Comisión de Salud Pública acuerda mesa de trabajo para reformar Ley de Salud estatal

Sesionó la Comisión de Salud Pública para dar trámite a diversos asuntos: en primera instancia se acordó llevar a cabo una mesa de trabajo el próximo 4 de noviembre para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato que tiene como finalidad implementar un sistema estatal de datos que recabe indicadores sobre insuficiencia renal, que permitan establecer factores de riesgo, causas, efectos, origen y tendencias para dar seguimiento a su progresividad.

Asimismo, se analizó la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud para que dentro de sus facultades realice un análisis sobre la situación de la acumulación de basura en zonas urbanas, suburbanas y comunidades del municipio de Silao de la Victoria y sus implicaciones en la salud de los ciudadanos, e informe a esta asamblea de los resultados obtenidos y las acciones que se deben de realizar por parte del Municipio.

El diputado Ernesto Millán Soberanes refirió que el problema de la basura no solo es una cuestión de imagen urbana, sino también de salud, porque los microorganismos que se generan a partir de su descomposición provocan diferentes tipos de plagas. Además, esas mismas partículas van al aire y los efectos negativos para la salud se incrementan.

Remarcó que en ese municipio la problemática es clara, no recolectan de manera puntual los residuos, ni lo hacen de forma correcta.

Por su parte, la legisladora Angélica Casillas Martínez coincidió en que la acumulación de basura no solo representa un problema ambiental, sino también un serio desafío para la salud pública. Situación que provoca infecciones y enfermedades derivadas de la presencia de residuos en zonas urbanas y comunidades, afectando áreas cercanas a viviendas, escuelas, terrenos baldíos, calles y sistemas de drenaje.

Argumentó que, al tratarse de un asunto de salud pública, resulta oportuno exhortar a los 46 ayuntamientos del estado. En ese sentido, propuso un ajuste a la redacción del punto de acuerdo para que quedara de la siguiente la manera: La Sexagésima Sexta Legislatura acuerda girar un atento exhorto a los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que promuevan la gestión integral de los residuos sólidos urbanos a fin de proteger la salud de las y los ciudadanos y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo. Su propuesta fue avalada.

En su oportunidad, la congresista Miriam Reyes Carmona respaldó la propuesta, al resaltar que el tema es más que una cuestión administrativa o de gestión municipal, que era un tema de salud por lo que debería preocuparles y ocuparles a todos.

Añadió que los efectos son consecuencias reales que se están manifestando en colonias y comunidades de los 46 municipios, y que el exhorto no busca sancionar ni politizar el problema sino visibilizarlo y atenderlo con responsabilidad.

Finalmente, se analizó la propuesta de punto de acuerdo que busca exhortar a la gobernadora del Estado para que a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, adopte las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para garantizar la prestación del servicio de hemodiálisis para todas las personas que así lo requieran y no sean derechohabientes del IMSS o ISSSTE.

La legisladora Angélica Casillas Martínez manifestó que era importante revisar la redacción del punto de acuerdo, pues el derecho a la salud es universal y garantiza a todas las personas acceso a la protección sanitaria.

Agregó que es indispensable priorizar la atención a pacientes con insuficiencia renal que requieren terapias sustitutivas mediante hemodiálisis, porque no se trataba de sistemas de salud, sino de responder con urgencia a la necesidad médica de quienes padecen insuficiencia renal crónica.

En ese sentido, propuso que se ampliara a 15 días hábiles el plazo para la solicitud de información a la Secretaría de Salud del Estado, así como a las instituciones del IMSS e ISSSTE.

El congresista Antonio Chaurand Sorzano externó que, si bien coincidía con sus comentarios, no con la ampliación de plazo, porque era un asunto que se tenía que resolver ya, que IMSS o ISSSTE tienen ya esa obligación. Agregó que la insuficiencia renal se encuentra entre las 10 principales causas de muerte en el país, por lo que brindar un tratamiento público gratuito y accesible constituye una obligación del Estado.

Mencionó que el Estado de Guanajuato debe garantizar el servicio de hemodiálisis a todas las personas que lo requieran y que no sean derechohabientes del IMSS e ISSSTE, por lo que propuso la elaboración del dictamen en sentido positivo.

Se sumó a su antecesor la diputada Miriam Reyes Carmona, quien dijo que es un tema que debe resolverse porque se estaba hablando del derecho a la vida y a la salud de cientos de guanajuatenses que enfrentan la batalla contra la insuficiencia renal. Precisó que muchas personas deben acudir a clínicas privadas o a un amparo para recibir ese servicio que debería ofrecerse por parte del sector salud.

Finalmente, la congresista indicó que las personas no requieren ayudas discrecionales, sino de políticas públicas firmes y sostenidas que garanticen su derecho a recibir tratamientos gratuitos y permanentes.

En su oportunidad, el diputado Ernesto Millán Soberanes remarcó que parte fundamental de lo que motivó la propuesta fue el aumento alarmante de personas con este padecimiento, y que en parte se debe a la contaminación de los pozos en el noreste del estado y que se ha diversificado en todo el territorio.

Indicó que la problemática no se ha atendido como es, por lo que las personas tienen que recurrir a un trámite legal para ser atendidas cuando la salud es un derecho constitucional y universal y no se puede negar a nadie la atención.

Para concluir, la diputada Angélica Casillas Martínez remarcó que, si no es un exhorto partidista lo que se está presentando, no comprendía por qué se excluía al IMSS y al ISSSTE porque tanto sistema de salud es uno como el otro, el estatal, ya que se debe priorizar siempre el beneficio para las y los guanajuatenses.

Finalmente se instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo por mayoría de votos.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez, Miriam Reyes Carmona y Luz Itzel Mendo González; así como el diputado. Antonio Chaurand Sorzano (presidente). Los acompañó el congresista Ernesto Millán Soberanes.