La diputada Jenny García Oliveros, Maribel Aguilar González, Plásida Calzada Velázquez, así como los diputados David Martínez Mendizábal, Ernesto Millán Soberanes, Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Antonio Chaurand Sorzano, participaron en la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde gracias a su intervención se logró la modificación de los dictámenes de las leyes de ingresos municipales en favor de las familias buscadoras de Guanajuato.
En el uso de la voz, la diputada Jenny García Oliveros, Presidenta de la Comisión de Justicia, propuso e impulsó un acuerdo fundamental para garantizar que, en los 46 municipios de Guanajuato, se respete la gratuidad en los servicios que prestan los ayuntamientos a las víctimas.
La legisladora explicó que lo aprobado implica que los cobros por derechos, específicamente en temas sensibles como las inhumaciones relacionadas con la búsqueda y localización de personas, deberán ser condonados al 100 por ciento. Este beneficio tiene un impacto social directo, pues alivia la carga económica de las familias que, además de enfrentar el dolor emocional de la desaparición, a menudo deben costear gastos funerarios imprevistos.
Para consolidar este avance, el diputado Ernesto Millán Soberanes argumentó que, dado que el Estado ha quedado a deber en materia de seguridad, es una obligación moral y legal eliminar estos cobros que, si bien no representan un ingreso mayor para las arcas municipales, sí significan un golpe financiero para las familias de las víctimas. En coincidencia, el diputado David Martínez Mendizábal reforzó la postura señalando que esta medida es una forma mínima de compensación ante el sufrimiento de la gente, logrando que la propuesta se aprobara por unanimidad para incluirse obligatoriamente en todos los decretos municipales.
Por otra parte, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor defendió la necesidad de que los municipios alineen sus cobros a las leyes estatales que protegen a los grupos vulnerables, insistiendo en que la autonomía municipal no puede estar por encima de la justicia social. Sin embargo, a pesar de los argumentos presentados por los diputados Antonio Chaurand Sorzano, Maribel Aguilar González y Plásida Calzada Velázquez para establecer descuentos fijos del 50 por ciento en el servicio de agua potable para adultos mayores y personas con discapacidad en municipios como Ocampo, Tarandacuao y Xichú, la mayoría de las otras fuerzas políticas rechazó estas reservas, negando un beneficio directo a la economía de los más necesitados.
El resultado final de la sesión fue la aprobación en lo general del primer bloque de leyes de ingresos, con la aportación de parte del Grupo Parlamentario de Morena, en la protección a las víctimas.
De esta manera la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato integrará una realidad a través de las tesorerías municipales, asegurando que ningún familiar o madre buscadora tenga que pagar por los servicios funerarios derivados de la tragedia de la desaparición, un paso firme hacia el gobierno humanista que impulsa el movimiento.
