Cirugías estéticas: con profesionales, en instalaciones adecuadas y bajo vigilancia, planteó la diputada Ruth Tiscareño

La diputada Ruth Tiscareño presentó una iniciativa para que cirugías estéticas no terminen en infecciones crónicas, necrosis, lesiones permanentes, daños en órganos vitales e incluso la muerte.

Su propuesta busca garantizar que personas que, en ejercicio de su libertad, recurran a una cirugía estética para mejorar su apariencia, se sometan a esa intervención en condiciones que protejan su salud: con profesionales, en instalaciones adecuadas y bajo vigilancia de autoridades competentes.

Subrayó que, entre las prácticas de mayor riesgo, se encuentra la aplicación de sustancias modelantes que carecen de autorización sanitaria o que, por su naturaleza, resultan peligrosas para el cuerpo humano.

De hecho, su iniciativa de reforma consiste en establecer en el Código Penal un delito específico para la aplicación de sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos, como la parafina, la silicona líquida, el cemento óseo y los aceites minerales o comestibles.

Asimismo, además de reconocer que la aplicación de esas sustancias implica un riesgo para la salud y la vida, en su iniciativa se advierte que “a este problema se suma la operación de establecimientos que carecen de las condiciones sanitarias adecuadas y la participación de personas sin la preparación profesional requerida”.

Ante el Pleno de la LXVI Legislatura, Tiscareño Agoitia detalló que su propuesta de incorporar esa figura al Código Penal contempla tres vertientes:

Prevé sancionar con una pena de dos a cuatro años de prisión la aplicación de sustancias que puedan ser nocivas, tóxicas o peligrosas para la salud, aun cuando la persona receptora no presente lesiones, y con cuatro a ocho años de cárcel si hay alteraciones temporales o permanentes en la salud de las personas receptoras.  

Indicó que el tercer aspecto se dirige a la responsabilidad de los servidores públicos que expidan o participen en la expedición de permisos de funcionamiento a establecimientos que incumplan los requisitos sanitarios y carezcan de médicos con cédula profesional y la especialización o certificación correspondiente.

“Para estos servidores públicos se propone aplicar las sanciones previstas para los supuestos de daño a la salud”, puntualizó.

Puntualizó que su propuesta legislativa también define las sustancias modelantes no autorizadas y precisa los procedimientos comprendidos en los fines estéticos, incluidos los tratamientos invasivos y las intervenciones quirúrgicas destinados a modificar el contorno o la forma de distintas regiones del rostro y del cuerpo.

Durante la exposición de motivos de la reforma al Código Penal propuesta, dijo que, entre 2014 y 2024, al menos 121 personas murieron tras someterse a cirugías estéticas en nuestro país, y remarcó que cuando un procedimiento estético pone en riesgo la integridad física de las personas, el estado tiene la responsabilidad de establecer normas y consecuencias jurídicas para evitar que ocurran y, en su caso, para imponer sanciones.