En política, como en la navegación, hay decisiones que no cambian el rumbo del barco… pero sí alteran quién da las órdenes en el puente de mando. El llamado plan B de la reforma electoral entra en esa categoría: no toca el artículo 41 Constitucional, columna vertebral del sistema electoral mexicano, pero introduce ajustes que, sin ruido excesivo, pueden modificar los equilibrios construidos durante las últimas 3 décadas.
Empecemos por lo visible. La propuesta plantea que los congresos estatales ajusten su propio presupuesto bajo un criterio fijo: el 0.71% del gasto estatal. En apariencia, un gesto de austeridad. En la práctica, un porcentaje rígido que no distingue entre entidades con realidades administrativas, poblacionales y económicas muy distintas. El riesgo es evidente: recortes ciegos que pueden castigar funciones esenciales o, peor aún, que se simulen mientras las burocracias locales encuentran recovecos para sobrevivir (Vamos que los regaños a los diputados del Congreso Local de Baja California y anexos no sean en vano). Al parecer en esta proclividad a la austeridad, que hoy se vuelve consigna, olvidan que no todos los trajes se cortan con la misma tijera.
Pero el núcleo de la discusión no está ahí. Está en la revocación de mandato. O, mejor dicho, en lo que podría dejar de ser.
Dejar abierto al presidente en ejercicio adelantar la consulta del cuarto al tercer año de gobierno —es decir, llevarla a la antesala de las elecciones intermedias— no es un simple ajuste técnico. Es abrir una ventana para que el titular del Ejecutivo decida estratégicamente si le conviene o no “someterse al escrutinio del pueblo” en medio de las elecciones intermedias. Esa flexibilidad, presentada como opción, tiene un nombre menos elegante: cálculo político.
Más delicado aún es el planteamiento de permitir la promoción gubernamental durante estos procesos. Aquí se rompe una lógica que México tardó décadas en construir: la de separar al poder público de la competencia electoral. No fue un capricho, sino una respuesta a un pasado donde el gobierno era, al mismo tiempo, árbitro y jugador. Permitir que la presidente promueva su gestión en medio de campañas introduce una asimetría evidente. Se suspende la propaganda de unos, pero no la de quien detenta el poder. Eso no es equidad; es ventaja institucional.
Por eso algunos aliados han encendido luces amarillas. El señalamiento del Partido del Trabajo no es menor: ha advertido riesgos de inequidad. Si estos se materializan, la figura se desdibuja y deja de ser un mecanismo ciudadano para convertirse en un instrumento del poder. Dicho de otro modo, pasamos de la revocación a la ratificación. No es un matiz semántico; es un cambio de naturaleza.
El análisis de la propuesta de reforma nos lleva a otra pregunta: ¿qué tipo de liderazgo impulsa reformas que parecen diseñadas más para ganar batallas narrativas que para fortalecer instituciones? La insistencia en presentar estos cambios como avances democráticos contrasta con su contenido. Proponer lo inaceptable, confiando en que la forma, lo jurídico, lo vuelva aceptable, suele ser síntoma de un entorno que filtra mal la realidad.
El contexto tampoco ayuda. Un gobierno que enfrenta tensiones internas, una coalición oficialista sin cohesión clara y un entorno internacional marcado por la incertidumbre —con el regreso de discursos duros desde Estados Unidos— no parece el mejor escenario para abrir frentes innecesarios. Menos aún, cuando la estrategia política sigue descansando en el “no diálogo” con quienes piensan distinto. En un país dividido en sus preferencias políticas casi a la mitad, ignorar a la otra parte no la hace desaparecer.
Aquí conviene recordar a Jürgen Habermas, había que mencionarlo: la democracia no es sólo votar, es deliberar. Es reconocer al otro como interlocutor válido y construir acuerdos en el espacio público. Sin ese ejercicio, las reformas dejan de ser instrumentos de modernización y se convierten en herramientas de control.
El verdadero pendiente, entonces, no es un plan A, B, C o D. Es una reforma útil. Una que enfrente problemas reales: la infiltración del crimen organizado en procesos electorales, la opacidad en el financiamiento, la debilidad de los mecanismos de fiscalización y, no menos importante, la revisión de las estructuras internas de los propios órganos electorales (con todo lo que implica).
Lo demás, por más ingenioso que parezca, es de esas cosas que suenan bien… hasta que se entienden.
Seguimos…
