Llaman a fortalecer la fiscalización del hospedaje contratado mediante plataformas digitales

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Luz Itzel Mendo González presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en coordinación con las entidades federativas, a fortalecer los mecanismos de intercambio de información sobre los servicios de hospedaje contratados mediante plataformas digitales, con el propósito de facilitar la identificación de prestadores, inmuebles y operaciones, verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales locales y detectar posibles omisiones en el pago del impuesto sobre hospedaje.

Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra señaló que la expansión de las plataformas digitales ha transformado el mercado de alojamiento y ampliado las alternativas para las personas usuarias; sin embargo, también plantea retos para las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y regulatorias.

Comentó que se advierte que la información sobre las operaciones puede concentrarse en las plataformas intermediarias, lo que dificulta a las entidades federativas identificar a quienes prestan los servicios y verificar el cumplimiento de las contribuciones locales.

Márquez Becerra dijo que la propuesta plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, analice la viabilidad jurídica, técnica y operativa de revisar los instrumentos de coordinación existentes o establecer nuevos mecanismos que permitan a las autoridades fiscales locales acceder, conforme a las disposiciones aplicables, a información sobre las personas prestadoras de servicios, la ubicación de los inmuebles destinados al hospedaje y los montos y períodos de las operaciones intermediadas, incluso cuando las plataformas no realicen directamente el cobro.

Asimismo, expuso el congresista que las entidades federativas cuentan con atribuciones para establecer contribuciones sobre los servicios de hospedaje conforme a sus respectivas legislaciones, mientras que la Federación ejerce sus propias facultades en materia tributaria.

El legislador afirmó que se propone aprovechar los mecanismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para mejorar la colaboración administrativa y el intercambio de información entre ambos órdenes de gobierno, sin modificar la distribución de competencias ni desconocer las particularidades jurídicas de cada modalidad de alojamiento.

Detalló que las operaciones realizadas mediante plataformas digitales pueden involucrar distintos participantes y servicios, como el alojamiento proporcionado por una persona propietaria o prestadora y la intermediación tecnológica que facilita la contratación, y que esa distinción resulta relevante para determinar las obligaciones fiscales que corresponden a cada participante y evitar que las diferencias en el acceso a la información dificulten la verificación del impuesto sobre hospedaje.

Márquez Becerra manifestó que, además de los aspectos tributarios, se plantea evaluar mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan a las autoridades competentes utilizar, con fundamento jurídico específico y conforme a sus atribuciones, la información necesaria para atender asuntos relacionados con la actividad turística, el funcionamiento de los establecimientos, la seguridad y la protección civil. Para ello, se considera necesario respetar las disposiciones sobre secreto fiscal y protección de datos personales.

Finalmente, señaló que el objetivo es fortalecer la capacidad de las autoridades para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y regulatorias, así como favorecer condiciones de competencia en el mercado de hospedaje, de manera que la innovación tecnológica conviva con el cumplimiento de las disposiciones aplicables y la protección de las personas usuarias.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su estudio y dictamen.