Empate en el Congreso de Guanajuato frena despenalización del aborto

En una jornada marcada por intensas manifestaciones a favor y en contra del aborto, el Congreso del Estado de Guanajuato registró un empate en la votación para despenalizar la interrupción del embarazo.

Durante la sesión, la mayoría de los diputados votó en contra de reformar la Constitución local, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Salud. Las iniciativas, presentadas por legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano, fueron rechazadas en comisiones y dictaminadas en sentido negativo para ser archivadas.

La fracción cuarta de la Constitución del Estado —que define como persona a todo ser humano desde la concepción— permanece intacta, gracias al respaldo de legisladores del PAN, legisladoras del PRI, PRD y el propio PVEM.

El debate legislativo se desarrolló en un ambiente tenso, con el recinto dividido entre grupos a favor de la vida y colectivos feministas que exigían el derecho al aborto legal. Afuera del Palacio Legislativo, cientos de manifestantes se congregaron con pancartas y consignas como “¡Sí a la vida!” y “¡Diputado valiente, defiende al inocente!”.

Durante la discusión, la presidenta del Congreso, Miriam Reyes Carmona, pidió en reiteradas ocasiones mantener el orden ante los gritos y pancartas dirigidas a legisladores tanto del PAN como de Morena.

El empate en la votación impidió modificar el artículo 159 del Código Penal de Guanajuato, que establece penas de seis meses a tres años de prisión para las mujeres que aborten, salvo en casos de violación, como lo permite el artículo 163.

El tema será retomado en la siguiente sesión del pleno. En caso de persistir el empate, las iniciativas serán archivadas de forma definitiva.

En defensa de su voto, la diputada priista Rocío Cervantes Barba declaró: “Los derechos de las mujeres no son absolutos ni superiores; estoy a favor de la vida”. Su decisión fue clave para que no prosperara la reforma.

Por su parte, legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano lamentaron el resultado, señalando que mantener la criminalización del aborto vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“No hay una sola mujer encarcelada por abortar en Guanajuato”, aseguró la diputada panista Karol González Márquez, en alusión al cese de judicialización de casos por parte de la Fiscalía desde 2010, cuando fueron liberadas siete mujeres que habían sido condenadas hasta con 25 años de prisión por abortar.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril de 2025 se han integrado ocho carpetas de investigación por aborto en la entidad.

En el mismo periodo, la Secretaría de Salud estatal ha realizado cuatro interrupciones legales del embarazo a víctimas de violación, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-046. Sin embargo, el programa federal “Aborto Seguro” ha dejado de aplicarse en Guanajuato.

El Congreso también rechazó una iniciativa que proponía garantizar el acceso seguro y gratuito al aborto a través del sistema de salud público, así como otra que buscaba reconocer la autonomía reproductiva de las mujeres en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

Durante el debate, el exgobernador y actual diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que la vida es el bien jurídico mayor y que debe ser protegido desde la concepción. Por el contrario, la legisladora morenista María Eugenia García Oliveros consideró que el aborto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, y que criminalizar a las mujeres es una forma de violencia institucional.

El líder del PAN en el Congreso, Aldo Márquez Becerra, reafirmó la postura de su partido: “Seguiremos siendo la voz de quienes aún no tienen voz, defendiendo la vida desde la concepción”.

Por su parte, Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, lamentó que “Guanajuato pierda la oportunidad de ser un estado que garantice los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.

El tema sigue dividiendo posturas dentro y fuera del Congreso, y se mantiene como uno de los más polémicos en la agenda legislativa de Guanajuato.