Declaran aprobada Minuta sobre reformas constitucionales en materia de prisión preventiva oficiosa, elección judicial, soberanía nacional y derecho al cuidado del medio ambiente

El Pleno del Congreso del Estado declaró aprobada la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reformó la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, reestructurar las instancias del Tribunal de Disciplina Judicial, regular los procesos de evaluación, postulación y elección de personas magistradas y juzgadoras en la entidad, la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, soberanía nacional y establecer el derecho al conocimiento del cuidado del medio ambiente.

Además, avaló los informes de resultados de las evaluaciones al desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicadas a las administraciones municipales de Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado y Moroleón, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

De igual manera, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de varias propuestas legales. Se trata del punto de acuerdo que buscaba exhortar a la Secretaría del Nuevo Comienzo para que efectuara una metodología participativa que involucre a la población guanajuatense, tendiente a obtener la información relacionada con la estructura, organización y cultura de los pueblos, considerando la autoadscripción indígena y así las comunidades de Don Francisco, Ex Hacienda de Peña Blanca, San Martín de la Petaca, Tierra Blanca de Abajo, ambas de San Miguel de Allende; Fracción de Guadalupe, Peña Blanca Dos y Peña Blanca de Cieneguilla pertenecientes al municipio de Tierra Blanca; San Agustín de Comonfort; Urireo, Salvatierra y demás comunidades que se autoidentifiquen como indígenas.

El punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que instruya la revisión integral de las observaciones, señalamientos, omisiones y posibles irregularidades manifestadas; a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato para que revise la posible calidad de víctimas directas o indirectas, acceso a asesoría jurídica, acompañamiento institucional, medidas de ayuda, asistencia, atención, protección, orientación, acceso a la información y demás derechos reconocidos en la legislación aplicable y al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato para que revise las manifestaciones contenidas en el documento referido y pedir a la Fiscalía General que realice una revisión integral, objetiva y exhaustiva de las carpetas de investigación, averiguaciones previas, determinaciones ministeriales y actuaciones relacionadas con los casos expuestos en el punto de acuerdo presentado el 16 de junio de 2026.

Otro que buscaba exhortar también al fiscal para que, en el ámbito de su autonomía constitucional y sin prejuzgar sobre investigación, determinación ministerial o control judicial alguno, adopte las medidas institucionales necesarias para asegurar que las investigaciones por el delito previsto en el artículo 278 del Código Penal del Estado de Guanajuato, cuando se relacionen con conflictos colectivos de trabajo, observen los principios de legalidad, objetividad y debida diligencia; comprendan elementos de cargo y de descargo.

De igual manera, las iniciativas de reforma al Código Penal estatal para reforzar el tipo penal de feminicidio; proteger a niñas, niños y adolescentes de grupos delictivos y se incremente la pena si el feminicidio es contra una mujer indígena.

Al presentar el dictamen, la diputada Susana Bermúdez Cano se refirió a las competencias que tienen los legisladores estatales y a que no pueden legislar en materia de trata de personas y de feminicidio; mientras que la congresista Maribel Aguilar González manifestó que el sentido negativo no es hacia la iniciativa sino hacia el nuevo régimen de competencia y la iniciativa de ley en materia de feminicidio a nivel federal.

Asuntos generales

La congresista María Eugenia García Oliveros abordó la crisis del agua destacando la situación crítica sufrida en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco y resaltó la inversión de alrededor de 13,000 millones de pesos anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender el problema en dicha entidad, comparándolo con el respaldo previo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León como muestra del compromiso de la Cuarta Transformación ante la incapacidad de los gobiernos locales para resolver estas emergencias.

En rectificación de hechos, la diputada Angélica Casillas Martínez indicó que no era comparable hablar de tres entidades federativas con condiciones diferentes, que en el caso de Guadalajara la contaminación es por incompetencia, en Nuevo León otro tema y que Guanajuato es otra historia y habría que conocerla; se debe a la contaminación antropogénica y de los mantos freáticos.

En su intervención, el legislador Jesús Hernández Hernández manifestó que la discriminación se manifiesta de distintas maneras. En ese sentido, habló de los ajustes razonables, los cuales, dijo, no eran privilegios, concesiones ni favores sino derechos que deben garantizarse.

En su oportunidad, el legislador Rodrigo González Zaragoza hizo un llamado a mantener la unidad republicana y el diálogo institucional para responder a la preocupación ciudadana en León sobre su infraestructura vial, señalando que resulta inaceptable que una ciudad de casi dos millones de habitantes siga dependiendo de un solo acceso principal y enfatizó que la movilidad no debe priorizar únicamente a los automóviles mediante obras costosas como el proyectado puente vehicular de casi 440 millones de pesos, sino apostar por un transporte público de avanzada y alternativas seguras para mujeres e infancias.

El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero rectificó hechos al mencionar que León tiene más de tres accesos para llegar, que es real que requiere el nuevo acceso en comento y que el recurso se destinará a diferentes obras; mientras, que el congresista Jorge Arturo Espadas Galván manifestó que León tiene muchas necesidades de movilidad y que se tiene que poner primero a las personas, que para ejercer un recurso se tienen que cumplir con diversos requisitos y eso no se hizo.

En su oportunidad, el congresista Roberto Carlos Terán alertó sobre el crítico avance del gusano barrenador en Guanajuato que registra 82 casos activos en 21 municipios y presencia detectada en especies bovinas, caninas e incluso en 15 seres humanos de la entidad, además de exigir al Gobierno Federal una estrategia territorial efectiva en lugar de meros comunicados, advirtiendo que la plaga atenta contra la salud y el sector agropecuario, donde ya afecta a 30 estados con más de 600 contagios humanos y ocho defunciones.

Finalmente, el legislador José Salvador Tovar Vargas habló sobre Silao de la Victoria, su desarrollo y el crecimiento que ha tenido, sin embargo, apuntó que la crisis de inseguridad ha afectado el municipio de manera alarmante y que lo que estaba en juego no eran cifras sino personas y la confianza que tienen en las instituciones que tienen para protegerlos. Hizo un llamado para que las propuestas de un punto de acuerdo en la materia se atiendan.