Blindar la seguridad privada, propone el diputado Alejandro Arias

Herramientas suficientes para supervisión de la seguridad privada, a fin de prevenir riesgos de que sea utilizada por organizaciones criminales y para garantizar que cumpla a cabalidad su función auxiliar de la seguridad pública, propuso el diputado Alejandro Arias. 

Al exponer las motivaciones de su propuesta legislativa, afirmó que las empresas de seguridad privada deben ser confiables, “con personal sujeto a controles y autoridades con herramientas suficientes para supervisar sus actividades”.

Dijo que investigaciones e información difundida a partir de hechos de violencia en campos deportivos de Salamanca, Celaya e Irapuato, han puesto sobre la mesa un riesgo que merece atención: la posible infiltración de grupos criminales en los servicios de seguridad privada.

“Han señalado posibles vínculos entre personas relacionadas con estos servicios y organizaciones delictivas”, señaló y subrayó que esa situación obliga a revisar si contamos con las disposiciones normativas necesarias para prevenir estos riesgos.

Sostuvo, además, que también es sabido que en conjuntos habitacionales en los que los colonos contratan seguridad privada, suelen presentarse actos delictivos, que ponen bajo sospecha a los elementos que prestan ese servicio.

El coordinador del GPPRI indicó que, para una mejor supervisión de empresas de seguridad, su iniciativa contempla fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Paz y ampliar las modalidades de ese servicio.

Al respecto, detalló que su iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada plantea consolidar un mecanismo de intercambio de datos relacionados sobre la prestación de los servicios de seguridad privada para apoyar tareas de prevención del delito y seguridad pública.

Asimismo -añadió-, para dar seguimiento a contrataciones de empresas de seguridad privada y contar con información para valorar posibles riesgos, se propone integrar y mantener actualizada una base de datos sobre solicitudes de empleo e incorporación de personas que hayan pertenecido a corporaciones policíacas estatales o municipales.

Arias Ávila aclaró que la aplicación de la anterior propuesta sería con respeto a la protección de datos personales, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ejercer una actividad lícita.

Agregó que también se plantea consolidar otra base de datos sobre actos delictivos ocurridos durante la prestación de servicios de seguridad privada o en los que se vean involucrados sus prestadores, para “identificar patrones, orientar las labores de inspección y fortalecer las capacidades de análisis e inteligencia policial”.

Puntualizó que para instrumentar esas medidas se facultaría a la Secretaría de Seguridad y Paz para establecer los lineamientos y mecanismos de coordinación e intercambio de información correspondientes.

Aseveró que su iniciativa contempla además que, a las ocho modalidades de servicios de seguridad privada reconocidos en la norma vigente, se sumen dos que requieren una regulación expresa y que, por consiguiente, quedarían sujetas a obligaciones de autorización, supervisión y control:

La seguridad privada intramuros o vigilancia fija, que comprende el control de personas y vehículos en fraccionamientos, zonas residenciales, centros comerciales, oficinas gubernamentales y empresas y la custodia de mercancías durante su traslado.

“Y la seguridad privada para eventos sociales, institucionales, corporativos o masivos, con funciones de control de acceso y prevención de disturbios”, completó el legislador.