El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó ayer mediante un video en sus redes sociales lo acordado con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer: México y Estados Unidos iniciarán la primera ronda de discusiones bilaterales en preparación para la revisión conjunta del T-MEC, con un primer encuentro previsto para la semana del 16 de marzo.
El anuncio podría parecer un paso burocrático más. En realidad, tiene un significado político y económico mucho más profundo.
Ese simple calendario ya envía una señal relevante.
En los últimos meses, la retórica comercial de Washington —particularmente en el contexto político interno— había alimentado la percepción de que el tratado podría enfrentar riesgos mayores en su revisión de 2026. Incluso hubo momentos en los que algunos analistas interpretaron las declaraciones de funcionarios estadounidenses como una advertencia de que el acuerdo podría replantearse desde sus cimientos… o extinguirse.
Sin embargo, si Estados Unidos realmente estuviera considerando abandonar el T-MEC o dejarlo expirar, difícilmente estaría organizando un proceso formal de negociación. El inicio de las conversaciones sugiere que el escenario base no es la ruptura del acuerdo, sino su revisión.
Eso no significa que el camino sea despejado. La propia USTR ha advertido que recomendará la extensión del tratado hasta el 2042 —el actual está vigente hasta 2036— solo si se resuelven los problemas que ha identificado, lo que implica que la señal positiva del calendario viene acompañada de condiciones concretas.
Los negociadores fueron instruidos a analizar medidas que garanticen que los beneficios del tratado se concentren en los países miembros: fortalecer las reglas de origen, reducir la dependencia de importaciones de otras regiones, incorporar mecanismos de colaboración en minerales críticos y reforzar las cadenas de suministro en América del Norte. Ese lenguaje refleja con bastante precisión la agenda estratégica de Washington.
Pero la revisión no parte de una hoja en blanco. La USTR ha detallado en sus informes recientes una lista amplia de preocupaciones respecto a México. La más visible corresponde al sector energético: desde la perspectiva estadounidense, las reformas regulatorias adoptadas en México favorecen de manera indebida a Pemex y a la CFE frente a empresas privadas, lo cual ya fue objeto de consultas formales dentro del propio T-MEC.
A eso se suman inquietudes sobre el cumplimiento de reglas laborales, mecanismos de solución de controversias en el sector automotriz, regulaciones en agricultura y biotecnología, y temas de comercio digital y propiedad intelectual. Y una preocupación estratégica transversal: que productos de terceros países —particularmente China— se integren a las cadenas productivas norteamericanas sin cumplir con el espíritu de las reglas de origen.
Un elemento que no debe perderse de vista: cualquier cambio estructural al tratado requerirá eventualmente ratificación del Congreso estadounidense, lo que introduce una variable política que el Ejecutivo de Washington no controla del todo.
Una revisión no requiere ratificación del Congreso. El gobierno norteamericano tendrá incentivos para realizar solo una revisión, antes de exponer el tratado a la ‘carnicería política’ en el Congreso.
En el caso mexicano, hay un factor que puede jugar a favor: la coordinación con el sector privado.
El Cuarto de Junto —que agrupa a las principales organizaciones empresariales del país— ya trabaja en posiciones concretas para la negociación.
La experiencia de la renegociación que dio origen al T-MEC dejó una lección clara: la interlocución entre gobierno y empresas es clave para construir una estrategia sólida.
Canadá, cuyo proceso de consultas también avanza, completará el escenario trilateral en el que se definirá el futuro del acuerdo.
La revisión ocurrirá en un entorno político complejo en Estados Unidos, donde el comercio se ha convertido en instrumento central de política industrial y geopolítica. Temas ajenos al tratado —desde seguridad hasta competencia tecnológica con China— podrían aparecer en la mesa.
Pero hay que distinguir entre tensión negociadora y ruptura institucional.
El anuncio de ayer sugiere que las tres economías de América del Norte siguen apostando por el T-MEC como columna vertebral de su integración.
Para los inversionistas y empresas expuestos a la relación bilateral, esa señal importa: no elimina la incertidumbre, pero sí acota el escenario más disruptivo. Ahora el trabajo, para todos, es prepararse para negociar. No vayamos a decir luego que no nos avisaron.
