Héctor Andrade Chacón
Hay batallas políticas que se ganan con discursos, otras mediante acuerdos y algunas más resistiendo hasta que el tiempo y los tribunales ponen cada cosa en su lugar.
El conflicto de los llamados tranvías o turibuses de San Miguel de Allende pertenece a esta última categoría.
Durante casi cinco años se quiso presentar el asunto como una confrontación personal entre el presidente municipal Mauricio Trejo Pureco y un grupo de empresarios del transporte turístico. Se difundió, dolosamente y fines hasta electorales, la versión de un alcalde caprichoso, decidido a impedir el trabajo de una empresa por razones personales. Se habló de abuso de poder, arbitrariedad y persecución. La acusación escaló hasta el terreno penal y alcanzó a varios servidores públicos municipales.
Hoy, después de un largo recorrido judicial, la no vinculación a proceso ha sido confirmada en instancias federales.
La justicia determinó que no existían elementos para sostener la imputación penal contra Mauricio Trejo y los funcionarios involucrados. No se acreditaron el dolo ni el abuso que durante años se utilizaron para construir una narrativa política contra el gobierno municipal.
El desenlace no convierte automáticamente en impecable cada decisión administrativa tomada durante el conflicto ni cancela el derecho de los particulares a defenderse. Lo que sí establece es algo fundamental: la actuación municipal que se quiso criminalizar no constituyó el delito que sus acusadores pretendieron configurar.
Y esa diferencia importa.
Porque gobernar también consiste en tomar decisiones incómodas.
Desde el principio, el fondo del asunto no era si Mauricio Trejo simpatizaba o no con los propietarios de Turísticos El Mayorazgo. Tampoco era decidir si los recorridos turísticos resultaban agradables para algunos visitantes.
El verdadero debate consistía en determinar quién debía ordenar el tránsito, proteger al peatón y establecer las condiciones de movilidad dentro del centro histórico de San Miguel de Allende.
La empresa defendía concesiones y permisos otorgados, en condiciones no muy claras, por autoridades estatales. Con esos documentos pretendía mantener la circulación y los puntos de ascenso y descenso de sus unidades, vehículos de grandes dimensiones que, pese a ser promocionados como tranvías, son en realidad autobuses adaptados para transportar turistas.
El gobierno municipal sostenía que dichas unidades entorpecían la circulación en calles estrechas, generaban problemas de seguridad vial, afectaban la movilidad cotidiana y ocupaban espacios del centro que debían reorganizarse.
No era un asunto menor.
San Miguel de Allende no es un parque temático construido para que cualquier negocio turístico explote sus calles a conveniencia. Es una ciudad viva, habitada por familias que caminan, trabajan, estudian y se desplazan todos los días. Es también una ciudad histórica, con vialidades angostas y una enorme presión vehicular, donde cada permiso comercial repercute en la vida colectiva.
La actividad turística es esencial para su economía, pero precisamente por eso debe estar ordenada. El turismo no puede convertirse en patente de corso.
Una concesión estatal no debería ser interpretada como permiso para apropiarse de una calle, conservar indefinidamente un paradero o desconocer las disposiciones municipales de movilidad. Una empresa puede tener derecho a prestar un servicio, pero no a imponer a la ciudad el lugar, la forma y las condiciones en que quiere hacerlo.
Ese fue el centro de la controversia.
Y esta tesis puede soportarse, inclusive, con las determinaciones en Palacio Nacional, con Claudia Sheinbaum al frente, de límites impuestos a empresas privadas en centros de turismo internacional como la Riviera Maya, donde se ha defendido hasta la identidad y patrimonio de los pueblos originarios. Por qué en San Miguel de Allende debería ser diferente cuando el gobierno municipal defiende el interés de los sanmiguelenses por encima del lucro de privados y abuso estatal determinando uso de espacios municipales a favor de concesionarios privados.
El caso exhibió, además, una vieja deformación del sistema político mexicano: la tendencia de dependencias estatales y federales a tratar a los municipios como autoridades subordinadas, decorativas o incapaces de decidir sobre su propio territorio.
Durante años, autoridades estatales concedieron permisos de transporte turístico sin atender suficientemente sus efectos sobre el orden urbano de San Miguel de Allende. Desde oficinas alejadas de la problemática cotidiana se otorgaron derechos que después pretendían hacerse valer por encima de las decisiones del Ayuntamiento.
Esa práctica lastima al municipalismo.
El municipio no es una ventanilla administrativa del gobierno estatal. Tampoco es una simple oficina encargada de recoger basura, reparar luminarias y organizar festividades. Es un orden de gobierno reconocido por la Constitución, con responsabilidades directas sobre calles, tránsito, servicios, desarrollo urbano y convivencia comunitaria.
Quienes gobiernan una ciudad son los primeros en enfrentar las consecuencias de una mala decisión: congestionamientos, accidentes, protestas vecinales, deterioro de los espacios públicos y pérdida de calidad de vida.
Pero, paradójicamente, cuando intentan ordenar esos problemas, aparecen organismos estatales, funcionarios federales, despachos jurídicos y empresas que les exigen someterse a permisos expedidos desde fuera.
Así, el interés privado encuentra protección en la superposición burocrática.
La fórmula es conocida: primero se obtiene una concesión estatal; después se presenta esa concesión como un derecho prácticamente intocable; finalmente, cualquier intento municipal de regular sus efectos es denunciado como abuso de autoridad.
Eso fue lo que Mauricio Trejo decidió enfrentar.
Otros gobiernos habían preferido dejar correr el problema, quizá para evitar desgaste político o confrontaciones con empresarios y funcionarios estatales. Trejo tomó una decisión distinta: reordenar el servicio, establecer espacios determinados para el ascenso y descenso y recuperar para la autoridad municipal el control de la movilidad en el centro histórico.
Fue una determinación con costo.
Hubo presión empresarial, litigios, campañas mediáticas, acusaciones políticas y procesos legales. Pero gobernar no consiste únicamente en hacer lo cómodo, lo aplaudido o lo que no genera adversarios.
También consiste en saber decir no.
El episodio de la calle Juárez mostró otro ángulo preocupante del problema.
El gobierno municipal modificó una banqueta para ampliar el espacio peatonal y favorecer la circulación de personas adultas mayores, habitantes con discapacidad, familias y visitantes. La intervención también impedía que ese punto continuara funcionando como paradero de los camiones turísticos.
Entonces apareció el Instituto Nacional de Antropología e Historia o la torpeza de una funcionaria sin más luces.
La entonces directora del Centro INAH Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, reaccionó como si el Instituto tuviera potestad absoluta sobre San Miguel de Allende. Anunció que llegaría “hasta las últimas consecuencias” y llevó la controversia a los ámbitos penal y administrativo bajo el argumento de que se había causado un daño al patrimonio cultural.
La frase retrató una visión equivocada de la función pública.
El INAH tiene atribuciones indispensables para proteger monumentos, zonas históricas y bienes culturales. Su trabajo es necesario, particularmente en una ciudad con la relevancia patrimonial de San Miguel de Allende. Pero proteger el patrimonio no significa convertirse en gobierno supramunicipal, ni suplantar al Ayuntamiento, ni paralizar cualquier obra que no coincida con el criterio personal de un funcionario.
Una ciudad patrimonio no es una pieza disecada dentro de una vitrina.
Tiene habitantes, necesidades de accesibilidad, problemas de movilidad y autoridades electas. La conservación debe dialogar con la vida urbana, no pretender congelarla. Las banquetas no existen solamente para ser contempladas: deben permitir que las personas caminen con seguridad.
El patrimonio pertenece a la sociedad, no a los burócratas que temporalmente administran una delegación.
Olga Adriana Hernández pareció confundir la obligación de vigilar con el derecho a mandar sobre toda la ciudad. Bajo esa lógica, el INAH no coordinaba: imponía. No asesoraba: amenazaba. No buscaba soluciones técnicas: anunciaba consecuencias penales.
El resultado fue desproporcionado. Una controversia sobre una obra urbana y sus autorizaciones terminó alimentando una acusación penal contra el presidente municipal y parte de su equipo.
Ahora los tribunales han dejado sin sustento esa pretensión penal.
La exfuncionaria ya no está al frente del Centro INAH Guanajuato, pero la lección institucional permanece: ningún servidor público federal debe creerse dueño de las ciudades patrimonio ni utilizar el peso de una institución nacional para sustituir a los gobiernos elegidos por la ciudadanía.
El INAH debe proteger, supervisar y sancionar cuando jurídicamente corresponda. Lo que no puede hacer es conducirse como autoridad colonial frente a los municipios.
Guanajuato Capital, la otra ciudad patrimonio de la humanidad en el estado de Guanajuato, también es ejemplo del abuso de este tipo de mediocres funcionarios del INAH.
La resolución favorable a Mauricio Trejo obliga a distinguir entre autoridad y autoritarismo.
No toda medida que afecta un interés privado es abuso de poder. No toda acción de gobierno que provoca inconformidad es persecución. No toda clausura, reubicación o restricción representa un capricho.
El abuso ocurre cuando la autoridad actúa sin fundamento, persigue por razones personales o utiliza sus atribuciones para causar un daño indebido.
La firmeza, en cambio, consiste en ejercer facultades legales para proteger un interés colectivo, incluso cuando existen presiones para no hacerlo.
En el caso de los turibuses, las autoridades municipales tenían razones públicas que defender: movilidad, seguridad vial, orden urbano, accesibilidad peatonal e imagen de la ciudad.
Eso no significa que los empresarios carecieran de derechos. Pudieron acudir —y acudieron— a tribunales, presentar recursos y cuestionar las decisiones municipales. Así funciona un Estado de derecho.
Lo inadmisible fue intentar convertir una diferencia administrativa en una causa penal contra quienes tomaron la decisión.
La judicialización excesiva de las decisiones de gobierno también puede convertirse en un mecanismo de intimidación. Si cada alcalde que afecte un negocio poderoso corre el riesgo de enfrentar una carpeta penal, entonces muchos optarán por la comodidad de no ordenar nada.
Y una autoridad paralizada por el miedo deja de gobernar.
Trejo resistió la presión y el proceso terminó confirmando que la acusación penal no tenía elementos suficientes. Fue firme, pero la justicia concluyó que esa firmeza no configuró el abuso que se le atribuía.
La enseñanza política rebasa a Mauricio Trejo y a San Miguel de Allende.
En numerosos municipios, empresas con buenas relaciones en los gobiernos estatales obtienen concesiones, autorizaciones o permisos que después usan para doblegar a las autoridades locales. Cuando un Ayuntamiento se inconforma, aparecen llamadas, recomendaciones, presiones presupuestales, litigios y campañas de desprestigio.
Los municipios suelen ser el eslabón más débil.
No cuentan con los grandes equipos jurídicos de las compañías ni con el aparato burocrático de los gobiernos estatales y federales. Por eso es fácil atropellarlos y luego culparlos por los problemas que no se les permite resolver.
Defender el municipalismo significa impedir que eso continúe.
Los intereses empresariales son legítimos, pero tienen límites. Ninguna inversión, concesión o actividad comercial puede colocarse por encima de la seguridad de los ciudadanos, la movilidad, el uso ordenado de las calles y el derecho de una comunidad a decidir qué ciudad quiere construir.
También las instituciones estatales y federales deben reconocer sus límites.
La coordinación entre órdenes de gobierno no puede consistir en que el más poderoso dicte órdenes al más cercano a la población. Coordinar significa respetar facultades, compartir información, escuchar las necesidades locales y construir soluciones.
Cuando una dependencia estatal entrega un permiso sin considerar al municipio, o cuando un funcionario federal intenta imponer su criterio sobre una ciudad completa, no fortalece al Estado: rompe el equilibrio institucional.
Mauricio Trejo no ganó simplemente un expediente. Ganó una tesis de gobierno.
La tesis de que San Miguel de Allende no debe administrarse al servicio de quienes tengan mejores contactos, permisos heredados o capacidad para financiar litigios. La tesis de que la vocación turística no obliga a tolerar cualquier actividad en cualquier sitio. La tesis de que una ciudad patrimonio debe conservarse, pero también ordenarse, caminarse y vivirse.
La resolución judicial no borra los errores políticos que pudieran haberse cometido durante una confrontación larga y ríspida. Tampoco significa que un alcalde deba quedar exento de vigilancia o crítica. Toda autoridad debe rendir cuentas. Pero en este caso concreto, la acusación central se cayó.
Durante años se dijo que Trejo había actuado por capricho. Hoy la justicia ha confirmado que no existían bases para procesarlo penalmente por aquella decisión.
Queda entonces una pregunta para quienes apresuradamente hablaron de abuso de poder: ¿quién abusó realmente?
¿El municipio que buscó ordenar sus calles o quienes intentaron imponer una concesión estatal por encima de las disposiciones locales?
¿El alcalde que amplió un espacio peatonal o la funcionaria que amenazó con consecuencias penales como si el INAH fuera propietario de San Miguel?
¿La autoridad elegida por los ciudadanos o los intereses que durante años pretendieron que la ciudad se adaptara a su negocio?
El caso deja una conclusión contundente: gobernar una ciudad implica protegerla incluso frente a poderes económicos, burocráticos o políticos más grandes.
En política, el liderazgo no se mide solamente por las obras inauguradas ni por los aplausos recibidos. También se mide por la capacidad de sostener decisiones difíciles, enfrentar presiones y defender aquello que pertenece a todos.
Mauricio Trejo no ganó un pleito personal contra una empresa.
Ganó el municipio. Ganaron los peatones.
Y ganó el principio de que San Miguel de Allende debe gobernarse desde el interés de sus habitantes, no desde las conveniencias de quienes pretenden concesionarse la ciudad.
