El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, se ha convertido en uno de los funcionarios con mayor poder dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum. No solo por el diseño de la política digital, sino por el control de los contratos tecnológicos de la administración pública federal, cuyo monto en 2026 se acerca a los 50 mil millones de pesos. A ese ascenso se suma la influencia que ya ejerce en áreas estratégicas como las aduanas, donde, como se documentó en este espacio, su círculo cercano ha ido ocupando posiciones clave en la operación y la toma de decisiones.
Ese rediseño del poder tecnológico ha modificado el perfil de los proveedores. El caso más actual es el del empresario Jorge Stephan Romita Iturbe, cuyo crecimiento en el sector público no se explica por una trayectoria consolidada en el desarrollo tecnológico, sino por su cercanía a funcionarios de gobierno desde su paso por la Ciudad de México. Documentos oficiales lo ubican como administrador o representante de empresas como DR México y VIP Ingeniería, firmas que en los últimos años han obtenido contratos en distintos niveles de gobierno, tal como lo documentó el medio Latinus la semana pasada.
El contrato por mil 200 millones de pesos para el Servicio Integral de Datos Biométricos, adjudicado a DR México bajo criterios de seguridad nacional, es el ejemplo más reciente de esa influencia. Y no es un hecho aislado. Registros públicos muestran que empresas vinculadas a Romita han participado en contratos de provisión de insumos, servicios tecnológicos y mantenimiento en dependencias federales y locales, incluyendo la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Incluso hay antecedentes de contratos en infraestructura portuaria, lo que refleja una expansión progresiva hacia sectores estratégicos.
El punto relevante es que ese crecimiento coincide con la consolidación de un modelo centralizado de contratación tecnológica. Las dependencias federales han tenido que alinear sus procesos de adquisición a la validación de la Agencia de Transformación Digital, lo que en la práctica concentra la aprobación de proyectos, proveedores y soluciones en un mismo núcleo de decisión. Fuentes del sector confirman que, en muchos casos, los contratos deben contar con el visto bueno de la oficina de Merino o de su equipo más cercano, encabezado por el coordinador nacional de Infraestructura Digital, Jorge Luis Pérez Hernández.
Esa centralización no se limita al ámbito administrativo, pues alcanza otras áreas operativas. En la Agencia Nacional de Aduanas de México, encabezada formalmente por Rafael Marín Mollinedo, la influencia del grupo cercano a Merino se ejerce a través de posiciones estratégicas como la Dirección General de Investigación Aduanera, donde ya despacha Carlos Meléndez Sagahón.
En ese contexto, el contrato de biométricos es solo un punto de partida. Las empresas vinculadas a Romita se perfilan para quedarse con otro jugoso contrato de equipos móviles de rayos X para aduanas, por cerca de 5 mil millones de pesos, el cual va a adjudicarse en los próximos días. Se trata de infraestructura clave para la revisión de mercancías y el combate al contrabando.
El argumento oficial detrás de este esquema es fortalecer las capacidades internas del gobierno y reducir la dependencia de proveedores tradicionales. Sin embargo, se ha generado un entorno en el que varias empresas tecnológicas, particularmente desarrolladoras de software, han optado por no participar en procesos públicos ante la percepción de que las decisiones están previamente orientadas o de que sus desarrollos pueden ser replicados sin su intervención. Es una preocupación recurrente en el sector, que advierte sobre prácticas de apropiación de soluciones tecnológicas bajo el argumento de desarrollo interno.
El resultado de todo esto es un mercado más cerrado y con menor competencia efectiva. Empresas con menor trayectoria han ganado terreno, mientras que firmas con experiencia global han reducido su exposición al sector público mexicano.
El caso de Jorge Stephan Romita Iturbe lo evidencia. De ser un proveedor con presencia limitada en contratos de menor escala, pasó a participar en proyectos multimillonarios vinculados a datos y a tecnologías.
A Pepe Merino tendría que salirle todo bien para justificar tanto poder y control, pero a juzgar por los hackeos recientes de los sistemas de dependencias federales y los conflictos de intereses de sus excolegas en la CDMX, no parece que el desenlace vaya a ser muy positivo.
Se cumplieron 32 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y esta vez lo que llevó el caso a la conversación pública no fueron nuevas revelaciones judiciales, sino las declaraciones del hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar otorgar indulto a Mario Aburto.
Colosio Riojas habló de cerrar definitivamente el expediente que, a su juicio, ha sido manipulado durante décadas, diciendo que el país debería mirar hacia adelante y, por fin, cerrar esa herida.
Aunque no es la primera vez que el senador plantea esa salida, sus declaraciones llegan a pocos meses de que se informaran nuevas líneas de investigación y detenciones. A los ojos de Colosio Riojas esto, quizás, podría colocar al expediente en medio de otro uso político.
Si bien el indulto es una facultad presidencial, una decisión así tendría mucho costo para la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no sólo se trata de liberar al asesino confeso de Colosio, sino cerrar, mediante un decreto, un episodio traumático de la historia reciente del país. Ya veremos si la petición se estanca o si, luego de 30 años, deciden cerrar definitivamente el caso del aquel magnicidio.
La jueza federal que lleva el caso de TV Azteca aceptó finalmente el concurso mercantil de la televisora, luego de que la empresa corrigiera y cumpliera con los requisitos legales que le habían sido observados en intentos previos. Con esta resolución, la compañía de Ricardo Salinas Pliego entra formalmente a un proceso de reestructura supervisado por el Poder Judicial, cuyo objetivo es negociar con sus acreedores y mantener la operación mientras ordena sus finanzas.
De acuerdo con lo reportado, el concurso mercantil permitirá a TV Azteca suspender temporalmente el pago de sus obligaciones y establecer un periodo de conciliación con sus acreedores.
El proceso marca un nuevo capítulo en el conflicto que la empresa mantiene con sus acreedores, especialmente en Estados Unidos, donde se han acumulado litigios por el incumplimiento de pagos. La admisión del concurso implica que será un conciliador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles quien conduzca las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita reestructurar la deuda.
Por ahora, TV Azteca mantiene su operación habitual. El desenlace dependerá de su capacidad para lograr consensos con los acreedores y presentar un plan viable de reestructura que le permita sostener su negocio en el mediano plazo.
Ayer el gobernador Américo Villarreal presentó su Cuarto Informe de gobierno en el que colocó el eje económico como uno de los pilares de su administración. Tamaulipas es un nodo estratégico en la relación comercial con Estados Unidos y el mensaje se inscribe en el contexto del nearshoring y la próxima revisión del T-MEC, donde los estados fronterizos compiten por atraer inversiones y consolidarse como plataformas logísticas e industriales.
El mandatario destacó los temas de transporte carretero y ferroviario, así como la atracción de inversión extranjera y el impulso a proyectos estratégicos. A ello sumó cifras como más de 21 mil millones de pesos en obra pública, la reducción de la deuda estatal y mejores calificaciones financieras, con el objetivo de proyectar estabilidad y condiciones favorables para la llegada de capitales en un entorno regional cada vez más competido.
El reto, sin embargo, será sostener ese impulso en un escenario donde la revisión del T-MEC y las presiones comerciales de Estados Unidos elevarán las exigencias en materia de competitividad y seguridad. El informe también buscó alinear los objetivos económicos y sociales con el discurso del “humanismo mexicano” desde una de las entidades del norte del país.
Por cierto, que uno de los asistentes al informe de Villarreal fue el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien anduvo particularmente activo el fin de semana acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en su gira por el estado. La visita incluyó la supervisión de obras en la refinería de Salina Cruz y el seguimiento a proyectos estratégicos vinculados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las apuestas más relevantes del gobierno federal para detonar inversión y logística en el sur-sureste.
Y mientras en el norte se habla de nearshoring y T-MEC, en el sur el gobierno busca posicionar al Interoceánico como una alternativa real de conectividad entre el Pacífico y el Golfo, con impacto en comercio, industria y energía. La presencia de Sheinbaum junto a Jara no solo refuerza el respaldo federal, sino que apunta a acelerar proyectos como la modernización portuaria, los polos de desarrollo y la infraestructura ferroviaria que han avanzado con altibajos en los últimos años.
