Aprueban dictamen para establecer el acoso sexual como falta administrativa grave

 En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato con la que se busca establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave de las personas servidoras públicas.

La diputada María Eugenia García Oliveros manifestó que la iniciativa analizada contribuye a fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, a garantizar la integridad en el servicio público y garantizar la ética. Añadió que era imprescindible que legislen en favor, protección, salvaguarda y dignidad de las mujeres guanajuatenses.

Concluyó al precisar que la violencia que viven las mujeres se hace presente en cualquier entorno laboral y se tiene que combatir en todos los espacios, incluyendo las oficinas de gobierno.

El dictamen se aprobó en lo general. En lo particular, la diputada Susana Bermúdez Cano y el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero anunciaron reservas que se revisarán en la siguiente sesión.

Además, se aprobó el dictamen de la terna que presentó la gobernadora del estado para la designación de la persona que ocupará la presidencia de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, la cual está integrada por Lucía Berenice Acosta Gómez, Efraín Alcalá Chávez y Francisco Javier Juárez León.

La diputada María Eugenia García Oliveros señaló que se unía al sentido positivo del dictamen, que, si bien les hubiera gustado una mayor participación de los colectivos, se logró incluirlos en la difusión curricular, así como en las entrevistas, donde se dio cuenta de la formación que tienen en la materia.

Agregó que se tiene que seguir garantizando el acceso a los servicios multidisciplinarios que el Estado brinda a las víctimas de los delitos. Además, refirió que son varios retos los que tendrán que trabajar, entre los más importantes y en los que coincidieron están las reparaciones colectivas, las iniciativas de memoria de carácter cultural, la atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas, la adecuación del Fondo de Emergencia Especializada, entre otras.

García Oliveros compartió la necesidad de brindar más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda y asistencia a víctimas, dando prioridad a aquellas que se encuentran en zonas de mayor dificultad de acceso para recibir ayuda.

Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano recordó que cada una de las propuestas nace de las recomendaciones de diversos colectivos e instituciones. Asimismo, indicó que del proceso se observaron varios retos como el digital, el uso de inteligencia artificial para mejorar los procesos y ayudar, eliminar las gestorías de las que se quejan muchas personas, capacitar al cuerpo de asesores, por mencionar algunos.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, quien recalcó que las tres propuestas son muy buenos perfiles y que, independientemente de la decisión que se tome en Pleno, la persona que se elija tendrá un gran reto, pero será una excelente decisión sin importar la persona ganadora. Remarcó que ahora sigue la etapa de consolidación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas porque ya cuenta con los elementos humanos y financieros.

En su oportunidad, la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla comentó que fue un proceso abierto, transparente y que la terna está integrada por perfiles valiosos, así como que ahora toca fortalecer la Comisión y atender las áreas de oportunidad.

Finalmente, el congresista Juan Carlos Romero Hicks señaló que el proceso cumple el máximo de transparencia, desde lo realizado por el Ejecutivo, la selección de la terna, la difusión de este y la coincidencia en la preocupación de los temas de las personas.

Otros asuntos

Como parte del orden del día se dio cuenta y se aprobó la metodología de análisis de dos iniciativas. La primera plantea modificaciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para eliminar la parte normativa que señala que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.

Para su análisis se remitirá al Poder Judicial, a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaria de Gobierno, a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, quienes contarán con un término de 10 días naturales para enviar sus opiniones.

La segunda propone cambios a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, en materia de investigación y la búsqueda de personas desaparecidas. Ésta se enviará al Poder Judicial, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Paz, a la Secretaría de Derechos Humanos, a las comisiones estatales de Búsqueda de Personas y de Atención Integral a Víctimas, al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a los colectivos de buscadoras, a las instituciones de educación superior con mayor matrícula y con facultades de derecho, al Colegio Estatal de Abogados, instituciones privadas que presten el servicio de panteones, cementerios, servicios funerarios, crematorios y fosas comunes en el Estado y a los 46 ayuntamientos quienes contarán con un término de 20 días hábiles para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes.

Para ambas propuestas se habilitarán enlaces en la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.

Finalmente, se avaló la modificación de la metodología de estudio de la iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución Política local, en materia de precios de garantía para contribuir a garantizar los derechos sociales de las y los campesinos guanajuatenses, así como el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia cultural, para que se integre al Instituto de Investigaciones Legislativas y a la Oficina de Representación en Guanajuato de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, María Eugenia García Oliveros, Rocío Cervantes Barba y María Isabel Ortiz Mantilla, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Rodrigo González Zaragoza y Sergio Alejandro Contreras Guerrero.