La Comisión de Seguridad Pública analizó tres iniciativas de reforma sobre mesas de paz, programas de seguridad y atribuciones de los policías municipales.
Consolidar los cuerpos policiales y establecer mesas de paz
En primer lugar, se abordó la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato con el objeto de consolidar los cuerpos policiales y formalizar la coordinación operativa mediante mesas de paz estatales y regionales.
Con la propuesta se pretende establecer las mesas de paz estatales y regionales como mecanismos permanentes de coordinación entre la policía estatal, las policías municipales, la Guardia Nacional y la Fiscalía; y que, ante el déficit de policías respecto de la población, se deberá establecer un plan plurianual de reclutamiento y profesionalización que eleve la tasa actual de 0.6 a una meta intermedia de 1.2 por cada mil habitantes en los próximos años.
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo manifestó que se busca fortalecer la ley para que se apegue a los mandatos de la ley general federal en la materia, robustecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad, hacer obligatorias las mesas de paz estatales y regionales, a fin de tener mejor coordinación, policías mejor capacitados y un número acorde a las necesidades de la población.
De manera general, se coincidió con lo plasmado por la iniciante, en armonizar y robustecer el marco de actuación local en materia de seguridad pública, sin embargo, se consideró que existen áreas de oportunidad en su proyecto para colmar los contenidos que derivan de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También se pronunciaron porque se analice de manera conjunta con la presentada por la gobernadora del estado que tiene objetivos similares, a fin de ponderar un estudio más profundo de las atribuciones, corroborar coincidencias y llevar a cabo una adecuada armonización del marco normativo local en relación con lo que dicta la ley general.
Se añadió que la iniciativa busca replicar diversos numerales del ordenamiento general y que se debe hacer una revisión integral de para que la armonización sea acorde a la legislación estatal.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez externó que, en general, se escuchó que estaban de acuerdo con la armonización propuesta, con algunos matices que se tendrían que regular para que realmente se cuente con una ley que dé con la armonización con la norma federal, y que, en lo particular, en el tema de las mesas de paz, el Estado no cuenta con facultades para convocarlas.
Finalmente manifestó que retomarían los comentarios vertidos y se dialogaría con la iniciante para llegar a los acuerdos necesarios; mientras que la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo señaló que la propuesta se presentó desde diciembre de 2025, que fue tardado el tiempo para atender un tema tan prioritario y necesario para Guanajuato como es la inseguridad.
Programas estatal y municipales de seguridad modificables
En un segundo momento, se profundizó en la iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que tiene como finalidad de que el programa estatal y los municipales sobre prevención de la violencia y del delito tengan la posibilidad de modificarse ante situaciones de emergencia o eventualidad acorde al principio de flexibilidad gubernamental.
Los participantes expresaron que en general no veían la propuesta viable, ya que el concepto de flexibilidad generaría un efecto contrario al que se pretende al restar certeza, eficacia y permanencia a los objetivos, metas y acciones impulsoras que se establecerían en el Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado.
Agregaron que la legislación vigente ya contempla mecanismos suficientes de revisión y actualización programática.
Fortalecer atribuciones de policías municipales como primeros respondientes
Finalmente, se tocó la propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, a fin de que los cuerpos policiales municipales reciban reportes, denuncias y puedan llevar a cabo la investigación ordinaria y especializada, sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito.
Además, pueden llevar a cabo actos procesales consistentes en: todas aquellas diligencias para la preservación de la vida; la preservación del lugar de los hechos; el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito que puedan servir como evidencia en el proceso penal, y la identificación de personas víctimas, testigas (sic) y respecto de quienes existan razones que justifiquen su localización para fines de investigación, entre otras.
Los asistentes coincidieron en la viabilidad de la propuesta pero subrayaron que es necesario atender todos los parámetros establecidos para las instituciones policiales en la Ley General recién aprobada, por ello, se sugirió se analice de manera conjunta con una presentada también por la gobernadora, y externaron su interés de colaborar para lograr una actualización normativa de fondo, a fin de fortalecer la capacidad institucional del Estado, la coordinación intergubernamental y la adopción de enfoques científicos en la materia, consolidando una política pública integral basada en la seguridad ciudadana, la prevención social del delito, el acceso efectivo a la justicia.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas José Erandi Bermúdez Méndez, Rolando Fortino Alcántar Rojas y Hades Berenice Aguilar Castillo, así como representantes de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Seguridad y Paz, de la Fiscalía General del Estado y personas asesoras parlamentarias.
