La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aunque redujo las sanciones penales previstas para las personas servidoras públicas que sean cómplices y omitan denunciar este delito.
La sesión, celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro este martes 28 de octubre de 2025, concluyó por la noche con una votación en lo particular de 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, enviando la iniciativa al Senado para su trámite constitucional.
Nuevas penas para la extorsión
La nueva normativa define un tipo penal de extorsión aplicable en todo el país y establece mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de prevención, investigación y sanción.
El ajuste más relevante sustituyó el rango original de 10 a 20 años de prisión para funcionarios cómplices por uno de 5 a 12 años, decisión impulsada por legisladores de Morena y sus aliados. Asimismo, contempla una multa de 600 a 3.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Esto es aplicable incluso a funcionarios públicos que, aunque tengan atribuciones en materia de seguridad y procuración de justicia, no denuncien casos de extorsión ante el Ministerio Público.
Originalmente, la iniciativa enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum contemplaba penas de 10 a 20 años en estos supuestos.
El proyecto de decreto también modificó y precisó el contenido de diversos artículos tras la aceptación de reservas, de acuerdo con lo votado por el Pleno.
En el artículo 26, se precisó que los fondos para la reparación del daño de las víctimas provendrán de procedimientos de extinción de dominio.
Además, el artículo 43, sobre la Estrategia Nacional para prevenir y combatir la extorsión, fue detallado para incluir campañas permanentes de información ciudadana, generación de información útil sobre patrones del delito y la definición de metas de seguimiento y rendición de cuentas.
El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, señaló ante el pleno: “No es una indulgencia para el servidor público, es un ejercicio de racionalidad punitiva y proporcionalidad entre la gravedad de la omisión y la sanción prevista. No puede ser más grave la omisión que la ejecución de un acto ilícito que es la extorsión”.
La ley fue resultado de la integración de 12 propuestas legislativas originadas tanto en el Ejecutivo Federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, como en iniciativas promovidas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y PT. El dictamen atiende al decreto que reformó el artículo 73, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para habilitar al Congreso a expedir una ley general en materia de extorsión.
Críticas en la oposición
La modificación generó críticas entre diputados de PAN, PRI y algunos del PT, quienes advirtieron que la reducción de la sanción envía un mensaje equivocado en el combate a la corrupción y la colusión de autoridades.
El coordinador panista, Elías Lixa, propuso elevar la pena de prisión a los autores materiales del delito para mantener la proporcionalidad. “Yo lo que estoy pidiendo es que en vez de bajarle la sanción a los funcionarios que se coluden con los extorsionadores, se la subamos a los extorsionadores”, declaró.
Legisladores del PRI expusieron que con los cambios aceptados el dictamen se queda corto y que hacía falta diseñar tipos penales agravados más contundentes.
Durante el debate, la diputada Olga Sánchez Cordero —ministra en retiro de la Suprema Corte— dialogó con Monreal tras la propuesta de reducción de penas y después se retiró del salón, absteniéndose de votar el dictamen.
