Hay una máxima en el oficio electoral que no debería sorprender a nadie, y es de esas verdades que no deberían olvidarse, pero que en estos días parece haberse extraviado en los pasillos del poder: las urnas no entienden de plazos políticos. Las urnas entienden de logística, de papel, de gente que sabe dónde poner las casillas y de ciudadanos que, además de tener ganas, tienen claro qué rayos están votando.
La reciente propuesta de Reforma Electoral —el llamado “Plan B”— plantea concentrar en una sola jornada varios procesos distintos: elecciones federales (para cargos nacionales), elecciones locales (gobernadores, congresos estatales y ayuntamientos), la elección de la otra mitad de integrantes del Poder Judicial y, además, un ejercicio de participación ciudadana. Imagínese cuántas decisiones concretas tendría que tomar un votante en esa jornada.
De otra manera: no se trata de una sola elección, sino de cuatro dinámicas distintas ocurriendo el mismo día, con reglas, boletas y formas de conteo diferentes (incluidos los acordeones). Y ahí es donde surge el problema. No es un asunto ideológico, sino operativo: organizar todo eso al mismo tiempo implica multiplicar la complejidad logística, desde la instalación de casillas hasta la capacitación de funcionarios y el conteo de votos el mismo día, tanto en las casillas como en los consejos distritales.
Dicha propuesta de Reforma —que ya resuena más como una serie de suspense que como una política pública— ha puesto al INE y a los OPLES en estado de alerta. Y ojo, que uno podría pensar que es la trinchera defensiva de siempre. Pero no. Lo que está sobre la mesa no es un pleito por cuotas de poder, sino un problema de física newtoniana aplicada a la democracia: pretenden meter en una misma jornada elecciones federales, locales, judiciales y un ejercicio de participación ciudadana que, según cómo se le mire, puede ser revocación o ratificación de mandato. Depende del cristal… claro.
El asunto es que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha sugerido algo que en cualquier otra latitud sonaría a sentido común: que la elección judicial espere hasta 2028. No es una ocurrencia, ni es soplarle al jocoque (con perdón de los lácteos). Es el resultado de la evaluación de la Junta General Ejecutiva y que, por cierto, lleva tiempo advirtiendo esto sin que nadie les haga mucho caso, que ha hecho los números y sabe que si coordinar tres tipos de elecciones distintas con una participación ciudadana es el preámbulo del caos, agregarle la de “revocación/ratificación de mandato” es, en términos beisbolísticos, como preguntarle a los fanáticos de los Dodgers si están de acuerdo en que Shohei Ohtani juegue de catcher, jardinero central y lanzador abridor el mismo día. Puede ser espectacular, pero termina en lesión segura.
Ahora bien, aquí el asunto no es si el ciudadano está cansado —que lo está—, sino si el sistema está diseñado para no caerse. La elección judicial del 2025 no solo encendió las alarmas; dejó al descubierto la serie de descarríos que aparecen cuando se improvisa. Desde casillas instaladas en lugares que ni Dios reconocía, hasta el conteo de los acordeones, perdón las boletas, sin olvidar la apatía de los consejos y las juntas locales ejecutivas que, dicho sea de paso, tampoco tenían muy claro qué hacer con su propia logística.
Y luego dicen que hay que apretarse el cinturón, pero se olvidan de que con el cinturón apretado tampoco se puede correr…
Lo más curioso del “Plan B” es lo que deja fuera. Porque si vamos a hablar de austeridad republicana —ese mantra que todo mundo aplaude hasta que afecta su propio operativo— habría que preguntarse por qué no se contemplan herramientas modernas. No hay rastro de inteligencia artificial para fiscalizar el gasto, ni voto electrónico para agilizar el desmadre. Parece que la modernidad tecnológica se quedó atrapada en el cajón de “lo veremos después”. Y mientras tanto, los recursos para garantizar la autonomía del INE quedan en el limbo, y la lucha contra el crimen organizado en las elecciones sigue siendo un tema que nadie sabe muy bien cómo atender sin presupuesto.
A lo anterior, por si faltara poco, se suma la falta de consenso (ya no es novedad, pero conviene recordarlo), que ha profundizado la división interna en el organismo electoral nacional. Voces como las de Dania Ravel y Claudia Zavala insisten —con la terquedad de quien conoce el reglamento al revés y al derecho— que cualquier reforma debe construirse con diálogo riguroso y sustento técnico. Pero la celeridad de la propuesta actual parece haber mandado ese principio a la misma gaveta donde guardamos la inteligencia artificial y el respeto a la otredad.
En conclusión, lo que tenemos es un escenario de vulnerabilidad institucional. El Ejecutivo busca topar salarios y limitar gastos de las autoridades electorales. Y el órgano responsable de organizar las elecciones, con menos recursos, tiene que hacer un trabajo más complejo. Si no se escuchan las advertencias técnicas sobre la necesidad de postergar la elección judicial y la revocación/ratificación a 2028 —y se ignora hasta la falta de consenso de aliados como el PT—, el sistema electoral mexicano corre el riesgo de transitar hacia un modelo donde la austeridad se pague con la pérdida de certeza. Y en esto, como en la construcción de puentes, la prisa no es un buen ingeniero.
