El Departamento estadounidense de Justicia dio a conocer este miércoles una acusación contra el dueño de una armería en Arizona por "brindar apoyo material" a las organizaciones terroristas extranjeras Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa (CDS).
La fiscalía del distrito de Arizona señaló que a Laurence Gray, de 65 años, originario de Hereford, Arizona, y dueño de la armería Grips By Larry, se le dictó el pasado 17 de marzo una acusación sustitutiva "por intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para proporcionar apoyo a una organización terrorista extranjera designada".
Gray compareció ante el tribunal este miércoles.
El comunicado señala que Gray, distribuidor de armas de fuego con licencia federal en Arizona, ya había sido acusado de delitos de tráfico de armas de fuego en 2025, junto con otra persona, Barrett Weinberger, de 73 años, de Tucson, Arizona.
Los cargos originales eran por "tráfico de armas de fuego, complicidad en la compra de armas de fuego a través de testaferros y complicidad en declaraciones falsas sustanciales durante la compra de un arma de fuego".
Sin embargo, dado que tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa fueron designados por la administración de Donald Trump como organizaciones terroristas extranjeras, se decidió añadir en la acusación sustitutiva el cargo de "apoyo material al terrorismo".
Segín la acusación, Gray intentó, de manera consciente, "suministrar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025 y conspiró a sabiendas para suministrar armas de fuego tanto al CJNG como al CDS ese mismo año".
El comunicado detalla que por cada uno de los cargos que se le imputan, Gray puede ser condenado a 20 años de prisión, a pagar una multa por hasta 250 mil dólares, o ambas.
"Una condena por complicidad en la compra ficticia de armas de fuego conlleva una pena máxima de 15 años de prisión, una multa de hasta 250 mil dólares, o ambas. Una condena por complicidad en la realización de una declaración falsa sustancial durante la compra de un arma de fuego conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, una multa de hasta 250 mil dólares, o ambas", detalla el comunicado.
