La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local y al Código Penal estatal en materia de interrupción legal del embarazo.
Al hacer uso de la voz para presentar la exposición de motivos, la congresista indicó que el derecho a decidir nunca ha sido un asunto fácil de legislar, debido a que implica aspectos de la más diversa índole, desde filosóficos y religiosos hasta científicos y jurídicos.
Precisó que, en el caso de México, la regulación del aborto es competencia de las entidades federativas, sin embargo, en cuanto al debate jurídico sobre la interrupción legal del embarazo en el país, lo concluyó la Suprema Corte en 2007 al declarar constitucional la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación.
Agregó que cuando los servicios de interrupción legal del embarazo son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o cuando las leyes respectivas son restrictivas, los Estados son responsables a nivel constitucional e internacional por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
García Oliveros destacó que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida y su futuro.
La legisladora mencionó que el servicio de acceso a la interrupción legal del embarazo es parte esencial de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las mujeres y personas gestantes, que se fundamenta en los derechos a la vida.
Resaltó que en el caso de Guanajuato la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra penalizada en su totalidad, a pesar de los diversos esfuerzos que ha habido para avanzar en la conquista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
También se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia que, dijo, obligan a todas y todos los jueces, incluidos los de Guanajuato, a considerar que son inconstitucionales las normas penales que criminalizan el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación.
Finalmente, manifestó que de aprobarse esta reforma se habrá dado un avance histórico para la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, en particular sus derechos reproductivos, a decidir y a la igualdad sustantiva.
La parte correspondiente a la Constitución Política local se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; mientras que lo relativo al Código Penal se envió a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
