Héctor Andrade Chacón
Hay derrotas judiciales que permiten corregir el rumbo y hay otras que, por la reacción de quienes las sufren, terminan revelando un problema político más profundo.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el togado Hugo Aguilar, que confirmó la constitucionalidad del esquema de financiamiento aprobado para Guanajuato pertenece a esta segunda categoría.
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado acudió al máximo tribunal del país bajo el argumento de que la autorización para contratar deuda pública no contenía un catálogo pormenorizado de las obras que serían financiadas. En su interpretación, el Congreso había extendido un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. La Corte, nacida desde la 4T, muy importante, dijo otra cosa.
Determinó que la Constitución federal no obliga a enlistar anticipadamente cada calle, escuela, hospital, camino, obra hidráulica o instalación de seguridad que será atendida con los recursos. Basta con que el Congreso defina el destino general de la inversión pública productiva, establezca montos máximos, revise la capacidad de pago y preserve los mecanismos de fiscalización.
Eso fue lo que ocurrió en Guanajuato.
No fue una opinión emitida por el gobierno estatal, por el PAN o por algún despacho contratado para justificar el endeudamiento. Fue el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La respuesta de Morena, sin embargo, ha sido peculiar: dice respetar la sentencia, pero insiste en que su interpretación era la correcta.
En otras palabras, los diputados morenistas acatarán porque jurídicamente no tienen otra alternativa, no porque hayan entendido el mensaje institucional de la Corte.Ahí comienza el problema.
En democracia, la oposición tiene no sólo el derecho, sino la obligación de revisar, cuestionar y fiscalizar las decisiones del gobierno. El control parlamentario es indispensable para impedir abusos, prevenir desvíos y obligar a las autoridades a rendir cuentas.
Pero... fiscalizar no significa paralizar.
Mucho menos significa convertir cada diferencia política en un litigio constitucional, particularmente cuando los actos impugnados cumplen con las disposiciones financieras locales y con los parámetros técnicos que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para medir la sostenibilidad de la deuda de estados y municipios.
La paradoja es imposible de ignorar: Morena combatió un esquema financiero que se encuentra sometido a los criterios de una dependencia del propio gobierno federal encabezado por su partido.
La Secretaría de Hacienda no ha colocado a Guanajuato en una situación de riesgo financiero. Por el contrario, los indicadores de deuda, liquidez y capacidad de pago de la entidad se mantienen en niveles sostenibles. Entonces, ¿qué se pretendía realmente?
¿Proteger las finanzas públicas o propinarle una derrota política a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo? La diferencia es fundamental.
Cuando una impugnación carece finalmente de sustento constitucional, pero durante meses introduce incertidumbre sobre la aplicación de recursos para infraestructura, salud, movilidad, seguridad, campo y desarrollo social, el costo no lo paga el partido en el gobierno. Lo pagan los ciudadanos.
Cada controversia utilizada como instrumento de desgaste puede retrasar decisiones administrativas, procesos de contratación, planeación de proyectos y ejecución de obras. La discusión deja entonces de ser un debate legítimo sobre el uso del dinero público y se convierte en una forma de secuestro de la dinámica gubernamental mediante el manejo leguleyo de las instituciones.
Lo leguleyo no debe confundirse con lo legal.
Lo legal busca garantizar que el poder actúe conforme a las normas. Lo leguleyo utiliza las normas, sus procedimientos y sus resquicios como instrumentos para frenar al adversario, aunque al final no exista una violación constitucional.
Esa parece ser la ruta elegida por una parte de Morena en Guanajuato.
La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se observa el destino del paquete financiero aprobado.
De los 8 mil millones de pesos autorizados, 4 mil millones se relacionan con las aportaciones estatales para el Acueducto Solís-León, una de las obras más importantes del Plan Nacional Hídrico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
No se trata de una ocurrencia exclusiva del gobierno panista de Guanajuato. Es un proyecto acordado con la Federación, avalado por la presidenta de México y vinculado con la tecnificación del Distrito de Riego 011.
Su propósito es recuperar volúmenes de agua mediante la modernización del riego agrícola y conducirlos hacia Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León.
Pese a ello, alrededor del proyecto se han articulado expresiones de rechazo en las que participan organizaciones, dirigentes y actores políticos vinculados directa o indirectamente con Morena.
Las preocupaciones ambientales y sociales deben escucharse. Nadie puede negar el derecho de agricultores, comunidades ribereñas, especialistas y habitantes de otras entidades a exigir estudios, transparencia y garantías sobre el futuro de la cuenca Lerma-Chapala.
Pero una cosa es exigir información y otra convertir la oposición al acueducto en una bandera partidista contra el gobierno de Guanajuato, ignorando que la principal impulsora política de la obra se encuentra en Palacio Nacional.
Quienes desde Morena combaten el financiamiento estatal o alimentan el rechazo absoluto al proyecto no sólo juegan contra Libia Dennise. También juegan contra Claudia Sheinbaum.
Pretenden responsabilizar al gobierno estatal de una obra cuando resulta conveniente criticarla y presentarla como un proyecto federal cuando es momento de presumirla.
Tal flexibilidad política puede ser rentable durante unos días, pero no constituye una posición responsable ante el problema hídrico de Guanajuato.
El agua no admite consignas.
Se necesitan estudios técnicos, vigilancia ambiental, acuerdos interestatales, obras de tecnificación y dinero. Mucho dinero. Pensar que un proyecto de esta magnitud puede ejecutarse sin aportaciones estatales o sin instrumentos financieros es, cuando menos, ingenuo.
Y si Morena considera que el Acueducto Solís-León es innecesario o perjudicial, tendría que comenzar por planteárselo con claridad a la presidenta de la República.
Así las cosas, ayer fue una jornada redonda para Libia Dennise. La resolución de la Suprema Corte llegó acompañada de otra noticia favorable para el gobierno estatal.
S&P Global Ratings ratificó para Guanajuato la calificación mxAAA, la más alta en la escala nacional de la agencia, y destacó la solidez de su administración financiera, sus elevados superávits operativos, su liquidez y la continuidad de políticas presupuestales prudentes.
La calificadora prevé que el estado mantendrá balances fiscales sólidos aun frente a las presiones económicas y a la incertidumbre comercial. También considera que la administración puede absorber el crecimiento de la deuda sin comprometer su estabilidad financiera.
La precisión importa: una calificación crediticia no significa que cada decisión del gobierno sea correcta ni constituye un certificado general de buena administración. Tampoco sustituye la fiscalización del Congreso ni la revisión de cada contrato.
Significa que, desde la perspectiva de la agencia, Guanajuato tiene una elevada capacidad para cumplir sus obligaciones financieras y conserva una de las estructuras hacendarias más fuertes entre las entidades del país.
Eso contradice el relato de una oposición que ha intentado presentar la contratación de deuda como una aventura irresponsable.
La Corte resolvió que el procedimiento es constitucional. La Secretaría de Hacienda mantiene al estado dentro de parámetros sostenibles. S&P ratificó la máxima calificación nacional.
Frente a esos elementos, Morena tendría que ofrecer algo más que sospechas.
Para Libia Dennise García, la coincidencia de estos hechos constituye una jornada política sobresaliente. La gobernadora obtiene respaldo jurídico para continuar con el programa de inversión y, al mismo tiempo, recibe una validación externa sobre la fortaleza financiera del estado.
A ello se añaden sus números de aprobación.
Aquí también se requiere cautela. Las encuestas se han convertido con frecuencia en instrumentos de promoción política. Cambian según la casa encuestadora, el método, la fecha del levantamiento, la formulación de las preguntas y hasta la lista de mandatarios con la que se construye cada ranking.
No existe una tabla sagrada.
En la medición de desempeño de C&E Research correspondiente a julio de 2026, Libia Dennise ocupó el segundo lugar nacional, con 69% de aprobación, apenas detrás del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien registró 70%.
La misma firma la colocó en primer lugar nacional en la evaluación específica de los servicios de salud, con 71%.
Otros ejercicios también la ubican dentro del grupo de gobernantes mejor evaluados, aunque no necesariamente en el primer sitio.
Más que aferrarse al número exacto o al lugar del mes, el dato políticamente relevante es la persistencia de la gobernadora dentro de los primeros lugares.
Una medición puede ser propaganda. Varias tendencias coincidentes, sostenidas durante distintos meses, comienzan a reflejar un estado de opinión.
Y ese estado de opinión parece indicar que una parte importante de la ciudadanía distingue entre el ruido político y los resultados concretos de gobierno.
Morena haría bien en tomar nota.
La oposición no crece cuando desea que al gobierno le vaya mal. Crece cuando demuestra que podría hacerlo mejor.
Un fenómeno semejante puede observarse en San Miguel de Allende.
Mauricio Trejo Pureco se mantiene entre los alcaldes con mejor nivel de aprobación del país, particularmente dentro del segmento de presidentes municipales de ciudades medias.
La medición más reciente de C&E Research lo colocó en la sexta posición nacional de esa categoría, con 62% de aprobación. Demoscopia Digital reportó para junio un respaldo de 60.5%, mientras que Mitofsky lo mantiene dentro del grupo de alcaldes priistas con evaluación alta.
La coincidencia no significa que las tres mediciones sean idénticas ni que puedan sumarse como si se tratara de votos. Cada firma utiliza universos, periodos y metodologías diferentes.
Pero sí permite identificar una tendencia: Mauricio Trejo conserva una base importante de aceptación social después de varios años de gobierno y de enfrentar más de un proceso electoral.
Eso es particularmente significativo en un municipio complejo.
San Miguel de Allende debe atender simultáneamente las necesidades de una ciudad reconocida mundialmente, una intensa actividad turística, un mercado inmobiliario en expansión y decenas de comunidades rurales que reclaman servicios, caminos, agua y oportunidades.
El llamado Modelo San Miguel ha intentado conciliar esas realidades mediante políticas de ordenamiento urbano, protección del patrimonio, administración del agua, atracción de inversiones, promoción turística y diversificación económica.
Sus críticos podrán discutir los alcances del modelo, y deben hacerlo. Ningún gobierno municipal está exento de errores, conflictos o decisiones cuestionables.
Pero resulta difícil negar que la ciudad ha conservado una extraordinaria capacidad de proyección internacional.
Travel + Leisure volvió a reconocer en 2026 a San Miguel de Allende como la mejor ciudad del mundo y la mejor ciudad de México, por tercer año consecutivo. A ese posicionamiento se suma el crecimiento de la industria vitivinícola, la gastronomía y el turismo de experiencias.
Los reconocimientos internacionales no sustituyen los servicios públicos. Una ciudad no puede vivir sólo de premios, fotografías y visitantes.
Sin embargo, cuando el reconocimiento turístico coincide con inversión, empleo, actividad comercial y una aprobación ciudadana cercana o superior a 60%, la fotografía política adquiere mayor consistencia.
Trejo ha entendido algo elemental que muchos gobernantes olvidan: la identidad de San Miguel no es un adorno, sino un activo económico.
Conservar su arquitectura, cuidar su imagen urbana, ordenar los desarrollos inmobiliarios y administrar el agua no son políticas separadas del crecimiento. Son las condiciones para evitar que el propio éxito de la ciudad termine destruyendo aquello que la hizo atractiva.
El alcalde también ha construido una identidad política propia, diferenciada tanto del PRI tradicional como del panismo que gobernó el municipio.
Y eso lo lleva inevitablemente a la comparación con su viejo adversario Luis Alberto Villarreal García.
Mientras Mauricio Trejo aparece vinculado con buenos índices de aprobación y reconocimientos para San Miguel de Allende, Villarreal ha regresado al comentario político por un asunto ocurrido fuera de Guanajuato.
El caso Next Energy ha sacudido a Aguascalientes.
Hace unos días, la Fiscalía General de la República imputó a cinco exfuncionarios municipales relacionados con el contrato celebrado en 2019, cuando Teresa Jiménez era alcaldesa de la capital hidrocálida, para desarrollar un proyecto de energía solar que no se concretó en los términos previstos.
La actual gobernadora no ha sido imputada por la FGR, se dice para no hacer ver que hay persecuión de Morena contra gobernadores o políticos panistas, tras el asunto Ernesto Ruffo. Tampoco existe, hasta ahora, una acusación judicial pública contra Luis Alberto Villarreal por este expediente. Esa precisión debe asentarse.
Hay medios, opositores y actores políticos que han señalado la influencia de Villarreal dentro del grupo gobernante de Aguascalientes y que le atribuyen participación política en decisiones relacionadas con el esquema financiero. Pero esos señalamientos no equivalen a responsabilidad penal acreditada.
En los corrillos políticos se habla de su cercanía con quienes diseñaron o defendieron las operaciones vinculadas con Next Energy. También se le menciona por su influencia en el entorno de la gobernadora, de quien es esposo.
Se recuerda que en el caso se valora que ya Tere Jiménez como gobernadora, el Congreso local aprobó de forma expedita una reestructuración de deuda superior a los 12 mil millones de pesos a favor de la empresa y de ahi los señalamiento de operación tras mano, que se dicen en aquella entidad, realizó Villarreal para impulsar la iniciativa.
Son versiones que forman parte del debate político, no hechos demostrados ante un tribunal.
El contraste, sin embargo, resulta inevitable.
Trejo se mantiene políticamente competitivo desde el gobierno de San Miguel de Allende. Villarreal, su antiguo rival, aparece mencionado en una controversia que puede convertirse en uno de los mayores problemas políticos para la administración de Teresa Jiménez.
La FGR sostiene que hubo irregularidades en un contrato que comprometió recursos municipales durante varios años. La investigación ya alcanzó a antiguos colaboradores de la gobernadora y al empresario relacionado con la compañía.
El expediente apenas comienza a desplegar sus efectos políticos.
Pero en política no basta con no estar imputado. Quien ejerce influencia alrededor de un gobierno debe explicar con transparencia cuál fue su participación en decisiones que hoy se encuentran bajo investigación, especialmente cuando se trata de compromisos financieros de miles de millones de pesos.
A Mauricio Trejo le favorece el contraste. Mientras él puede presentar mediciones de aprobación, crecimiento turístico, inversión y reconocimiento internacional, su antiguo adversario debe enfrentar preguntas incómodas sobre el papel que desempeña en la estructura de poder de Aguascalientes.
No es todavía una sentencia contra Villarreal.
Es una sombra.
Y en política, las sombras que no se aclaran terminan creciendo.
Los casos de Guanajuato y San Miguel de Allende conducen a una misma reflexión.
La democracia necesita oposición, crítica, tribunales y contrapesos. Pero también necesita racionalidad.
No toda deuda es irresponsable por definición. No toda obra pública es correcta sólo porque la anuncie un gobierno. No toda encuesta es cierta ni todo reconocimiento internacional garantiza una buena administración.
La política democrática consiste precisamente en revisar cada caso con información, contexto y responsabilidad.
Morena tenía derecho a impugnar el decreto de financiamiento. La Corte resolvió que no tenía razón.
Lo democrático sería reconocerlo, fortalecer la fiscalización y concentrarse en vigilar que cada peso sea utilizado para los fines autorizados.
Persistir en el discurso de que la Corte se equivocó, Hacienda se equivoca, las calificadoras se equivocan y únicamente los legisladores morenistas comprenden la Constitución no es firmeza opositora.
Es soberbia.
Y cuando la soberbia partidista retrasa decisiones que pueden mejorar hospitales, escuelas, caminos, seguridad, movilidad o abasto de agua, deja de ser un problema exclusivo de los políticos.
Se convierte en un costo para los ciudadanos.
La oposición está para impedir abusos, no para impedir que el gobierno gobierne.
Ésa es la frontera que Morena parece haber perdido de vista en Guanajuato.
