El gobierno del estado de Guanajuato informó que ha ofrecido apoyo para retornar a sus comunidades de origen a los más de 600 jornaleros agrícolas, en su mayoría indígenas, que fueron rescatados de un rancho en Dolores Hidalgo por presunta explotación laboral. Sin embargo, la mayor parte de ellos rechazó la ayuda con el argumento de que en sus estados no hay fuentes de ingreso suficientes para sobrevivir.
“Se les está ofreciendo a quien se quiera regresar a sus lugares de origen, pero la gente no se quiere regresar, la gente quiere seguir trabajando. Ellos comentan que en sus lugares de origen no hay trabajo y no tendrían dinero para comer”, declaró el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
El operativo fue realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado viernes, tras una denuncia presentada por la Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Trabajo de Guanajuato. Durante la intervención se rescataron 642 personas, de las cuales 458 son adultos, 184 niños y niñas, y al menos 30 adolescentes abandonaron el lugar antes de que llegaran las autoridades.
De acuerdo con la FGE, los jornaleros fueron hallados en condiciones que podrían configurar el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, con indicios de hacinamiento, violaciones a derechos humanos y condiciones insalubres.
Las autoridades detallaron que los trabajadores provenían de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, y se encontraban laborando en campos de cultivo bajo condiciones precarias. La Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas ha intervenido en el caso para brindar atención culturalmente adecuada, ya que algunas personas rescatadas no hablan español.
“Me dicen que algunas personas no hablan castellano, entonces [hay que] buscar la manera de seguirles dando acompañamiento y tutelarles sus derechos”, dijo Jiménez Lona.
A pesar de la gravedad del caso, hasta ahora no se han emitido órdenes de aprehensión por el delito de trata de personas. Solo hay una persona detenida, y es por delitos relacionados con la posesión de narcóticos.
“Hay una investigación en proceso y hay que esperar el resultado de la investigación”, agregó el funcionario estatal. También indicó que los propietarios del rancho no se encontraban presentes durante la intervención, pero esto no los exime de responsabilidad penal.
De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el delito de explotación laboral se castiga con penas de tres a diez años de prisión, que pueden aumentar hasta doce si las víctimas son personas indígenas o afromexicanas. La ley define esta práctica como el beneficio injustificable y directo mediante el trabajo ajeno, en condiciones peligrosas, con jornadas excesivas o sueldos inferiores a los establecidos legalmente.
Jiménez Lona aseguró que, a diferencia de otras entidades donde también se presentan casos similares, en Guanajuato el gobierno está actuando con firmeza. “Estamos atendiendo el problema y estamos procurando y trabajando para que esto no se dé en nuestro estado”, subrayó.
Según el funcionario, los jornaleros forman parte de una población flotante que se desplaza por el país de manera estacional, trabajando en plantaciones de San Luis Potosí, Sinaloa y Baja California.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que han instado a las autoridades a garantizar que las investigaciones se realicen con perspectiva de derechos humanos, y que se brinde apoyo integral a las víctimas.
Por ahora, el rancho permanece bajo custodia de los encargados, en calidad de depositarios, mientras continúa la investigación por parte de la Fiscalía Estatal.
