El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, emitirá una propuesta al pleno de la SCJN para invalidar la segunda parte del Plan B que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscó implementar en materia electoral. El motivo serían violaciones al proceso legislativo para su aprobación.
De acuerdo con la argumentación del integrante de la SCJN, el decreto publicado el pasado 2 de marzo de 2023, mismo que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), puede ser catalogado como inconstitucional debido a que durante el proceso de su aprobación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores, hubo inconsistencias de gravedad.
“Se dieron violaciones graves al procedimiento legislativo que tienen potencial invalidante respecto de la totalidad del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”, se lee en el proyecto difundido en la página oficial de la SCJN.
Entre las inconsistencias supuestamente halladas se encontraron irregularidades que pudieron haber impedido el debate democrático, así como vulnerar prohibiciones absolutas.
De igual forma, otro de los argumentos indicó que la versión publicada en la Gaceta Parlamentaria correspondió a una diferente a la que se discutió en el pleno de la Cámara de Diputados. En ese caso, la irregularidad se encontró en la omisión de los diputados para notificar que dicho documento contó con modificaciones.
“La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores”, se lee en el proyecto.
Otra de las razones por las que se busca invalidar la validez del decreto consiste en que la Cámara de Diputados jamás logró exponer las razones suficientes para justificar el trámite urgente de las iniciativas mencionadas. Como resultado, las y los legisladores pudieron no haber tenido tiempo de analizar las propuestas toda vez que no se distribuyeron en el tiempo indicado por el reglamento de la Cámara.
En ese sentido, el decreto cuenta con elementos “suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido”, se lee en el proyecto.
“El proyecto concluye que todas estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado”.
Para que la iniciativa presentada ante el pleno por el ministro Javier Laynez Potisek sea procedente, deberá contar con el voto a favor de ocho de los 10 integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Solo de esa forma será efectiva la invalidación de la segunda parte de las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La segunda parte del proyecto en materia electoral, conocido como Plan B, contempla cambios en la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la reducción de los salarios de los consejeros, la eliminación de los fideicomisos y la destitución del secretario ejecutivo del consejero presidente en turno, cargo que llegó a ocupar Edmundo Jacobo Molina durante la administración de Lorenzo Córdova Vianello.
