La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “alarmante” la existencia de espacios de entrenamiento y desaparición de personas como el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, “durante tiempo prolongado sin intervención de las autoridades”.
Tras reconocer al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco por localizar restos humanos en el rancho Izaguirre, espacio que se encontraba bajo resguardo estatal desde septiembre de 2024, en un comunicado la CIDH consideró que “tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas -entre otros crímenes- como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana”.
Agregó que “es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de autoridades”.
A 22 días del hallazgo, la CIDH llamó al Estado mexicano “investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación”.
Tras tomar nota de la ejecución de órdenes de aprehensión contra “personas vinculadas estrechamente con el rancho Izaguirre”, el organismo interamericano agregó que “las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido en el lugar”.
Resaltó que “en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones”.
Asimismo, consideró que para la identificación de los restos humanos hallados en el sitio, “es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en la ciencia y evidencia”, mientras que “cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y llegado el momento, la restitución e restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias”.
Sobre el hallazgo de “fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas”, la CIDH recordó que “si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado mexicano de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos”.
El organismo interamericano reconoció el anuncio del Estado mexicano de “brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador “.
Tras valorar las medidas legislativas y administrativas para atender el problema de las desapariciones, anunciadas el pasado 17 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum, la CIDH apuntó que desde hace 25 años ha monitoreado “la situación de desaparición masiva de personas” en el país, por lo que “la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe estar garantizada”.
Al llamar a las autoridades a reconocer públicamente el trabajo de los colectivos de personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, y valorando su trabajo en el Rancho Izaguirre, “evitando su revictimización”, el organismo reiteró su “reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado”.
