Con estas reformas se armoniza la legislación local con la federal para establecer que el derecho a la protección de la salud tiene entre sus finalidades la promoción de salud y la prevención de enfermedades; que las actividades de atención médica son paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del o la paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.
Política31 de octubre de 2025 Redacción
Con el objeto de garantizar de manera expresa el derecho a la protección de la salud, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato.
Con estas reformas se armoniza la legislación local con la federal para establecer que el derecho a la protección de la salud tiene entre sus finalidades la promoción de salud y la prevención de enfermedades; que las actividades de atención médica son paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del o la paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.
Se precisa que son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud regidos por criterios de universalidad, de gratuidad, igualdad e inclusión al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.
También se indica que queda prohibido el cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. Se añade que para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.
Se precisa que las cuotas de recuperación se fundarán en los principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en zonas de menor desarrollo económico y social.
Como autor del dictamen, el diputado Antonio Chaurand Sorzano manifestó que el dictamen representaba un paso firme hacia el fortalecimiento del Derecho a la Salud en Guanajuato. Agregó que era una reforma necesaria y oportuna, cuyo propósito era asegurar que todas las personas tuvieran acceso efectivo a los servicios de salud.
Añadió que se elimina cualquier condicionante socioeconómica que limite el acceso de las personas a la salud y se reafirma que esa no es un privilegio sino un derecho; se coloca a la prevención como la primera línea de acción para garantizar una vida sana, al reducir la incidencia de enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.
También habló de la inclusión de los cuidados paliativos como parte de las actividades de atención médica, de que queda prohibido el cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social; entre otros aspectos.
Chaurand Sorzano resaltó que estas reformas no solo armonizan la legislación estatal con la federal, sino que también consolidan un marco normativo local orientado a la justicia social, a la equidad y al bienestar colectivo, por lo que Guanajuato daba un paso importante hacia un sistema de salud que prioriza la prevención, la inclusión y la atención digna.
“Este dictamen merece nuestro respaldo porque garantizar la salud de las y los guanajuatenses no es un acto de caridad sino un deber del Estado. Con su aprobación estaremos dando un paso firme hacia un Guanajuato más justo y más humano, con un sistema de salud verdaderamente público y universal”, finalizó.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
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Los vehículos importados desde China, Corea del Sur y la India serán los más afectados por el incremento de hasta un 50% en las tarifas, indican expertos del sector.
Colectivos civiles y agrupaciones de derechos humanos denuncian que el acueducto Solís-León, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Sheinbaum, despojará a miles de habitantes de sus recursos naturales.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.