Estrictamente Personal. La transferencia de tres mil millones

Verano fue un buen momento para empacar y con toda la familia irse de México. Los vientos estaban cambiando de dirección. Poco antes habían aparecido las fotografías de su amigo y socio Andrés Manuel López Beltrán en un hotel de cinco estrellas y saliendo de la tienda de Prada en Tokio, con lo que se estaba enviando la señal de que la impunidad que los había blindado por casi siete años podría haber terminado. Jorge Amílcar Olán, la metáfora de la corrupción y los conflictos de interés que acosan a los López Beltrán, los hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se fue a Suiza.

Amílcar Olán, que empapado de un poder prestado y con arrogancia despachaba diariamente en el King Cole Bar en el hotel St. Regis de la Ciudad de México, y cerraba negocios en una de sus residencias –donde el costo empieza en el millón de dólares–, desapareció. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia no modificó sus lances empresariales hasta que, en los hechos, las cosas cambiaron de manera radical. El joven empresario tabasqueño es un cabo suelto en las investigaciones de inteligencia que tiene el gobierno federal sobre el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y sobre toda la red de factureros que construyó la familia durante el sexenio anterior.

Producto de esa investigación, hace poco más de un mes le detectaron una transferencia de tres mil millones de pesos, cuya ingeniería financiera la hizo un facturero de Tabasco a una cuenta en Suiza. Los funcionarios federales que revelaron la transferencia declinaron identificar al facturero y la ubicación exacta de donde se encuentra Amílcar Olán, pero señalaron que saben exactamente dónde está. Para que puedan proceder en su contra, sin embargo, la información de inteligencia necesita ser judicializada por la Fiscalía General, lo cual, hasta este momento, no ha sucedido.

Amílcar Olán, como contextualizó el periodista-investigador Mario Gutiérrez al revelar que había ampliado su portafolio de negocios al sector inmobiliario en el gobierno de Sheinbaum, es el operador central de lo que se ha llamado como “el clan” para describir “la red de corrupción y tráfico de influencias encabezada por Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, y su hermano Gonzalo”. Producto de esa cercanía, se dio la relación con López Hernández, de acuerdo con las investigaciones contra el senador por sus presuntas relaciones con la red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Según las investigaciones, López Hernández buscó, como parte de su estrategia para impulsar y blindar los presuntos negocios que estaba armando en el sur del país, fortalecer sus vínculos con Andrés Manuel López Beltrán, lo que hizo acercando a Amílcar Olán y volviéndolo parte de algunos de ellos. Uno de los negocios, según información de inteligencia, fue a través de la obra pública de Pemex y en empresas de construcción, donde estaba asociado con el hijo del expresidente.

En esa línea, de acuerdo con las investigaciones, se encontraba el empresario Sergio Carmona, quien fue asesinado a finales de 2021; el empresario Daniel Flores Nava, el principal financiero de López Hernández quien tuvo una extraña muerte en julio de 2023; el exsubsecretario de Gobernación y exdirector de Aduanas, Ricardo Peralta, y dos generales retirados.

El nombre de ellos figura en las investigaciones realizadas por la DEA sobre la red del contrabando de combustible que encabezaba Carmona, y que durante las elecciones intermedias de 2021 financió a ocho candidatos de Morena a gubernaturas, principalmente en el norte del país. En esa red se encuentra el secretario de Educación, Mario Delgado, exlíder de Morena; una diputada federal y dos gobernadores actuales que, ha trascendido, tienen casos judicializados en una corte federal en Texas, que se integró con testimonios de 18 personas.

La vinculación con López Hernández y Amílcar Olán no los involucra con la red que encabezaba Carmona, de acuerdo con la investigación federal, pero sí con los negocios del contrabando de combustible en Chiapas y Tabasco, que como se ha revelado, fue utilizado en la construcción del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del canal transístmico y del Aeropuerto Felipe Ángeles, en la Base Militar de Santa Lucía. De todos ellos, sólo Flores Nava estaba públicamente relacionado con proyectos petroleros, en el de Dos Bocas, a través de su empresa Grupo Proyecta.

La relación de Flores Nava con López Hernández y Amílcar Olán tiene más vertientes. Flores Nava, al momento de su muerte en un extraño accidente de aviación al despegar de Veracruz, era el principal financiero del senador, y su segundo, Fernando Padilla, que iba a viajar con él, pero por razones personales no pudo llegar al aeropuerto, heredó el papel del operador financiero más fuerte que le queda a López Hernández. Padilla es quien a través de empresas de salud está financiando la campaña de la senadora Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua.

Padilla está involucrado en el sector de las medicinas, donde Amílcar Olán ha sido figura central de “el clan” de los López Beltrán, al igual que Mario Pacchiano, cercano a los hijos del expresidente, quien es otro de los financieros del senador y, de manera marginal, de la senadora Chávez. Un tercer financiero de López Hernández, vinculado también con los López Beltrán y Amílcar Olán, es Alejandro Calderón Alipi, quien dirigió el IMSS-Bienestar en el sexenio pasado, y actualmente es secretario de Salud de Tabasco.

Amílcar Olán es una bisagra importante en el tejido de la investigación sobre López Hernández, pero también sobre las redes de complicidades de factureros, huachicoleros y crimen organizado, donde presuntamente estarían, cuando menos, ellos dos. La información de inteligencia sobre el amigo y socio de los hijos de López Obrador, pese al hermetismo de los funcionarios sobre los detalles, permite establecer con precisión los negocios de donde salieron los tres mil millones de pesos para la transferencia a cuentas en Suiza, que están perfectamente identificadas a quién o quiénes llegaron los recursos.

Lo que no está tan claro es lo que hará la presidenta con la información. Ha reiterado que no habrá impunidad, pero hasta hoy, parece ser selectiva.