Estrictamente Personal. La farsa: Segundo acto

Ya salió la segunda parte de la charada judicial. Con 80% de las actas computadas, un ejercicio meramente de trámite en el Instituto Nacional Electoral, cuatro de los cinco aspirantes al nuevo Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, cuyos nombres circularon profusamente en los acordeones que distribuyó el gobierno y Morena para inducir el voto, son quienes más respaldo tuvieron en las urnas. Con esto se amarran las pinzas del Poder Judicial: La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal de Disciplina, que jugará las veces de comisario político, quedarán en manos del régimen, aunque el jefe de prácticamente todos los juzgadores que quedaron en esos cuerpos será Andrés Manuel López Obrador.

Ni la Suprema Corte ni el Tribunal de Disciplina se integraron sobre la base de méritos, más allá de que varios y varias de sus integrantes tengan buenas calificaciones, como se puede apreciar en los cómputos distritales, donde ningún contendiente que saliera del Poder Judicial actual quedó cerca de los elegidos por los liderazgos del nuevo sistema político, subordinados al expresidente, que dejó algunos pequeños espacios libres para que las demás fuerzas de Morena –que no es un movimiento hegemónico, sino con cabeza de Medusa– se repartieran posiciones.

El Tribunal de Disciplina ratificó el poder de López Obrador. Celia Maya, que fue dos veces candidata al gobierno de Querétaro y dos veces nominada por López Obrador a la Suprema Corte –lo que subraya su apoyo a ella–, se perfila para encabezar el Tribunal de Disciplina al tener el mayor número de votos. Atrás de Maya están Bernardo Bátiz, incondicional hasta la ignominia del expresidente, de quien fue procurador cuando gobernaba la Ciudad de México, y Eva Verónica de Gyvés, a quien también impulsó López Obrador para la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República.

De Gyvés es esposa del poderoso presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, que tiene una casi inmejorable relación con Yasmín Esquivel, que repetirá como ministra en la Suprema Corte, y que junto con Lenia Batres, Loretta Ortiz, María Estela Ríos y Hugo Aguilar, quien será el nuevo presidente del máximo órgano constitucional, deben a López Obrador esa nueva fase de su vida.

Maya, Bátiz y De Gyvés pasarán al Tribunal de Disciplina directamente del órgano al que sustituirá, el Consejo de la Judicatura, al que llegaron por el dedo de López Obrador. De los dos restantes miembros que integrarán el Tribunal de Disciplina, hay uno totalmente pro-régimen, Rufino León, quien trabajó en los gobiernos de la Ciudad de México bajo Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, muy cercano al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mientras que Indira García, que llegará tras una larga carrera administrativa y judicial en Colima, parece ser la única no morenista de la lista.

El Tribunal de Disciplina es un órgano fundamental por ser el que vigilará y garantizará que jueces y magistrados “actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley”, pero su independencia técnica y de gestión, a lo cual legalmente estaría obligado, no se va a dar. No se requiere adivinar el futuro, sino recordar el pasado.

Maya, Bátiz y De Gyvés aportaron tres de los cuatro votos para que en diciembre pasado se cerrara la investigación en el Consejo de la Judicatura contra el exministro Arturo Zaldívar, redactor de la reforma judicial que deseaba López Obrador, por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial mediante presiones, amenazas y represalias contra jueces y magistrados, “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, de acuerdo con una denuncia anónima de 32 páginas.

La instrucción era proteger a Zaldívar y así lo hicieron. El exministro había sido un instrumento estratégico de López Obrador para acosar y perseguir a jueces y magistrados que emitieran resoluciones en contra de sus megaobras, sin importar las múltiples violaciones a la ley que cometiera. Si eso se hizo cuando el Poder Judicial no estaba entregado a él y existían contrapesos, lo que sucederá a partir del 1 de septiembre no necesitará negociación ni presión del régimen; será una instrucción que se acatará.

El Poder Judicial que conocemos está en la fase final de extinción. El nuevo no resolverá las injusticias actuales ni construirá una ley igualitaria, porque la premisa bajo la cual funcionará en las áreas estratégicas para la consolidación del régimen, es la subordinación. De su colonización por parte del gobierno y los polos de poder del régimen, ha surgido la crítica y preocupación del aniquilamiento del Estado de derecho al que conduce el camino de la incertidumbre jurídica, que pone en riesgo no sólo las inversiones, sino el sistema de libertades que se irá aniquilando.

No es una percepción doméstica. Así nos están viendo en todos aquellos países donde la democracia sigue siendo el sistema de organización social. Es una bufonada hablar de que nos parecemos a los griegos y su democracia. La elección judicial del domingo tuvo todas las características que, lejos de reflejar a los atenienses de hace unos dos mil 500 años, la actitud del régimen recuerda a los macedonios que los aplastaron junto con su democracia. Basta leer la prensa internacional o ver los noticieros extranjeros para comprobar que aquí pueden engañar y comprar votos y conciencias, pero no pueden timar a todos.

Tampoco se trata en este momento de la regresión al pasado que se consumó, sino de cuáles serán los resultados de lo que viene. Es una mentira cínica hablar de que este nuevo Poder Judicial será más justo, más libre y nos coloca en la cima de las democracias. Este nuevo Poder Judicial llevará a quien tenga un problema legal o quiera invertir, a hablar con quienes sean capaces de garantizar la certidumbre jurídica, como sucede en países de África y Asia, donde cobran los jefes tribales y warlords para que los dejen vivir en paz o trabajar. Aquí tendrán que ir a Palenque, con los nepo babies de Morena, con la presidenta, con los coordinadores parlamentarios de su partido o con los grupos criminales, porque la certidumbre jurídica e institucional, no existirá.