Porque “representan el resultado de décadas de esfuerzo, de servicio, de aportaciones y de trabajo honesto”, y porque “no podemos permitir que una reforma genere incertidumbre sobre derechos que ya se encuentran consolidados”, el GPPRI, por conducto de su coordinador, diputado Alejandro Arias, se manifestó a favor de que se corrijan disposiciones sobre límites a jubilaciones y pensiones establecidas en el artículo 127 constitucional y sus efectos retroactivos.
Las pensiones y jubilaciones “son un patrimonio legítimamente construido por quienes dedicaron su vida laboral al servicio público y al desarrollo de nuestro país”, afirmó después de anotar que el PRI ha sostenido siempre que “los derechos no son concesiones del gobierno, sino conquistas sociales que deben respetarse y protegerse”.
Subrayó que “en el PRI creemos que gobernar implica encontrar equilibrios, pero nunca a costa de quienes ya cumplieron con su deber y construyeron una expectativa legítima de retiro digno”.
Y, en ese tenor, remarcó que “la austeridad no puede convertirse en un argumento para debilitar derechos sociales conquistados durante años”.
Subió a tribuna para hablar a favor de exhortar a la presidenta de la República y al Congreso de la Unión a que realicen las acciones jurídicas necesarias a fin de corregir las disposiciones relativas al límite de jubilaciones y pensiones y sus efectos retroactivos.
Lo anterior, al estimarse que dichas disposiciones, producto de una reforma a la Ley Suprema, resultan incompatibles con los principios de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, progresividad de los derechos humanos y protección de derechos adquiridos en materia de seguridad social, según se consigna en el Punto de Acuerdo.
Arias Ávila sostuvo que, “cuando una persona se jubila bajo determinadas reglas, tiene derecho a confiar en que el estado respetará los compromisos que asumió”, lo que consideró “indispensable para la fortaleza de nuestras instituciones y para la credibilidad del estado de derecho”.
“Por eso respaldamos este exhorto, porque defender las pensiones es defender la dignidad de las personas adultas mayores, y porque proteger los derechos adquiridos es proteger la certeza jurídica”, remarcó.
El coordinador del GPPRI resaltó que el dictamen del Punto de Acuerdo finalmente aprobado no cuestiona la necesidad de mantener finanzas públicas sanas ni la facultad del Estado para establecer reglas hacia el futuro, y que “lo que señala, con toda razón, es que ninguna medida puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de las personas”.
