a antecedentes que “evidencian la necesidad de contar con mecanismos de intervención que permitan actuar ante cualquier situación que comprometa la dignidad y los derechos de la infancia”, en este caso, originaria de países ubicados al sur del nuestro.

Se refirió concretamente a la atención que la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes brindó, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2026, a 11 menores migrantes no acompañados originarios de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador, que finalmente fueron retornados a sus lugares de origen.

Y a otros antecedentes documentados, como el caso registrado en San Miguel de Allende, donde en 2022 se denunció la utilización de menores de edad para pedir dinero a turistas, bajo un esquema en el que presuntamente eran alquilados por 100 pesos al día.

El coordinador del GPPRI habló de los desafíos que plantea el fenómeno migratorio, del rol que juega Guanajuato como estado de paso debido a su ubicación geográfica, y de los riesgos que corren los menores en esa condición.

Detalló que contempla su reforma a la Ley para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y sus Familias con el propósito de proteger dignidad y sus derechos de menores que cruzan nuestro estado: 
 Que la Secretaría de Derechos Humanos oriente y acompañe a menores migrantes en situación de vulnerabilidad, e informe de casos que detecte a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y al DIF estatal o municipal que corresponda.
 Y que las instancias citadas adopten medidas conjuntas para detener cualquier actividad que atente contra la dignidad de las personas menores de edad y garanticen la protección inmediata de sus derechos, bajo el principio del interés superior de la niñez.

 Asimismo, agregó el legislador, que las instituciones, dentro de sus atribuciones, coordinen esfuerzos para establecer mecanismos de atención y residencia temporal que permitan prevenir riesgos y detener situaciones de explotación, inducción a la mendicidad y captación ilegal de menores migrantes. 
 “En suma, proponemos una ruta de actuación institucional que permita identificar la situación de vulnerabilidad, avisar a las autoridades de protección, intervenir de manera conjunta y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar a la niñez”, resumió Arias Ávila.