Con el paso del tiempo uno ve caer muros y levantar otros. Hemos visto promesas que se cumplen y demasiadas que se despedazan. Pero en esto de la democracia representativa, hay una verdad: las reglas del juego. Y cuando alguien propone cambiar esas reglas, lo primero que hace un veterano, como los soldados que han estado en combate, es aguzar el oído. No para oír lo que dicen, sino para escuchar lo que se callan.
La comisión presidencial para la reforma electoral trabaja a puerta cerrada, tejiendo lo que podría ser el nuevo mapa de nuestra contienda política (optimismo, ingenuidad o cautela). El tema es espinoso, técnico y político, y por eso mismo, fácil de enredar. Pero vamos con calma.
Los teóricos de la política expresan que todo sistema electoral que se precie de ser una democracia representativa mantiene su estabilidad a partir de tres elementos en esencia. Tres condiciones sin las cuales la posibilidad real de que alguien gane una elección perdiendo el poder es pura ficción.
Primero: El árbitro. Se requiere una institución que organice los comicios y cuente los votos que sea independiente del gobierno de turno. No sugerente, no simpática, no heroica ni protagonista, sino independiente. Debe tener los recursos, el músculo técnico y la autoridad moral para que el perdedor de hoy, que podría ser el ganador de mañana, se trague su derrota sabiendo que fue en fair play. Eso se llama credibilidad. Y sin ella, el resultado lo estamos viendo con el desastre que ha sido la organización de la elección judicial y recién esta semana con la exoneración (5 años después), de un hermano del expresidente que recibió dinero (aparentemente) ilícito para la campaña.
Segundo: La bolsa. El dinero se ha convertido en el combustible de la política. Si sólo el partido en el gobierno tiene acceso a la llave de la caja pública, la contienda se convierte en un paseo para el poderoso y una carrera de obstáculos para los demás (Venezuela, Cuba…). La reforma debería garantizar un financiamiento equitativo para todos, con reglas de transparencia rigurosas que trituren el ánimo lucrativo de quienes visualizan el erario como la alcancía personal de proyectos mesiánicos. Hoy, vemos como el INE (cooptado), blande sus atribuciones como un arcángel oficinesco, armado con el secreto bancario y fiscal como espada sin filo. Su batalla contra el dinero negro –ese espectro que se pasea en efectivo por los pasillos del poder– es una coreografía que emula a Sísifo. Sus requerimientos a otras autoridades se pierden en el laberinto de la “comedida colaboración”, ese eufemismo glorioso para la desobediencia institucionalizada. Y sobre todo, la reforma electoral, debe entregar herramientas para sancionar a quien use el erario como caja chica de campaña (otro arranque de ingenuidad). Un único sistema nacional de fiscalización, un solo puño donde hoy proliferan los dedos sueltos.
Tercero: El megáfono. En una cancha nivelada, todos deben ser escuchados por igual. El acceso a los tiempos en radio y televisión debe ser equitativo. No se puede permitir que la voz del gobierno ahogue las propuestas de los rivales. Son reglas parejas, de sentido común.
Dicho esto, la reforma que se cuece por los pasadizos del oficialismo parece apuntar en dos direcciones: una política y otra administrativa.
La política es la más espinosa. Entre otros temas se dice que buscará recortar el poder de las cúpulas partidistas y de los partidos satélites, esos que han funcionado como apéndices de conveniencia. Suena bien. El diablo, como siempre, estará en los detalles de esa “reconfiguración de fuerzas”.
En lo administrativo, vuelve a la carga la idea del ahorro. Centralizar. Se perfila convertir al INE en la autoridad única, desaparecer los organismos electorales locales por su inoperancia (habría que preguntarse la razón de que pocos consejeros del IEEG hayan salido a defender públicamente sus méritos para prevalecer, ni siquiera en reuniones ad oc). Reducir consejeros del órgano nacional, recortar sus salarios, sustituir la credencial de elector por la CURP biométrica.
Aquí, el debate es de eficiencia versus representatividad. Un sistema demasiado centralizado puede ahorrar pesos, pero costarnos democracia.
Una de las ideas más curiosas es la de elegir a los nuevos consejeros por sorteo (ya no por la votación del pueblo), entre aspirantes preseleccionados por expertos. Es una fórmula para evitar la captura partidista. No obstante, los resultados que arrojó el último experimento en 2023, ha dejado un sabor amargo.
El golpe más fuerte viene con el tijeretazo al financiamiento de los partidos. Un recorte severo, que afectaría a todos, pero que será una estocada mortal para los partidos medianos.
Un tema que se mantiene fuera del foco es el de las candidaturas ciudadanas que nació con amplias expectativas y que la realidad ha puesto en su lugar como prácticamente inviable con la normatividad actual.
Permítame cerrar esta parte con una inquietud cándida: ¿Las reglas nuevas le darán a cualquier ciudadano, con ideas distintas a las del oficialismo, la confianza para organizarse, financiarse limpiamente, darse a conocer y, si convence a la mayoría, ganar el poder?
Mientras tanto en Guanajuato… Como una zancadilla por la espalda, la prudencia, tan escasa en la Junta Local Ejecutiva, descendió majestuosa sobre esta, encarnada en la sugerencia quirúrgica de la Secretaría Ejecutiva del INE Claudia Arlett Espino: silencio ante la tormenta de la reforma electoral, no por cobardía, sino para evitar que el vendaval mediático les arrebate hasta las vacaciones. Pero cuando al mutismo se suma el murmullo —ese que viaja veloz desde la CDMX y habla de reubicaciones—, el aire se enrarece. Porque en el atlas de instituciones y poder, cuando el rumor se vuelve protagonista, algo se descompone. Y sí, algo huele mal… incluso antes de llegar a Dinamarca.
