Guadalupe Taddei y su escándalo de corrupción abren otro frente de desconfianza para el INE en la antesala de 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE), el árbitro de los comicios en México, ha atraído los reflectores antes de tiempo y no por la organización de los comicios de 2027 en curso. Un escándalo ha caído como avalancha en la herradura de la democracia y ha dejado una estela de interrogantes en el aire, entre ellas, la probidad de quienes deben vigilar la limpieza de las elecciones. Guadalupe Taddei, presidenta del organismo, ha intentado atajar la crisis que pesa sobre ella con un portal de transparencia y una acusación dirigida a los partidos políticos. Ha rechazado que tenga empresas favoritas y ha dicho que las elecciones no se ganan debilitando al árbitro. Con todo, no ha conseguido disipar las incógnitas que rodean el escándalo de corrupción que crece día a día. Tampoco ha dado respuesta a la evidencia que choca con sus declaraciones.

La crisis ha trascendido los contratos y alcanzado la esfera privada de Taddei. De acuerdo con información y material audiovisual publicado por el diario Reforma, la presidenta del INE mantiene una relación cercana con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Hacienda pública, por presuntas irregularidades. Fuentes del instituto citadas por el diario y respaldadas con fotografías y videos dejan ver que ambos coinciden en comidas, juegos de cartas y reuniones sociales, una cercanía que apunta a un puñado de irregularidades y violaciones a la ley.

Una de las escenas más reveladoras es el festejo por el cumpleaños 62 de Taddei, celebrado el 26 de junio de 2025 en una casona de San Miguel Chapultepec. Hernández Casillas, refiere el periódico, habría participado en la organización de la fiesta, a la que acudieron familiares de la presidenta, funcionarios de su círculo cercano y colaboradores del empresario.

La sesión del INE de este jueves refleja el tamaño de la crisis que le ha estallado en las manos a Taddei. Los representantes del PRI y Somos, ambos de oposición, han exigido su renuncia. Otros, como el PAN, piden, por lo menos, una licencia temporal mientras explica su relación con Hernández Casillas. La consejera se ha limitado a responder: “Cuando algunos creen que desacreditando a la autoridad electoral pueden obtener alguna ventaja política, conviene recordar que las elecciones no se ganan cuestionando a la institución”, ha dicho este jueves. Y ha descartado su dimisión. “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, lanzó.

La presidenta ha eludido el tema. Taddei se retiró sin responder las preguntas sobre sus vínculos con proveedores privilegiados con contratos de materiales electorales durante la conferencia de este miércoles a la que convocó para presentar una plataforma de consulta sobre las contrataciones electorales. En un intento por apagar el escándalo.

La falta de respuestas ha puesto en tela de juicio la credibilidad y probidad de la máxima autoridad en el INE, elementos fundamentales para el instituto a cargo de organizar y vigilar los comicios. Cuando la cabeza de un organismo se convierte en parte central de una controversia del tamaño de esta, el problema no se reduce a lo administrativo, toca pilares esenciales que deben tener consecuencias, han coincidido actores de la oposición.

El tema no es menor, el destino de los recursos del INE está en juego. El órgano cuenta con un presupuesto propio que este año alcanzó más de 14.000 millones de pesos, un monto destinado, entre otras cosas, a la compra de boletas, urnas, documentación e insumos que forman parte de un mercado especializado en el que participan empresas con una larga trayectoria como proveedoras de los organismos electorales. Entre los nombres de ese puñado de firmas están: Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litho Formas, relacionadas con el empresario Hernández Casillas. Esto ha abierto la puerta a una serie de cuestionamientos sobre la posibilidad de que las relaciones personales influyan en la asignación de contratos.

Taddei ha sostenido que las empresas cuestionadas mantienen relaciones contractuales con el instituto desde antes de su llegada a la presidencia. También ha defendido la regularidad de los nombramientos de colaboradores de su oficina, después de que se revelara información sobre trabajadores vinculados laboralmente con compañías del sector. Entre ellos, el chofer Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg. También fue contratado como director de Administración, Jesús Octavio García, exrepresentante del mismo consorcio de material electoral; y el actual director de Recursos Materiales, Mario Burciaga. Estas contrataciones fueron presuntamente gestionadas por Taddei, bajo el amparo de la reforma empujada por Morena que le dio la atribución de hacer nombramientos unilaterales, sin el consenso de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General.

La presidenta anunció que la información se pondría a disposición del Órgano Interno de Control e invitó a la Auditoría Superior de la Federación a revisar el caso. El objetivo es disipar las sospechas sobre los criterios empleados para elegir a los proveedores, quién intervino y qué filtros se aplicaron para impedir posibles conflictos de intereses.

La controversia ha generado una nueva grieta en las entrañas del Consejo General. La división de los 11 consejeros que integran el colegiado es visible. Una situación de alerta en pleno proceso electoral, que exige coordinación, acuerdos operativos y confianza entre las consejerías.

Sobre Taddei pesa, además, una historia política que precede al actual escándalo. Su designación por medio de una tómbola en abril de 2023, después de haber presidido el organismo electoral de Sonora, estuvo acompañada de cuestionamientos por sus vínculos con personas relacionadas con Morena y con cargos públicos. Sus críticos interpretaron esas conexiones como una señal de cercanía con el oficialismo. Esos vínculos, por sí solos, no probaron subordinación política, pero contribuyeron a instalar una sospecha que sus decisiones y el apoyo de Morena, el partido gobernante, no han conseguido disipar por completo tres años después.

La discusión sobre la independencia de Taddei se ha reactivado con cada controversia relevante. Lo que ha afectado la percepción de imparcialidad de la presidenta. la funcionaria ha optado por presentar las críticas como parte de una estrategia para debilitar al INE.

El calendario agrava el momento. Las elecciones de 2027 están en proceso de organización y el INE debe concentrar su capacidad política y técnica en los preparativos de la contienda. Mientras administra una crisis de credibilidad que toma como rehén a una institución que debe tener la confianza de los actores políticos y del electorado.