Avanza matrimnonio igualitario y PAN frena aborto en comisiones

En sesión de la Comisión de Justicia se aprobó el dictamen de cuatro iniciativas de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato en materia de matrimonio.

Con estas modificaciones se precisa que el matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, se ajusta en el cuerpo normativo lo relativo al marido y la mujer por personas cónyuges.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.

De igual manera, se avaló el dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Penal estatal para incluir los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual. Con estas modificaciones se precisa que a quien imparta u obligue a un menor de edad o incapaz a recibir esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de veinte a sesenta días de multa; y que el delito se perseguirá de oficio. 

Se añade que, se entiende por esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, aquellas prácticas en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional y se utilicen tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana, consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, médicas o cualquier método o tratamiento, que tengan por objeto anular o menoscabar la expresión o identidad de género o la orientación sexual de la víctima.

Se precisa que cuando el sujeto activo del delito sea el padre, madre o tutor de la víctima, la pena aplicable será de veinte a sesenta días multa y tratamiento psicoterapéutico integral por el tiempo que determine el juez, y que el consentimiento informado otorgado por la víctima mayor de edad excluye a este delito.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia propuso una reserva relativa al párrafo tercero, para eliminarlo, al considerar innecesario lo relativo a que en caso de que exista concurso de este delito con algún otro, se aplicará la sanción correspondiente al delito de mayor punibilidad, la cual podrá aumentarse hasta una mitad más del máximo de la correspondiente al delito de menor gravedad; mientras que, la congresista Karol Jared González Márquez solicitó se reubicará el último párrafo para ser el segundo, ambas fueron aprobadas.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.

Finalmente, se analizaron tres iniciativas en materia de interrupción legal del embarazo.

La diputada Karol Jared González Márquez señaló que en virtud de que se trata de un tema suficientemente discutido, solicitó se someta a votación el sentido del dictamen y se plasmen en las consideraciones los argumentos contenidos en el dictamen aprobado por esta misma Comisión de Justicia y que fueron posteriormente ratificados por la Asamblea, en el periodo ordinario pasado.

Por su parte, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que las iniciativas en comento los colocaba frente a la obligación de construir un marco legal que esté a la altura de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los estándares internacionales de derechos humanos.

Agregó que la viabilidad jurídica de una reforma integral no estaba en duda porque la Suprema Corte ha sido contundente en señalar que no es constitucional mantener sistemas penales que incriminen a mujeres y personas gestantes por decidir sobre su propio embarazo.

Tiscareño Agoitia subrayó que más allá de cualquier diferencia ideológica, el Congreso debe asumir que legislar conforme a la Constitución no es una opción, es una obligación. Finalmente indicó que estaban ante la oportunidad de emitir un dictamen que armonice técnica jurídica, derechos humanos y realidad social.

En su oportunidad, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que los temas relativos a los derechos de las mujeres nunca van a estar suficientemente discutidos porque surgen nuevos temas, y que los derechos son progresivos y como servidoras y servidores públicos tienen el deber de garantizarlos.

Añadió que la propuesta que presentó trae ajustes y se tomaron en cuenta los comentarios vertidos en las mesas y demás reuniones, así como la resolución del amparo de Giré en el que la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el delito tipificado de aborto como está actualmente en el Código Penal estatal precisamente por ser violatorio de los derechos de las mujeres.

Pedroza Orozco remarcó y compartió que si no era suficiente que la Suprema Corte de Justicia haya mencionado que el Código Penal estatal es violatorio de los derechos de las mujeres para que se reforme, y si no era eso lo más responsable como legisladores y legisladoras.

Concluyó al subrayar que lo que busca es que a las mujeres se les deje de criminalizar y de perseguir por decidir, pero también incluso por presentar abortos fortuitos, disminuir la mortalidad materna, garantizar los derechos y protección de las niñas, que no sigan siendo obligadas a ser madres como consecuencia de la violencia estructural que las revictimiza y obliga a concluir sus embarazos.

“Las maternidades impuestas truncan proyectos de vida, arrebatan sueños, arrebatan infancias, metas y futuro, arrebatan vidas y yo no me voy a mantener indiferente ante esta situación”, dijo.

Para concluir, la diputada María Eugenia García Oliveros agradeció a sus homologas por el acompañamiento, y propuso la elaboración de un dictamen en sentido positivo porque, enfatizó, no se podía seguir postergando una decisión que compete única y exclusivamente a cada mujer de acuerdo con sus circunstancias personales y que al mismo tiempo tiene que ver con un tema de salud pública.

Afirmó que debe reconocerse que para la mujer y personas que estantes decidir un aborto es complicado en virtud de que la confronta con factores sociales, culturales, religiosos, de salud y de responsabilidad, así como un proyecto de existencia individual y familiar.  Agrego que la mujer toma generalmente la decisión después de una amplia reflexión, tanto racional como afectiva.

García Oliveros puntualizó que el acceso a la interrupción legal del embarazo es parte esencial de los servicios de salud reproductiva los que tienen derecho las mujeres y personas gestantes que se fundamentan en los derechos a la vida, a la salud incluida la salud productiva, a la integridad física, a la vida privada, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva de las mujeres.

Finalmente, resaltó que cuando los servicios de interrupción legal del embarazo son inaccesibles para las mujeres que lo necesitan o cuando las leyes respectivas son restrictivas, los Estados son responsables a nivel constitucional e internacional por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

La propuesta de elaborar un dictamen en sentido positivo no fue avalada, por lo que se instruyó la elaboración de un dictamen en sentido negativo.

La congresista Susana Bermúdez Cano indicó que el tema ha sido suficientemente discutido, por lo que la postura de su grupo parlamentario no ha cambiado y el derecho a la vida es un tema fundamental protegido desde la concepción, por lo que votarían a favor del dictamen en sentido negativo.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos, y la diputada María Eugenia García Oliveros anunció la presentación de su voto particular.

En el apartado de asuntos generales, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco mencionó que se estaba perdiendo una oportunidad de hacer que el marco jurídico de Guanajuato sea un marco que garantice los derechos, promueva la igualdad y los más altos estándares de protección hacia niñas, adolescentes y mujeres.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Karol Jared González Márquez, Susana Bermúdez Cano y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, así como el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas. Además, los acompañó la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco.