Los líderes del tercer partido de la coalición gobernante, el Verde, son la última pieza del régimen que captó la atención de Estados Unidos. Sus líderes y quienes participan en las campañas de propaganda –empresas consultoras y actores, entre ellos–, están siendo investigados por delitos que van desde tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. La información ya fue transmitida al gobierno mexicano, pero no se sabe si, al menos hasta este momento, se lo hayan comunicado a los dirigentes o se estén tomando acciones paralelas.
El Partido Verde no tiene un liderazgo formal reconocido, porque se dirige a través de una estructura de órgano colegiado. Es una mascarada, como ha sido así durante sus décadas de existencia mercenaria, porque opera bajo el control de sus liderazgos históricos, donde el jefe máximo es Jorge Emilio González, el heredero de un partido que nació familiar, y que ha convertido en una empresa muy eficiente donde lo que vende son votos al mejor postor.
Debajo de González se encuentran tres operadores principales, Arturo Escobar y el senador Manuel Velasco, quienes forman parte del Consejo Político Nacional, donde se definen las estrategias y alianzas políticas del partido, y Jesús Sesma, que es el líder del partido en la Ciudad de México. La vocera y líder formal del partido desde 2026 es la senadora Karen Castrejón Trujillo. No hay más en el politburó de los verdes, pero su red se extiende principalmente a Chiapas y Quintana Roo, con un lunar en San Luis Potosí, donde el cacique, el gobernador Ricardo Gallardo, es más poderoso que el partido en el estado.
La información del gobierno de Estados Unidos proporcionada a México sobre la investigación a los dirigentes verdes y su apoyo propagandístico, no incluyó los nombres de quienes se encuentran presuntamente vinculados con delitos de diversa índole, pero llama profundamente la atención que en la superficie no hay ninguno que tenga que ver con crímenes que pudieran ser del ámbito federal estadounidense. Pero al mismo tiempo, los datos tan generales que proporcionaron desde Washington, como lo han estado haciendo regularmente, pueden estar escondiendo los objetivos que buscan sus investigaciones.
El gobierno de Estados Unidos tiene entre sus principales investigaciones sobre gobernadores con presuntos vínculos con el crimen organizado y que forman parte de la alianza gobernante de la ‘4T’ a Gallardo, pero hay datos de inteligencia de cómo el gobierno de la morenista Mara Lezama, en Quintana Roo, que es dependiente política de González, le abrió la puerta al crimen organizado centroeuropeo que cohabita con los cárteles mexicanos. Gallardo es una fuerza en sí mismo, pero Lezama, que pertenece a Morena, entregó su estructura política y financiera a González y al senador Velasco, que le colocó su estructura financiera y administrativa, y heredó la gubernatura de Chiapas a Rutilio Escandón, el morenista que le abrió la puerta del estado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las ramificaciones de los verdes con políticos de Morena bajo investigación de Estados Unidos son amplias. La principal, que la lleva personalmente Velasco, es con el senador Adán Augusto López Hernández –excuñado de Escandón–, cuya agenda es seguida casi sin chistar por los verdes en el Senado. López Hernández y varios miembros del Grupo Tabasco están siendo investigados por las agencias estadounidenses por una serie de delitos, como el contrabando de combustible y lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación, a través de factureras que tuvieron en Chiapas su principal asiento criminal, que comprenden a dos de las investigaciones prioritarias que siguen en Washington.
Tanto López Hernández como Escandón están aportando información al gobierno estadounidense, de acuerdo con información que ha trascendido en Washington, que son figuras muy cercanas a los liderazgos del Partido Verde, y que se inscriben en el contexto de que es la primera vez que se sabe que Estados Unidos puso su mira en los liderazgos del Partido Verde, con lo cual la coalición gobernante enfrenta investigaciones en sus tres aliados.
Las principales investigaciones recaen en políticos de Morena, pero hay un interés especial en el Partido del Trabajo y varios de sus líderes y legisladores, por sus presuntas vinculaciones con los cárteles mexicanos y con fuerzas políticas en América Latina que son consideradas en Washington como enemigas. La apertura de averiguaciones contra el Partido Verde, sin embargo, es una novedad, pese a que en México han sido motivo de investigaciones sobre presunta defraudación fiscal y recursos de procedencia ilícita por varios gobiernos, sin que hasta la fecha ninguno haya tomado una acción en contra de algunos de ellos.
Los partidos políticos mexicanos entran en los supuestos del gobierno de Estados Unidos de ser clasificados como organizaciones terroristas, si se encuentra que tienen vínculos con seis cárteles mexicanos que están en la lista del Departamento de Estado. Pero salvo Morena, no hay señales de que el PT y el Verde hayan procesado la amenaza real que existe contra ellos, al ser parte de la alianza gobernante. También hay gobernadores de Movimiento Ciudadano y del PRI que son investigados por Estados Unidos, que conforman la llamada cruzada contra los “narcopolíticos”.
La inclusión de los líderes del Partido Verde en esas listas debe caer como una amarga sorpresa, por la forma camaleónica y oportunista con la que se han comportado políticamente durante la mayor parte de sus más de 30 años de vida, cuyas alianzas político-electorales han cambiado con el partido que tiene mayores posibilidades de gobernar, alimentando la percepción de que privilegia el acceso al poder sobre una ideología consistente.
El liderazgo verde, que se ha mantenido prácticamente sin cambio en lo que va del siglo, se ha manejado de manera cínica y temeraria, violando regularmente leyes electorales, mientras varios de sus dirigentes –González, Escobar y Velasco, principalmente–, han enfrentado investigaciones, señalamientos o controversias por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Aquí han navegado con impunidad, pero una investigación en Estados Unidos corre por diferente cuerda, en donde los chantajes y extorsiones políticas a las que recurren aquí no tienen ningún peso ni influencia allá.
La información sobre las pesquisas contra sus líderes, así como las empresas consultoras y los actores que trabajan con el Partido Verde –cuyos nombres tampoco se conocen–, llegó a Palacio Nacional a principios de julio, desconociéndose su grado de avance y si hay plazos para empezar a dar a conocer las acusaciones en su contra.
