El Pleno del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, ordenamiento que tiene como propósito establecer un marco jurídico integral para atender, prevenir y regular los asentamientos humanos irregulares en la entidad.
Con esta nueva legislación se busca otorgar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra a miles de familias guanajuatenses, además de generar condiciones para una adecuada planeación urbana y territorial en los municipios.
Entre los principales aspectos del nuevo ordenamiento destaca el establecimiento de procedimientos claros y homologados para la regularización de asentamientos humanos, definiendo las atribuciones y competencias de las autoridades estatales y municipales involucradas en estos procesos.
Asimismo, la ley incorpora mecanismos para garantizar que los procedimientos de regularización se realicen de manera ordenada y transparente, con pleno respeto a los instrumentos de planeación urbana, evitando la ocupación de zonas de riesgo, áreas naturales protegidas o espacios no aptos para el desarrollo urbano.
La nueva legislación también prevé acciones orientadas a prevenir la generación de nuevos asentamientos humanos irregulares, promoviendo la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para fortalecer las políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
De igual manera, se establecen disposiciones para facilitar el acceso de las familias beneficiarias a la escrituración de sus inmuebles, brindándoles seguridad jurídica respecto de su patrimonio y favoreciendo el acceso a servicios públicos básicos.
La nueva norma permitirá mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, al tiempo que contribuirá a un crecimiento urbano más ordenado, sustentable y con perspectiva social.
Asimismo, se da un paso importante para fortalecer la planeación territorial en Guanajuato, reducir la desigualdad urbana y consolidar comunidades más seguras y con mejores oportunidades de desarrollo.
Al hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las personas diputadas Jorge Arturo Espadas Galván, Luis Ricardo Ferro Baeza y Luz Itzel Mendo González.
Espadas Galván indicó que el dictamen representa un acto de justicia social enfocado en garantizar el derecho humano a la vivienda a miles de familias que, por falta de recursos económicos, se han asentado en predios irregulares y carecen de certeza patrimonial y de servicios básicos.
Manifestó que esta iniciativa funcionará como un mecanismo efectivo y coordinado entre las autoridades municipales, estatales y federales para agilizar procesos de regularización que legalmente suelen tardar décadas.
Finalmente, precisó que la reforma responde a un compromiso directo con las demandas de la ciudadanía de la entidad, el cual se alinea con la estrategia del gobierno estatal para otorgar escrituras y certidumbre jurídica a los sectores más vulnerables.
Por su parte, el legislador Luis Ricardo Ferro Baeza indicó que están del lado del pueblo y que creen en la justicia social como principio y la certeza, como un derecho. Remarcó que acompañaban el dictamen porque representaba un paso importante para brindar seguridad y dignidad a miles de familias y que seguirán trabajando para que nadie se quede atrás y el bienestar llegue a todos
En su oportunidad, la legisladora Luz Itzel Mendo González manifestó que era urgente y de vital trascendencia para el futuro del estado porque tiene por objeto garantizar el derecho humano a una vivienda digna y adecuada, con la creación de un marco jurídico integral y operativo que permitirá atender de manera ordenada y estructurada los procesos de regularización de asentamientos humanos en la entidad.
Manifestó que se establecen con claridad las etapas técnicas del procedimiento, lo que facilitará la transformación de asentamientos informales en zonas plenamente incorporadas al orden urbano.
Agregó que la propuesta incorpora obligaciones para las autoridades municipales y estatales, así como la responsabilidad y la participación ciudadana durante las distintas etapas del procedimiento de regularización; crea un Fondo para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado, como un instrumento de financiamiento destinado a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad; y reconoce que la regularización de los asentamientos humanos no debe entenderse únicamente como un trámite administrativo sino como un mecanismo de restitución de derechos que permita a las y los guanajuatenses acceder a certeza jurídica sobre su patrimonio, así como a infraestructura servicios básicos y mejores condiciones de vida.
Apuntó que el dictamen es el resultado de un ejercicio de diálogo, construcción de consensos y trabajo coordinado entre instituciones, fuerzas políticas y sociedad civil. Afirmó que estaban ante la oportunidad de dotar a Guanajuato de una legislación que atienda una realidad que por años ha representado incertidumbre para miles de familias, una legislación que brinda herramientas claras a las autoridades, que otorga certeza jurídica y permite avanzar hacia ciudades más ordenadas, incluyentes y sostenibles.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general. Al ser sometido a votación en lo particular, la congresista Angélica Casillas Martínez presentó reservas a diversos artículos.
Indicó que el dictamen representa un avance importante para dotar al Estado de un marco jurídico integral que permita atender uno de los problemas urbanos y sociales que por décadas se ha acumulado en Guanajuato, la regularización de los asentamientos humanos irregulares y la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.
Puntualizó que las reservas que se proponen no modifican el objeto, alcance ni finalidad del dictamen, sino que buscan perfeccionar su técnica legislativa y buscan evitar futuras dificultades en su aplicación administrativa y jurisdiccional.
Precisó que las modificaciones responden de manera general a los siguientes propósitos: primero, fortalecer la armonización y las técnicas legislativas; se actualizan referencias normativas, se armoniza el contenido del dictamen con la legislación federal, se precisan remisiones, denominaciones, epígrafes y referencias internas, a fin de evitar problemas de interpretación o aplicación. Apuntó que con ello se fortalece la congruencia sistemática del ordenamiento y se mejora su calidad técnica.
Segundo, dotar de mayor certeza jurídica y claridad competencial. Se precisan las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, de los ayuntamientos y de las autoridades sustanciadoras, respetando la distribución constitucional de competencias; asimismo, se fortalecen las reglas relativas a los procedimientos, expedientes, requisitos, medios de defensa, publicaciones oficiales y actos administrativos, garantizando mayor seguridad jurídica, debido proceso y certeza en la actuación de las autoridades.
Tercero, dijo, fortalecer la operatividad e implementación de la ley. Las reservas incorporan ajustes orientados a facilitar la aplicación efectiva del nuevo ordenamiento mediante precisiones sobre la coordinación con los municipios, la elaboración y aprobación del diagnóstico de asentamientos humanos irregulares, la intervención de los catastros municipales, la continuidad de los procedimientos en trámites y las previsiones necesarias para la integración progresiva del Fondo para la Regularización de Asentamientos Humanos favoreciendo una implementación progresiva y financieramente viable.
Las reservas fueron aprobadas por unanimidad de votos.
