Sheinbaum ha tratado políticamente el caso de los colaboradores de Brugada como si se tratara de un asunto del ámbito federal. Sin embargo, los delitos no cambian de jurisdicción por decreto presidencial.
Opinión23 de junio de 2025 Raymundo Riva Palacio
Un asesinato ha mostrado el conflicto que existe entre las dos mujeres que, en el papel, son las más poderosas de México: la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Aunque ambas crecieron bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador, la lucha por el poder en la capital federal en 2024 las separó no sólo a ellas, sino a Sheinbaum con el ala más radical del obradorismo. Aunque ese creciente choque se ha podido ocultar, el crimen de los colaboradores más cercanos al corazón de Brugada ha mostrado las contradicciones en el núcleo duro de Morena.
El gobierno federal buscó apropiarse inmediatamente de la narrativa y la investigación del crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz –secretaria particular y coordinador de asesores de Brugada– hace poco más de un mes, cuando Sheinbaum y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, irrumpieron en un delito del fuero común.
La Fiscalía General no atrajo el caso, pero coadyuvó en la investigación, que sin salirse del fuero común, Sheinbaum lo ha tratado políticamente como si perteneciera al ámbito federal. Sin embargo, los delitos no cambian de jurisdicción por decreto presidencial.
Extralimitándose en sus atribuciones legales, García Harfuch ha querido liderar del caso. El 10 de junio declaró que las autoridades de la Ciudad de México habían acordado con las federales que la investigación se mantendría en secrecía por ser un caso “delicado”, asegurando, como es la retórica propagandística de las autoridades, que se investigaría a fondo hasta resolverlo.
Sheinbaum, como siempre, lo apoyó, aunque no existe fundamento legal para erigirse como voceros y menos dar línea de lo que se debe hacer y no hacer en la investigación.
La semana pasada vino la respuesta de la Ciudad de México. La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde, habló de la investigación sin entrar en detalles particulares que pudieran alterar el debido proceso, pero lo que informó fue sustancioso. Entre las líneas de investigación, dijo, estaba la posible participación del crimen organizado en el doble homicidio. “Estamos investigando el entorno profesional, el entorno personal, el entorno político… que esto haya sido un mensaje en específico (del crimen organizado)”, dijo en una entrevista de radio. “Hay diversas líneas que estamos agotando”.
Hay una dicotomía en la forma en que el gobierno federal y el de la Ciudad de México están abordando el caso. El federal da la impresión de querer mantener la secrecía de todo; el capitalino está haciendo lo que es usual en este tipo de sucesos, informar sobre las líneas de investigación abiertas. Luján pudo hablar públicamente de ello, pese al interés de García Harfuch de ocultarlo.
El 10 de junio había dicho que la secrecía que planteaba no era algo nuevo, y que cuando eran investigaciones delicadas, prefería guardar la información y continuar trabajando. No fue lo que hizo cuando un comando intentó matarlo en 2020, cuando acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación de la autoría intelectual y material, sin prueba alguna salvo su dicho. Tampoco en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, donde comenzó a informar y mostrar los videos del C5, hasta que López Obrador le ordenó que se callara.
La postura de García Harfuch es la misma que tuvo López Obrador en ese entonces, aunque por razones diferentes. El expresidente no quería que se investigara nada sobre Gómez Leyva, porque su odio hacia él era más fuerte que saber, incluso por una necesidad de Estado, quién lo había mandado matar. Eso sigue siendo un misterio para la opinión pública, aunque meses después, el Centro Nacional de Inteligencia apuntó a un diputado de Morena, con vínculos con La Familia Michoacana, como el autor intelectual del atentado.
García Harfuch le atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación el atentado contra Gómez Leyva, con una premura similar a la que tuvo cuando él mismo sufrió un ataque, y casi un año antes de que los testimonios de los primeros detenidos –por narcomenudeo, no por la agresión al periodista–, cuadraran con las afirmaciones del secretario. No se ha atrevido a acusar a la misma organización criminal –por la que va el gobierno de Sheinbaum como su principal prioridad– como la responsable del asesinato de Guzmán y Muñoz, todavía, quizás porque hacerlo abriría otras cajas de Pandora que tendría que explicar.
La afirmación de Alcalde la semana pasada, brincándose la muralla de silencio que han levantado en Palacio Nacional, es consecuente con lo que afirmó días después del asesinato en una conferencia de prensa junto con el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez, cuando expresaron su creencia de que el atentado había sido resultado del combate contra las organizaciones delictivas en la capital. A diferencia de Luján, Vázquez, que forma parte del equipo de García Harfuch, no ha vuelto a abrir la boca desde entonces.
Alcalde, como Brugada, llegaron a sus cargos por imposición de López Obrador, y quedaron en la trinchera de los incondicionales al presidente emérito, quienes piensan que Sheinbaum ha traicionado al movimiento al estar apostando su fuerza, y el 2030, en García Harfuch. La fractura en esa ala radical del obradorismo se ha venido acrecentando con una lucha directa entre los equipos de la presidenta y la jefa de Gobierno, a quien desprecian y expresan comentarios clasistas y discriminatorios en Palacio Nacional.
El crimen de Guzmán y Muñoz galvanizó este conflicto, que ha asomado con el desprendimiento de Alcalde de las instrucciones públicas que envió García Harfuch al gobierno capitalino. Brugada no descalificó a Alcalde, ni García Harfuch le respondió. La presidenta también hizo mutis. Los fierros con los que están peleando están muy calientes, y el escenario de inseguridad y violencia en la Ciudad de México han hecho que la prudencia y el silencio frente a la rebeldía de la fiscal capitalina ante las imposiciones eviten ampliar el choque en el Zócalo, donde a veces parece que Palacio Nacional y el Palacio del Ayuntamiento no caben en la misma plaza.
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Detrás del dron que sobrevoló en Valle de Bravo estaría una persecución de EU contra cárteles de Michoacán, quienes ahora serían prioridad para Trump.
El riesgo es evidente: que bajo el discurso de "profundizar la democracia" se esconda un intento por modificar las reglas electorales para favorecer al partido en el poder. .
"Nada ha cambiado de fondo en el problema de la violencia e inseguridad en México, salvo que a los cárteles de las drogas ya no se les llama así, sino ‘terroristas’', apunta Raymundo Riva Palacio.
Sheinbaum va perdiendo la batalla, no por falta de recursos, sino porque es parte de su compromiso con López Obrador: cuidar a sus leales y evitar un daño, como lo cree, al movimiento de la ‘cuatroté’.
Las estaciones Bosco y Delta cuentan con módulos para orientar a las personas usuarias sobre rutas, servicios y paraderos. Se rehabilita y da mantenimiento a la infraestructura urbana para crear cruces y espacios más cómodos.
El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, se alojó en la habitación 3205 del hotel The Okura Tokyo, considerado uno de los tres mejores hoteles de Japón. Los comprobantes en poder de este medio revelan que el actual secretario de Organización en Morena no mintió en el precio de la habitación que ocupó durante dos semanas, pero ocultó otros gastos, como una cena de más de 47 mil pesos en uno de los restaurantes del hotel. El costo de esa cena supera la totalidad del salario quincenal que tenían los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023, que era de 43 mil 957 pesos.
Durante el periodo 2022-2024, 239 mil 603 personas accedieron a seguridad social, según la Estimación de la Pobreza Multidimensional 2024, elaborada con la metodología oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Una legislación que pretende imponer una concepción moral sobre la sociedad no solo se equivoca, sino que discrimina: Ruth Tiscareño. “Tristemente creo que respecto al matrimonio igualitario en Guanajuato, tenemos que estar regateando el derecho: Silverio Ramírez. Se pretende cambiar la palabra matrimonio por darle gusto a los sectores religiosos: Ricardo Gallardo.
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