El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 179 impugnaciones contra la elección judicial, la más reciente fue interpuesta este jueves por grupos de abogados que piden anular los comicios por violación a principios constitucionales.
Los medios de impugnación son básicamente promovidos por candidatos pero también a través de ciudadanos en contra de los resultados de los cómputos distritales, o en el caso más reciente, contra toda la elección.
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no validar lo ocurrido en 818 casillas, equivalentes al .97 por ciento del total de casillas instaladas el 1 de junio, y donde se registraron en conjunto 3.7 millones de votos, aunque antes de conocerse esta cifra el órgano había documentado posibles fallas en apenas 37.
El número final que el INE decidió no incluir en la sumatoria tendrá que ser documentado, sobre todo a partir de elementos que avalen ante la Sala Superior del TEPJF las razones por las cuales se decidió invalidar los sufragios de 818 mesas.
Hasta ayer, el INE solo había concluido lo correspondiente a cuatro de las seis elecciones realizadas; falta todavía declarar la elegibilidad de los candidatos ganadores de las contiendas de magistrados de circuito y jueces de distrito, las más numerosas.
Originalmente se tenía calculado que esto quedaría resuelto esta semana, para entregar las constancias de mayoría el lunes próximo, pero todo el proceso se encuentra en pausa debido a una nueva revisión de todos los expedientes.
Por lo pronto, este jueves acudieron a la oficialía de partes del INE representantes de las organizaciones denominadas Poder Ciudadano, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Projuc, Defensorxs, Práctica Laboratorio para la Democracia, y Laboratorio Electoral.
Afirman que en la elección judicial no se respetaron los principios electorales y no hubo reglas claras desde los procesos de evaluación de aspirantes; asimismo, los inconformes alegan que no hubo condiciones de equidad, lo mismo de las condiciones de gasto de campaña.
Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, dijo que impugnaron las elecciones de ministros; Tribunal de Disciplina Judicial, y lo relativo a la Sala Superior del TEPJF.
“Las razones son muy claras: este proceso electoral está plagado de vicios e irregularidades (…)”, dijo.
Entre los argumentos destaca el hecho de que los funcionarios de casilla no contaron los votos (sino solo el personal del INE en los consejos distritales), pero sobre todo hubo “inducción del voto, acarreo, embarazo de urnas, uso de recursos públicos, intromisión gubernamental, injerencia de partidos y de actores políticos que debieron quedarse a un lado”.
Aseveró que la elección fue irregular y prueba de ello es que cinco consejeros votaron en contra de declarar la validez debido a las malas prácticas.
“Exigimos al TEPJF, que tiene la obligación de limpiar las elecciones, (haga valer) nuestro derecho como ciudadanos de gozar de elecciones libres, limpias y apegadas a derecho. Es necesario que se identifique a los responsables de violar la ley y se apliquen las sanciones correspondientes. La autoridad electoral no debe ser cómplice de estos actos”, dijo.
