Plantean reforzar la protección de estudiantes con medidas para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar

El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero y la diputada Luz Itzel Mendo González presentaron una iniciativa de reforma a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato con la finalidad de garantizar entornos educativos seguros, incluyentes y libres de violencia, así como establecer mecanismos efectivos para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el congresista Sergio Alejandro Contreras Guerrero señaló que, si bien Guanajuato cuenta con legislación en materia de violencia escolar desde 2013, persisten deficiencias relacionadas con la falta de plazos para atender denuncias, la ausencia de responsables específicos en los planteles, la inexistencia de un protocolo estatal único y la carencia de mecanismos de registro y sanciones por incumplimiento.

Enfatizó que la propuesta busca fortalecer la protección de las y los estudiantes mediante la implementación de protocolos obligatorios, plazos específicos de actuación, medidas de protección inmediata, mecanismos de denuncia y seguimiento de los casos, así como responsabilidades para las autoridades educativas y el personal de los centros escolares.

Contreras Guerrero indicó que se busca incorporar las definiciones de acoso escolar y ciberacoso, a fin de reconocer las agresiones reiteradas que afectan la integridad, dignidad, desarrollo y aprendizaje del alumnado. También dijo que se contempla la violencia ejercida mediante medios digitales, independientemente del lugar y horario en que ocurra, cuando involucre a integrantes de la comunidad educativa o tenga efectos en ella.

Mencionó que otro de los aspectos que considera la iniciativa es establecer que las autoridades escolares deberán informar a las madres, padres o tutores de las personas involucradas dentro de las 24 horas naturales siguientes a la notificación de un caso e iniciar la investigación correspondiente en un plazo máximo de 24 horas hábiles; y dicha investigación deberá concluir en un periodo de 10 días hábiles, con posibilidad de ampliarse hasta por cinco días adicionales mediante justificación.

Agregó que se contempla la elaboración de un Plan de Atención y Protección Individual dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, en el que se establezcan las medidas de protección, acciones de acompañamiento, responsables y mecanismos de evaluación, y se precisa que, una vez concluida la investigación, deberá darse seguimiento al caso durante al menos tres meses, con revisiones a los 30, 60 y 90 días.

El diputado resaltó que se crearía la figura de Coordinación de Convivencia y Protección Escolar en cada plantel o zona escolar, así como la integración de Comités Escolares de Convivencia con participación de representantes del personal docente, madres y padres de familia y estudiantes, para fortalecer las acciones preventivas y promover una cultura de paz.

De igual manera, añadió que se propone que la Secretaría de Educación de Guanajuato expida un Protocolo Estatal Único de observancia obligatoria para instituciones educativas públicas y particulares, que establezca las etapas de detección, notificación, intervención y seguimiento, además de mecanismos de atención diferenciada y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Contreras Guerrero refirió que se plantea la creación del Registro Estatal de Acoso y Violencia Escolar, que permitirá concentrar información sobre los casos reportados y generar informes públicos semestrales, con respeto a la protección de datos personales.

En materia de protección, se plantea que las medidas adoptadas no perjudiquen la continuidad educativa de las víctimas, por lo que, cuando resulte necesario cambiar de grupo, turno o plantel, la medida deberá recaer sobre quien genere la violencia y no sobre quien la reciba, salvo solicitud expresa de la persona afectada o de su representación, atendiendo al interés superior de la niñez.

Finalmente, el legislador apuntó que se contempla que las y los estudiantes o sus representantes puedan presentar quejas ante la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando los centros educativos incumplan sus obligaciones o las medidas adoptadas resulten insuficientes.

La parte correspondiente a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura y sus Municipios; mientras que lo relativo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato se remitió a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.