El dictamen quedó aprobado en lo particular con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones. La modificación generó críticas entre diputados de PAN, PRI y algunos del PT, quienes advirtieron que la reducción de la sanción envía un mensaje equivocado en el combate a la corrupción y la colusión de autoridades.
Política29 de octubre de 2025 Redacción
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aunque redujo las sanciones penales previstas para las personas servidoras públicas que sean cómplices y omitan denunciar este delito.
La sesión, celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro este martes 28 de octubre de 2025, concluyó por la noche con una votación en lo particular de 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, enviando la iniciativa al Senado para su trámite constitucional.
Nuevas penas para la extorsión
La nueva normativa define un tipo penal de extorsión aplicable en todo el país y establece mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de prevención, investigación y sanción.
El ajuste más relevante sustituyó el rango original de 10 a 20 años de prisión para funcionarios cómplices por uno de 5 a 12 años, decisión impulsada por legisladores de Morena y sus aliados. Asimismo, contempla una multa de 600 a 3.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Esto es aplicable incluso a funcionarios públicos que, aunque tengan atribuciones en materia de seguridad y procuración de justicia, no denuncien casos de extorsión ante el Ministerio Público.
Originalmente, la iniciativa enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum contemplaba penas de 10 a 20 años en estos supuestos.
El proyecto de decreto también modificó y precisó el contenido de diversos artículos tras la aceptación de reservas, de acuerdo con lo votado por el Pleno.
En el artículo 26, se precisó que los fondos para la reparación del daño de las víctimas provendrán de procedimientos de extinción de dominio.
Además, el artículo 43, sobre la Estrategia Nacional para prevenir y combatir la extorsión, fue detallado para incluir campañas permanentes de información ciudadana, generación de información útil sobre patrones del delito y la definición de metas de seguimiento y rendición de cuentas.
El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, señaló ante el pleno: “No es una indulgencia para el servidor público, es un ejercicio de racionalidad punitiva y proporcionalidad entre la gravedad de la omisión y la sanción prevista. No puede ser más grave la omisión que la ejecución de un acto ilícito que es la extorsión”.
La ley fue resultado de la integración de 12 propuestas legislativas originadas tanto en el Ejecutivo Federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, como en iniciativas promovidas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y PT. El dictamen atiende al decreto que reformó el artículo 73, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para habilitar al Congreso a expedir una ley general en materia de extorsión.
Críticas en la oposición
La modificación generó críticas entre diputados de PAN, PRI y algunos del PT, quienes advirtieron que la reducción de la sanción envía un mensaje equivocado en el combate a la corrupción y la colusión de autoridades.
El coordinador panista, Elías Lixa, propuso elevar la pena de prisión a los autores materiales del delito para mantener la proporcionalidad. “Yo lo que estoy pidiendo es que en vez de bajarle la sanción a los funcionarios que se coluden con los extorsionadores, se la subamos a los extorsionadores”, declaró.
Legisladores del PRI expusieron que con los cambios aceptados el dictamen se queda corto y que hacía falta diseñar tipos penales agravados más contundentes.
Durante el debate, la diputada Olga Sánchez Cordero —ministra en retiro de la Suprema Corte— dialogó con Monreal tras la propuesta de reducción de penas y después se retiró del salón, absteniéndose de votar el dictamen.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
Los vehículos importados desde China, Corea del Sur y la India serán los más afectados por el incremento de hasta un 50% en las tarifas, indican expertos del sector.
Colectivos civiles y agrupaciones de derechos humanos denuncian que el acueducto Solís-León, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Sheinbaum, despojará a miles de habitantes de sus recursos naturales.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.