Firewall ciudadano: claves y controles. El plan B y la cirugía mayor

A la famosa “derrota calculada” —que en el argot político mexicano viene siendo como ese revés que se negocia en corto para evitar males mayores— le siguió el anuncio matutino de la presidente Sheinbaum: el 16 de marzo presentarán la nueva reforma electoral. Y ojo, porque lo que viene no es coser y cantar, sino cirugía mayor con el cuchillo del chef como bisturí.

Para quienes ya peinamos algunas canas en este oficio —y vimos desde jóvenes cómo se armaba el entramado electoral que hoy tenemos— conviene recordar algo: el sistema actual no surgió de la nada. Se fue construyendo, pieza por pieza, después de la crisis de confianza que dejó la Elección presidencial mexicana de 1988. De ahí nació primero el Instituto Federal Electoral, que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el Instituto Nacional Electoral.

El objetivo era claro: blindar las elecciones con instituciones profesionales y permanentes. Y lo cierto es que durante décadas el modelo funcionó razonablemente bien para construir confianza en el voto.

Pero también es cierto que, con los años, el aparato fue creciendo como suelen crecer las burocracias: sin que nadie se detenga demasiado a revisar si cada pieza sigue siendo indispensable.

Por lo pronto, al saque inicial del plan B, la propuesta mañanera, le detectamos tres ejes: menos dispendio en congresos locales y ayuntamientos (con el riesgo de invadir facultades de estos últimos), más consultas populares y algunos ajustes operativos en el funcionamiento del INE. Hasta ahí, todo suena razonable, como cuando alguien dice que va a ordenar su casa. El problema, como siempre, está en los detalles. Y en los números.

Porque conviene decirlo completo: el gasto electoral mexicano no se explica únicamente por los sueldos de los consejeros. Buena parte del presupuesto se va en logística electoral, capacitación de funcionarios de casilla, actualización del padrón y operación territorial permanente. El famoso Registro Federal de Electores —uno de los padrones más confiables de América Latina— no se mantiene solo.

Aun así, cuando uno revisa ciertas cifras, es inevitable levantar la ceja.

Ahí están los números, fríos, gélidos: consejeros del INE ganando alrededor de 167 mil pesos mensuales, directores ejecutivos con más de 160 mil. Y luego bajamos al servicio profesional electoral, donde un vocal ejecutivo local puede superar los 170 mil pesos brutos mensuales y uno distrital los 90 mil.

Aquí conviene detenerse en una anécdota que, sin explicar todo el sistema, sí ilustra bien cómo operan ciertas inercias burocráticas.

Corrían los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando Jaime Juárez Jasso, entonces vocal ejecutivo del INE en el estado de Guanajuato, atendió gustoso la instrucción de sus superiores: ¿por qué conformarse con lo que la nueva política de austeridad establecía, pudiendo mantener los privilegios vía el amparo?

Así que, para perderse entre la multitud, impulsó entre los trabajadores del instituto la contratación de un despacho jurídico para promover recursos legales y mantener intactos sus ingresos. La movida le funcionó. Total, para eso están también las solidaridades gremiales. Y así, lo que iba a ser una medida de austeridad se fue al carajo por la vía judicial.

Ahora multipliquen esos salarios por 32 entidades y por 300 distritos, y entenderán por qué el debate sobre la estructura del INE no es simplemente una ocurrencia de Palacio Nacional.

Pero tampoco conviene caer en simplificaciones. El verdadero dilema no es solo cuánto cuesta organizar elecciones. Coincido con varios analistas en que la pregunta de fondo —la que pocas veces se formula con honestidad— es otra:

¿Cuánto cuesta perder la confianza en las elecciones? Y agregaría: ¿cuánto cuesta que el gobierno controle las elecciones? Porque si la reforma toca la estructura territorial del INE, el riesgo no es el gasto, es que los programas electorales queden en manos de improvisados leales al poder central.

Porque si algo aprendimos quienes empezamos a seguir la política mexicana en los años noventa del siglo pasado, es que recuperar credibilidad institucional puede tomar décadas… y perderla apenas una noche electoral, (remember la elección judicial).

Ahí está el punto delicado de cualquier reforma.

Por eso resulta interesante que varios ex vocales del organismo —gente que conoce la maquinaria desde dentro— reconozcan que la comisión presidencial que revisa el modelo electoral no anda del todo desencaminada al hablar de reingeniería institucional.

No se trata de desaparecer las juntas distritales cada que termina una elección, como ha llegado a plantear con su habitual sutileza Pablo Gómez. Eso sería, coinciden algunos ex funcionarios del propio instituto, como cerrar las estaciones de bomberos cuando no hay incendios y volverlas a abrir cuando empieza la temporada de sequía.

Un ex vocal de capacitación de junta local lo explica mejor: la discusión real no pasa por desmontar la estructura, sino por hacerla más eficiente. Por ejemplo, fusionar áreas —Organización Electoral y Capacitación en una sola vocalía; la Ejecutiva con la del Secretario— o disminuir e integrar funciones administrativas que hoy están dispersas y en algunos casos dobleteadas. El principio de colegialidad existe en la norma, pero en la práctica muchas decisiones siguen concentrándose en las manos de los coordinadores, conozcan o no el tema.

Y luego están los Organismos Públicos Locales Electorales, los famosos OPLES, que merecerían capítulo aparte.

Porque si uno revisa con calma sus presupuestos —algo que a estas alturas de la vida uno ya hace casi por reflejo profesional— aparecen curiosidades interesantes. Cuántos recursos se destinan a eventos sobre empoderamiento de la mujer —necesarios, sin duda— y cuántos a actividades orientadas a fomentar participación ciudadana efectiva o educación cívica de largo aliento.

No es que una cosa excluya a la otra. Pero cuando los números cantan, conviene preguntarse si no habrá ahí un desbalance que merezca revisión. O si algunos de esos eventos no serán, en el fondo, más para consumo institucional que para auténtica promoción democrática.

Uno de los argumentos oficiales para presentar una nueva reforma electoral tiene lógica política: México sigue siendo un país con profundas desigualdades y todo peso que se ahorre en la parafernalia electoral podría destinarse a educación o salud.

¿Quién podría oponerse a eso?

El problema, como siempre en política pública, no es el qué, sino el cómo. Y sobre todo, el con quién.

Porque si algo enseñan los años —y después de décadas siguiendo estas cosas algo se aprende— es que cuando los nervios empiezan a sentirse dentro de una institución, suele ser porque se acerca una tormenta de verdad.

Y en el INE y en los OPLES, según cuentan quienes están ahí dentro, los nervios ya empezaron a aparecer.

Veremos si esta vez el plan B termina siendo una reforma de fondo o simplemente el mismo chocolate con otro molde… mientras los Juárez Jasso de turno buscan, como siempre, la forma de amarrar su navío antes de que cambie la marea.

Al final del día, en México seguimos intentando abaratar las elecciones… sin olvidar que lo único que realmente no nos podemos permitir es que vuelvan a salir baratas.