Este jueves, el Congreso del Estado de Guanajuato se enfrenta nuevamente a una decisión histórica y profundamente trascendental: la despenalización del aborto.
Opinión05 de junio de 2025
Héctor Andrade Chacón
Este jueves, el Congreso del Estado de Guanajuato se enfrenta nuevamente a una decisión histórica y profundamente trascendental: la despenalización del aborto. La semana pasada, la votación terminó en un empate 18 a 18, resultado que dejó en suspenso la posibilidad de eliminar del Código Penal estatal las sanciones que criminalizan a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Este debate no debe abordarse desde la óptica exclusiva de creencias religiosas ni de juicios morales particulares. Los legisladores no son ministros de culto ni guardianes de dogmas; son representantes populares que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es precisamente esa carta magna la que reconoce y protege los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, el derecho a decidir.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara y contundente: los congresos locales no tienen facultades para restringir derechos humanos ni para criminalizar a las mujeres en materia de aborto. Al contrario, tienen la obligación de armonizar sus leyes con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Negarse a hacerlo no solo perpetúa una injusticia legal, sino que también representa una violación directa al orden constitucional.
En este escenario, la diputada priista Rocío Cervantes Barba, que llegó por coalición pero por propuesta priista, tiene en sus manos un papel determinante. La semana pasada, su negativa a respaldar la despenalización provocó el empate, frustrando una decisión que podría haber puesto fin a la criminalización de las mujeres en Guanajuato. Este jueves, su voto podría cambiar el rumbo de la historia legislativa del estado y convertirse en un gesto de respeto por los derechos humanos y la justicia constitucional.
Del lado panista, el diputado Jorge Espadas, coordinador de la bancada albiazul, ha defendido el voto en contra bajo el argumento de que están atendiendo a su electorado. Pero los diputados no pueden legislar solo para su base de apoyo. Tienen el deber de representar a la totalidad de la población y, más aún, de respetar la legalidad constitucional. Es contradictorio que el PAN, que tantas veces ha acusado a Morena de violar el orden constitucional desde el Poder Ejecutivo, ahora sea omiso ante su propia responsabilidad de respetarlo desde el Poder Legislativo.
Es decir, cuando les conviene, defienden el marco constitucional con vehemencia; cuando no, lo ignoran con oportunismo. Esta doble moral socava la legitimidad del discurso panista y revela una estrategia más centrada en intereses políticos que en principios jurídicos.
La propia Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado sobre esta votación en las redes sociales (X), al citar "En el contexto de la próxima discusión en @CongresoGto sobre las iniciativas que buscan despenalizar el #aborto, se subraya la relevancia de que #Guanajuato avance hacia un marco normativo que garantice la igualdad y la protección de los #DerechosHumanos de las mujeres", y agrega: "Resulta relevante que la decisión se adopte en concordancia con estándares internacionales, criterios de la @SCJN y los avances legislativos alcanzados en otros estados", dejando, además, un vínculo para que los lectores y los propios legisladores, a quienes convoca en esta publicación, se enteren de dichos criterios en el vínculo: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579
En contraste, siendo su partido el fiel de la balanza, el coordinador del GPPRI, Alejandro Arias, ha intentado preservar la unidad interna de su bancada, respetando la posición de Rocío Cervantes, aunque no la comparta ni él ni la dirigente estatal del PRI, la diputada Ruth Tiscareño. Este equilibrio interno puede entenderse en términos de cohesión partidista, pero no debe convertirse en cómplice de la inercia legislativa que perpetúa la criminalización. En esta votación no se trata el aborto en sí, sino la condicion de que la autoridad estatal tome para sí el derecho de investigar, llevar a juicio y posible encarcelamiento a mujeres que hayan tenido un aborto.
El PAN, no debe olvidarse, sucubió a la tentación de prohibir y con ello criminalizar a las mujeres que abortaran el producto de una violación, en agosto del año 2000, tras de que arrasaron en las elecciones federales con Vicente Fox a la cabeza y en lo estatal, con Juan Carlos Romero Hicks, como candidato a la guberntura. Al caer el PRI en aquel momento y su régimen, pensaron que la gente les había dado un cheque en blanco, que eran el "elefante azul", todo poderoso. No les importó el contexto de los embarazos por violación con tal de imponer su credo moral a los demás. Lo que no esperaban es que los guanajuatenses no estaban dispuestos a aceptar tal forma de política "talibán" y la presión fue tal que el gobernador sustituto de Guanajuato, un hombre muy conservador, pero más sensato que los ultras albiazules, Ramón Martín Huerta, terminó vetando la intentona legislativa de su partido, viendo que no tenía respaldo popular la medida.
Este ejercicio de memoria, sirve para dimensionar que muchas veces los dirigentes partidarios, viven en sus burbujas y creen que sus ideas muy personales sobre la moral y la vida de los demás, debe ajustarse a lo que ellos llevan en sus alforjas. Y con poder, lo creen fundamento de su sociedad y tiempo. El PAN sabe que no vive ya en el año 2000, pero se resiste a entender lo que está en debate esta vez y que tiene en contra a la mayoría de la población, sobre todo los más jóvenes. Muchos de quienes se oponen a esta postura no son abortistas, pero no quieren que las mujeres, después del grave trance que es intrrumpir su embarazo, por la causa que sea, también deban sufrir su criminalización. La prevención, creen, es mejor ruta. El PAN, tiene cuesta arriba la elección del 27 y mucho más la del 30, y con la nueva elección judicial, es muy probable que sus posturas actuales sean borradas pronto desde los tribunales, de persistir la criminalización. En estrategia político-electoral, debieran preguntarse si vale la pena esta batalla, que se les restriega de forma constante, debiera estar por delante en su prospectva política la supervivencia de su marca. Lo entienden, al parecer con el movimiento LGTB+ pero no con la mayoría de la poblacion, que son las mujeres. Si persiste el conservadurismo, Morena sacará mucha raja de esto, al tiempo.
El Congreso de Guanajuato tiene este jueves una segunda oportunidad para colocarse del lado correcto de la historia. La despenalización del aborto no impone decisiones personales a nadie, pero garantiza que ninguna mujer sea encarcelada por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. No se trata de una cuestión de fe, sino de justicia, legalidad y derechos humanos. Jorge Espadas y sus compañeros panistas, deben ver más allá de sus prados, porque puede que pronto ya no sean tan verdes; deben caminar al lado de la sociedad de su tiempo.
Es momento de que las diputadas y los diputados recuerden su juramento constitucional y actúen con la responsabilidad que exige su investidura. Guanajuato no puede seguir legislando con base en dogmas; debe hacerlo con base en la Constitución.
Con la destitución del ahora exdirector jurídico Jorge Valencia Gallo, tras agredir a un comerciante en un mercado público, la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, no solo ha tomado una decisión necesaria, sino también ha enviado un mensaje contundente: en su gobierno no hay espacio para el autoritarismo ni para quienes se sientan privilegiados por su cargo. El servicio público implica vocación, respeto y responsabilidad ante la ciudadanía.
Este gesto no debe pasar desapercibido por el resto de los funcionarios municipales. Hay, como bien sabe la alcaldesa, algunos perfiles desbalagados que no están cumpliendo con la pulcritud administrativa y ética que ella ha prometido imprimir en su administración. Es momento de alinearse o de hacerse a un lado.
Con esta acción firme, Samantha Smith pone orden interno y allana el camino para que el gobierno capitalino se concentre en preparar con calma y dignidad las tradicionales Fiestas de San Juan y Presa de la Olla, sin escándalos que opaquen la celebración de la identidad guanajuatense.
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Quienes contribuyeron a darle la puntilla a Maduro son los mismos miembros del cártel con el que López Obrador fue más tolerante y laxo, a cuyas familias les hizo favores, como a la de ‘El Chapo’ Guzmán.
Ernestina Godoy fue parte esencial del caso que desde la Jefatura de Gobierno de la CDMX se montó en contra de los panistas capitalinos al denominarlos “cártel inmobiliario”.
La propuesta busca fortalecer la convivencia familiar, reactivar los espacios públicos y celebrar las tradiciones que dan identidad a las familias leonesas. Este año, la celebración integra actividades en diversos parques emblemáticos de la ciudad y la tradicional Feria de la Piñata en San Juan de Dios, festejando su segunda edición en 2025.
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