Ethos Político. San Miguel de Allende, las cuentas claras y el chocolate espeso

En política, los resultados hablan más fuerte que cualquier discurso, y hoy en San Miguel de Allende hay motivos de sobra para que en el gobierno municipal reine la satisfacción y la tranquilidad. La ASEG notificó que la administración encabezada por el alcalde Mauricio Trejo Pureco ha cerrado la revisión fiscal correspondiente al ejercicio 2024 con saldo limpio, sin observaciones con impacto económico y con todas las aclaraciones solventadas.

Opinión13 de octubre de 2025Héctor Andrade ChacónHéctor Andrade Chacón
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San Miguel de Allende, las cuentas claras y el chocolate espeso

En política, los resultados hablan más fuerte que cualquier discurso, y hoy en San Miguel de Allende hay motivos de sobra para que en el gobierno municipal reine la satisfacción y la tranquilidad. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) notificó oficialmente que la administración encabezada por el alcalde Mauricio Trejo Pureco ha cerrado la revisión fiscal correspondiente al ejercicio 2024 con saldo limpio, sin observaciones con impacto económico y con todas las aclaraciones solventadas.

Dicho en buen español: no hay un solo peso observado. Y eso, en tiempos donde la transparencia suele ser la piedra en el zapato de muchos gobiernos, no es poca cosa.

La ASEG emitió en su momento 22 observaciones a la cuenta pública municipal, de las cuales cuatro implicaban una cuantificación económica cercana a los 3.6 millones de pesos, relacionadas con apoyos a beneficiarios, contratos de servicios musicales y ejecución de obras. Pero el gobierno de San Miguel respondió en tiempo y forma, presentó la documentación correspondiente y solventó cada una de ellas. Al final, el órgano fiscalizador concluyó que no existe daño ni afectación al erario público, y que las observaciones restantes —de carácter administrativo— también fueron atendidas sin necesidad de mayores acciones.

Mauricio Trejo

El resultado se traduce en una gestión pública sólida y transparente, que da sustento a lo que el propio alcalde Mauricio Trejo afirmó apenas el pasado 30 de septiembre, durante su informe de gobierno: que su administración se distingue por la plena rendición de cuentas y la transparencia como ejes de trabajo.

Pero el presidente municipal no se ha conformado con el reconocimiento técnico. Lejos de dormirse en sus laureles, ha encendido —como suele decirse— toda la leña al fuego. En estos días, Trejo Pureco ha arrancado una intensa agenda de entrega de obras públicas, con el compromiso de entregar una obra diaria durante cuatro semanas consecutivas. La primera de ellas fue la puesta en marcha de un pozo de agua potable en la comunidad de Los González, que beneficiará también a varias localidades aledañas. Agua para las familias, resultados para el municipio.

No es casualidad que el nombre de Mauricio Trejo suene cada vez con más fuerza en los círculos políticos del estado. Su estilo, directo y pragmático, le ha permitido superar con creces las críticas de sus opositores y consolidarse como uno de los alcaldes mejor evaluados de Guanajuato. Y tampoco es gratuito que la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo lo considere —como ella misma ha dicho recientemente— uno de sus “ahijados políticos” más confiables.

La buena relación entre ambos se refleja en hechos y no en discursos: obras que llegan a las comunidades, finanzas municipales en orden, y un gobierno que, al cierre de cada revisión, deja constancia de que en San Miguel de Allende se trabaja con la gente y para la gente.

Por ahora, mientras muchos municipios aún navegan entre aclaraciones, observaciones o rezagos administrativos, San Miguel de Allende puede presumir cuentas claras y resultados firmes. Y en tiempos donde la confianza ciudadana es escasa, eso vale oro político.

Temas sensibles

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado ha decidido poner el dedo en la llaga frente a una de las crisis más dolorosas que atraviesa Guanajuato: la desaparición de personas.

El tema es harto sensible y lo manda por delante en este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 66a. Legislatura. En la chistera también traen la reforma electoral, como anunció en rueda de prensa la diputada Ruth Tiscareño Agoitia, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, y dirigente tricolor estatal, que ya abriò con llamado a las fuerzas políticas para consultas en lo estatal; mientras que la diputada Rocío Cervantes empujará con su agenda para el campo. Pero como se ha dicho, lo primero es lo primero, y es atender la crisis de inseguridad y desaparecidos.

Por ello, de forma previa el coordinador del GPPRI, Alejandro Arias Ávila, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado, una propuesta que busca no sólo armonizar la norma local con la Ley General en la materia, sino fortalecer los mecanismos de denuncia, investigación y protección a las familias de las víctimas.

Diputados

Consciente de la gravedad de la crisis —donde intervienen factores del crimen organizado, desapariciones forzadas y, lamentablemente, casos con participación o colusión de servidores públicos—, Arias Ávila hizo un llamado a las y los integrantes de la LXVI Legislatura para sumar visiones y experiencias, de modo que el Congreso pueda responder con una ley “a la altura de los estándares internacionales, que garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral”.

La propuesta priista no es menor. Entre los puntos más relevantes destaca la creación de una Plataforma Única de Identidad, que permitiría interconectar bases de datos y sistemas de información de distintas instituciones para hacer más ágil el cruce de información y la localización de personas. Asimismo, contempla la modernización del Registro Estatal de Datos Forenses, el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, y la creación de unidades de investigación cibernética y de búsqueda inmediata, además de nuevas herramientas para la atención a víctimas y el debido proceso.

Otro de los aciertos del proyecto es la propuesta de ampliar el glosario legal y precisar definiciones clave que hoy generan ambigüedades en la aplicación de la ley. Este ajuste técnico puede parecer menor, pero en la práctica evita interpretaciones erróneas y da certeza tanto a las autoridades como a las familias que exigen respuestas.

Arias Ávila fue claro: “Si logramos aprobar esta reforma con la contribución de todas y todos, estaremos un paso más cerca de acercar a miles de familias a su derecho a la justicia”.

En este contexto, se avecina el cambio de titular en la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en Guanajuato, que dejará Sergio Jaime Rochín del Rincón, por término de su periodo legal al frente de la instancia. A Rochin ya le urgía abandonar el puesto, donde no era bien querido por algunas organizaciones como madres buscadoras de personas desaparecidas, por sus formas para atender los problemas. Se recuerda que, con el deseo de dejar esa responsabilidad, buscó ser titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a inicios del 2025, donde tampoco tuvo la confianza de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ni de los congresistas.

Diputados

Se informa que ya hay cuatro personas con deseos de sucederlo: Lucía Berenice Acosta Gómez, Germán Estrada Laredo, Francisco Javier Juárez León y Efraín Alcalá Chávez, los cuales deben pasar primero por el filtro del Gobierno del Estado, pues la gobernadora García Muñoz Ledo deberá integrar una terna, es decir, deberá eliminar de la lista a uno de ellos, para presentar su propuesta al Congreso del Estado.

Dicen en el medio de los derechos humanos, que Efraín Alcalá no es mal visto entre los grupos parlamentarios, sobre todo por su paso en la Procuraduría de los Derechos Humanos, a cuya titularidad también ha aspirado en el pasado. En el caso de Francisco Javier Juárez León, quien estuvo a cargo de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, se cree que terminaría siendo la continuidad del estilo del ejercicio de Jaime Rochín; mientras que Laura Berenice Acosta, quien tiene trayectoria en la Fiscalía General del Estado donde estuvo precisamente atendiendo como fiscal especializada el tema de desapariciones, sin embargo, se observa que está barnizada con la praxis de esta institución que no ha sido muy generosa, que digamos, con las personas afectadas directa o indirectamente por la criminalidad, sobre todo los desaparecidos, primordialmente en la era de Carlos Zamarripa. Germán Estrada Laredo, por su parte, viene de la academia, pero sin el bagaje de los primeros.

Los temas son sensibles y no deben estar fuera de foco.

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